La Fiscalía contempla endurecer su acusación contra la cúpula de Bankia
La fiscal ha anunciado que estudia acusar por un segundo delito, la falsedad contable, que aumentaría la petición de pena de cárcel a Rodrigo Rato y el resto de procesados en el juicio
![Elena G. Sevillano](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1a5770f7-4134-48f1-b2cc-10fff65197fb.png?auth=7f5bb5835fe8f55cc4459272a50e4f0242d193b87e1b4689846fabb531b06ecc&width=100&height=100&smart=true)
El juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional con una sorpresa por parte de la Fiscalía, que ha anunciado que podría ampliar su acusación al delito de falsedad contable. La fiscal Carmen Launa Oriol, que sustituye a Alejandro Luzón al frente de este caso, ha asegurado durante la primera jornada del juicio, que se está celebrando en San Fernando de Henares, que podría modificar su acusación definitiva --que se conocerá al final del juicio-- para incluir este nuevo delito.
Este anuncio es relevante puesto que hasta ahora la Fiscalía acusa solo a cuatro de los 34 procesados en la causa por otro delito, el 282 bis del Código Penal, de fraude, por falsear la información con la que salió a Bolsa Bankia y pide penas de prisión para ellos de entre dos años y siete meses y cinco años. El anterior fiscal anticorrupción encargado de la instrucción consideró que Rodrigo Rato y otros tres administradores de Bankia (el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) ocultaron conscientemente el estado en el que se encontraba la entidad, lo que posteriormente causó un grave perjuicio a los inversores.
La fiscal Launa ha señalado durante las cuestiones previas que la situación ha cambiado respecto al momento en el que Fiscalía presentó sus conclusiones finales, en junio de 2017. Entonces se consideraba que la mera formulación de las cuentas de Bankia y BFA no alcanzaba la entidad suficiente para constituir un delito de falsedad contable, ha asegurado, y ha añadido que esta consideración ha cambiado después de dos sentencias del Tribunal Supremo posteriores, que consolidan doctrina y según las cuales la formulación de cuentas sí es suficiente para imputar ese delito. La nueva imputación afectaría a las personas contra las que el auto de transformación del juez instructor dirigió esta responsabilidad, ha añadido.
Launa ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que se "ocultó el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores". El escrito de calificación de la Fiscalía es provisional y podrá ser modificado al final del juicio, tras los interrogatorios y la práctica de pruebas.
El delito de falsedad contable castiga a los administradores de una sociedad que falsean las cuentas anuales para causar un perjuicio económico “a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero” y está castigado con una pena de prisión de uno a tres años. Este delito (290 del Código Penal) sí lo imputan las acusaciones populares y las particulares.
En el escrito de acusación, Luzón aseguraba que los cuatro procesados querían obtener "a toda costa los fondos necesarios" para salir a Bolsa y que ocultaron la verdadera situación de la entidad de manera "consciente". Bankia, formada por la integración de Caja Madrid, la valenciana Bancaja y cinco cajas de ahorros, acabó necesitando un rescate de 22.424 millones de dinero público.
La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes y durante varios meses, previsiblemente hasta el verano próximo, a 34 procesados, entre ellos tres personas jurídicas, Bankia, BFA y la consultora Deloitte. Seis de los acusados han llegado a las instalaciones que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para los juicios multitudinarios en furgones policiales desde la cárcel. Se trata de Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jorge Gómez, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga, que ya cumplen condena por gastar dinero público con las tarjetas black siendo consejeros de Bankia.
Además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado (en representación del FROB), hay dos acusaciones populares (CIC y CGT) y 15 acusaciones particulares que representan a centenares de perjudicados. En total, intervienen más de 50 abogados.
Rato alega que compró 250.000 euros en acciones
El juicio se ha iniciado pasadas las 11 de la mañana con la intervención de la fiscal y de las acusaciones particulares, que después han dado paso a las defensas. Ignacio Ayala, el abogado del principal acusado, Rodrigo Rato, ha solicitado al tribunal aportar al procedimiento distintos documentos, como los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia, por valor de 250.000 euros, cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, para así demostrar que confiaba en la operación bursatil.
El abogado del consejero de Bankia José Luis Olivas también ha manifestado que su cliente compró acciones por valor de 150.000 euros. Otros letrados también han aprovechado las cuestiones previas para asegurar que sus defendidos confiaban en la salida a Bolsa de la entidad y que de lo contrario no habrían suscrito ellos mismos participaciones de la entidad.
Tanto Ayala como el resto de abogados defensores están solicitando la dispensa para sus representados de acudir a todas las jornadas del juicio. La mayoría están invocando también la llamada doctrina Botín —la jurisprudencia del Tribunal Supremo del año 2007 que impide juzgar a alguien cuando no acusa la Fiscalía o no hay acusaciones particulares— para expulsar así a las acusaciones populares. Para ello están afirmando que las particulares no tienen legitimación. Una de las acusaciones populares, 15MpaRato, organizó un crowdfunding para poder continuar en el proceso con el que obtuvo casi 25.000 euros.
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