El Gobierno estudia ajustes en la Ley Hipotecaria para que el banco cargue con más gastos

El Gobierno no quiso este martes opinar sobre la muy polémica decisión del Tribunal Supremo, que volvió al punto de partida al considerar que son los clientes de la banca los que deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), en lugar de la entidad que les concedió la hipoteca. Pero fuentes de Moncloa aseguran que el Ejecutivo a partir de ahora va a “analizar y estudiar el impacto de la sentencia”. Y que el Consejo de Ministros del jueves fijará una posición.

La solución que baraja el Gobierno puede ir en la dirección de obligar a la banca a que cargue con el impuesto de AJD, liberando a los clientes. Pero este cambio solo afectaría a las hipotecas que se firmen a partir de ahora, y no a las ya existentes. El cambio en la normativa no sería complicado, dado que precisamente esa ley está en tramitación parlamentaria porque Bruselas exigía que se traspusieran las normas europeas.

Los partidos ya se planteaban revisar el reparto de los costes hipotecarios y estaban negociando, y la decisión del Supremo mete más presión a que la banca asuma costes hasta ahora en manos del cliente. No está claro aún la forma en la que se hará este cambio, pero la voluntad política de descargar a los clientes es evidente. La medida, además, contará previsiblemente con el visto bueno de los partidos de la oposición.

En esta línea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que su grupo parlamentario planteará cambios en la ley de contratos de crédito inmobiliario. “Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD”, escribió en Twitter.

Tras días anunciando movilizaciones en caso de una sentencia contraria a los clientes, los líderes de Podemos anunciaron protestas minutos después de conocer la decisión del Supremo. Pablo Iglesias disparó por elevación. El líder de Podemos considera no solo que la sentencia pone “en entredicho” la independencia del Supremo, sino que debilita la democracia. “La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría”, añadió.

Su aliado y líder de IU, Alberto Garzón, dejó clara su indignación en cuatro tuits escritos en pocos minutos. “Los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías. La mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado”, escribió. Los líderes de Podemos y de Izquierda Unida convocaron una manifestación frente al Supremo el sábado a las 18 horas.

No solo los representantes del partido morado atacan al Supremo. Dirigentes de los cuatro grandes partidos criticaron la sentencia. A última hora de este martes, una frase parecía omnipresente en los perfiles de Twitter de políticos, periodistas y ciudadanos anónimos: “La banca siempre gana”.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, arremetió contra “el espectáculo” ofrecido por el tribunal. “Incomprensible. No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo”, escribió en Twitter el presidente de Ciudadanos, que reclamó al Gobierno que busque ahora “soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro”.

“Pierde la Justicia y se retrata el TSJ. Nos ahorramos mañana las amenazas de los banqueros. Pero esto no debe acabar así”, escribió en Twitter el diputado socialista y exalcalde San Sebastián Odón Elorza. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, tildó la decisión judicial de “grave error de consecuencias sociales imprevisibles”. Un mensaje contrario envió su compañero de partido, el portavoz de Economía del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, que valoró que el Supremo haya acabado con “la confusión” en torno a las hipotecas.

También intervinieron los líderes independentistas catalanes. El president, Quim Torra, tildó la decisión de “suprema injusticia. El escándalo es absoluto. El descrédito del poder judicial español, total”, escribió.