Así es la ‘tasa Google’ que ha diseñado Reino Unido para proteger a las empresas medianas
Se aplicará a partir de marzo de 2020 y será revisada si hay acuerdo internacional
La necesidad de dar un golpe de efecto político para convencer a la opinión pública de que hay vida más allá del Brexit ha convencido finalmente al ministro de Economía de Reino Unido para tirar adelante con la tasa Google, y como España, lo hace sin esperar a que concluyan las negociaciones en la OCDE o en la Unión Europea. "Un nuevo acuerdo global es la mejor solución a largo plazo, pero el progreso alcanzado hasta ahora es desesperantemente lento. Simplemente, no podemos seguir hablando eternamente", anunció el ministro de Economía, Philip Hammond, el pasado 29 de octubre en el Parlamento británico. La nueva tasa digital, sin embargo, llega repleta de reservas y precauciones. No se aplicará hasta marzo de 2020, contempla la posibilidad de ser revocada si se crea finalmente un gravamen internacional y protege a los consumidores, startups y empresas medianas de beneficios reducidos. Es una tasa diseñada a medida para los gigantes tecnológicos: Google, Facebook, Amazon o eBay.
La llamada Tasa de Servicios Digitales (DST, en sus siglas en inglés) será de un 2%, y se impondrá sobre aquellos "modelos empresariales digitales cuyos ingresos estén vinculados a la participación de usuarios de Reino Unido", según los documentos hechos público por el Gobierno británico. Sus principales objetivos son los motores de búsqueda, las plataformas de redes sociales y los sitios de venta online, los que "extraen un valor relevante derivado de la participación de los usuarios".
El modelo propuesto por Hammond hace especial hincapié en señalar que no se trata de gravar las ventas online, que puede acabar repercutiendo sobre el consumidor, ni de una tasa generalizada sobre la publicidad online o la recopilación de datos. Solo deberán pagarla aquellas empresas que hacen las veces de intermediarias en esas ventas, y solo en la medida en que esa es fundamentalmente la base de su negocio, bien como motores de búsqueda, como plataformas sociales o como mercados de venta.
El documento base pone ejemplos concretos:
Redes sociales
"Si una plataforma de redes sociales genera ingresos al destinar anuncios a usuarios de Reino Unido, se aplicará una tasa del 2% a sus ingresos".
Mercados Online
"Si un sitio de intercambio obtiene una comisión al facilitar una transacción entre usuarios de Reino Unido, se aplicará la tasa del 2% sobre esos ingresos".
Motores de búsqueda
"Si un navegador obtiene ingresos al desplegar publicidad vinculada a los términos de búsqueda tecleados por los usuarios de Reino Unido, el Gobierno aplicará la tasa del 2% sobre esos ingresos".
En cualquier caso, el Ejecutivo de May, que prevé recaudar unos 1.700 millones de euros en cuatro años a partir de marzo de 2020, advierte de que la tasa "tiene unos objetivos muy restringidos, proporcionados y finalmente, temporales, a la espera de que se alcance una solución internacional definitiva". Irá destinada a aquellas empresas que generen unos ingresos globales mínimos de 570 millones de euros, y los primeros 28 millones de euros quedarán exentos, con lo que no debería afectar a las startups o empresas tecnológicas de pequeña dimensión. Proporciona además lo que llama un safe harbour (puerto seguro), es decir, permite a las empresas elegir entre una doble alternativa. Aquellas que tengan pérdidas, de acuerdo con los cálculos del modelo, no deberán pagar la tasa. Si sus beneficios son muy reducidos, pagarán un porcentaje menor.
El Gobierno británico señala expresamente quiénes quedan exentos de la nueva tasa: "Los servicios de pago y financiación, la provisión de contenidos online, la venta de software o hardware o los servicios online de televisión o video no entran dentro de los objetivos de la DST", especifica el documento.
El texto legal vendrá acompañado de una "cláusula de revisión" según la cual la tasa será sometida a una revisión formal en 2025, a la espera de resultados en las negociaciones en el seno de la OCDE. Si el acuerdo llegara antes, el Gobierno británico se compromete a revocar unilateralmente su gravamen. De momento, la tasa global no tiene visos de salir adelante y a nivel europeo, ha sido bloqueada por Irlanda y los países nórdicos. España, también de forma unilateral, ha preparado la suya, también con una lista de excepciones (operadores tradicionales de comercio, televisión online...) al estilo de la británica.
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