Impuesto de las hipotecas: una sentencia “aberrante” y “bochornosa”, según las asociaciones de consumidores

“Aberrante”, “bochornosa” e “inaudita”. Estos son los adjetivos que las dos principales asociaciones de consumidores de España, Facua y la OCU, han empleado al conocer el cambio de criterio del Supremo. Este martes, el alto tribunal volvió sobre sus pasos y estableció que es el cliente quien tiene que pagar el gravamen más oneroso de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados. Esta decisión llega después de dos semanas de espera, durante las cuales la sentencia de la sala tercera de lo Contencioso-administrativo del 16 de octubre, que dictaba que tenía que pagarlo el banco, se quedó en el aire.

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La OCU considera que este giro en el criterio del tribunal, que según sus cálculos perjudicará a millones de familias españolas, pone en entredicho la seguridad jurídica y cuestiona la independencia de poder judicial frente a la banca. Por ello, ha pedido la dimisión inmediata del presidente de la sala tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, por su “nefasta gestión” del asunto. Asimismo, ha solicitado que se elimine el problema de raíz, con la cancelación del impuesto de actos jurídicos documentados, y ha añadido que confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrija la sentencia, tal y como ocurrió con las cláusulas suelo. “Estamos sorprendidos”, aseguró la portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu.

Muchas asociaciones de consumidores y plataformas especializadas en reclamaciones bancarias confiaban en que la institución confirmara que fuera el banco el sujeto responsable de pagar el impuesto, aunque coincidían en que lo más probable fuera que se limitara en el tiempo la posibilidad de reclamar. Es decir, que las entidades se hicieran cargo de este gravamen a partir de la fecha de la sentencia, pero que el fallo no tuviera efecto retroactivo. Sin embargo, se materializó el peor escenario para el consumidor.

La sala de lo Contencioso-administrativo había establecido a mediados de octubre, en una sentencia que contradecía una anterior decisión de la sala de lo Civil, que era la banca el sujeto responsable de pagar el impuesto de las hipotecas. A los consumidores ni les dio el tiempo para celebrar: 24 horas después, el mismo presidente de la sala tercera dejó la decisión en el aire y anunció que sería el pleno el responsable de decidir quien pagaría el impuesto, creando aún más caos en torno a un asunto que llevaba años en el centro del debate. Después de dos intensos días de debate, 15 magistrados contra 13 han establecido este martes que es el cliente quien tiene que abonar el impuesto.

En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo dictaminó que eran abusivas, y por tanto nulas, aquellas cláusulas que atribuían al cliente el pago de todos los gastos vinculados a la hipoteca. La sentencia, pronunciada a raíz de una demanda de la OCU, establecía que el desembolso para abonar estas cargas se repartiera entre el banco y el consumidor. Pero nunca llegó a especificar cómo.

El impuesto de actos jurídicos documentados es la parte más importante de los gastos relacionados con la hipoteca que el banco imputa al cliente, pero no es el único. Hay otros gravámenes que engordan la factura como la escritura en la notaría, la inscripción en el registro de la propiedad, la tasación del inmueble o la gestoría, y que se pueden reclamar por la vía judicial, recuerda Javier Gaston, portavoz de la plataforma Denuncias Colectivas, quien considera que el fallo, “inexplicable y absolutamente irresponsable”, es un “despropósito (...) que deja la credibilidad del Supremo bajo mínimos”. 

También Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) considera que la decisión del Supremo es “extraña y anómala”, según su secretario general, Fernando Herrero, pero recuerda que sigue abierta la posibilidad que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos. Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, el Supremo ha tomado una decisión “política, impropia del poder judicial, una decisión que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros”.