Iberdrola y Agbar reclaman marcos claros regulatorios para los sectores eléctrico y de agua

Los presidentes de Iberdrola y Agbar, Ignacio Sánchez Galán y Ángel Simón, han coincidido este lunes en reclamar un marco claro para dar respuesta a los retos de sus sectores y garantizar la estabilidad regulatoria. A juicio de ambos, esos marcos permitirán, además, atraer capital y abordar las inversiones necesarias para los próximos años, que se elevan a 70.000 millones de euros en el sector eléctrico para los próximos 10 años y de 45.000 millones en el de agua desde ahora hasta 2033.

Los máximos responsables de los dos grupos han aprovechado su intervención en la jornada "La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España (1978-2018)", celebrada en el Congreso de los Diputados este lunes para comparar el espíritu vertebrador que marcó la Constitución para subrayar la voluntad de consenso, sobre la que también ha hecho hincapié el presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), Julián Núñez, quien destacó la necesidad de priorizar las inversiones en infraestructuras y de cambiar el modelo de financiación.

Sánchez Galán, para quien esos marcos son necesarios para apoyar "a los que miran el futuro en lugar de quedarse anclados en el pasado penalizando las tecnologías no emisoras de contaminación mientras se mantiene artificialmente la competitividad, fomentar un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales", confía en que la Ley de Transición Energética establezca "objetivos claros y ambiciosos, una planificación coherente y mecanismos regulatorios que garanticen una consecución más eficiente".

El presidente de Iberdrola, ha reseñado que esa ambición tiene que ayudar a la digitalización de las redes eléctricas y a aumentar la capacidad de almacenamiento tanto a gran escala como con baterías. En ese sentido, volvió a abogar por facilitar el autoconsumo y por facilitar la creación de infraestructuras para desarrollar el vehículo eléctrico.

En ese contexto, cree que es “perfectamente alcanzable” que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga”. A su jicio, el medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos ese criterio; si no, no lo conseguiremos”.

Galán, en el repaso de los últimos 40 años, resaltó la evolución experimentada por el sector eléctrico tanto en el plano empresarial (se ha pasado de 15 compañías a cinco) como en el regulatorio, con los distintos planes promulgados. En este periodo las tarifas, sin impuestos, "han aumentado un 30% menos que la renta media de una familia, un 40% menos que el precio del metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que el coste de un producto básico como el pan". Incluyendo impuestos, el incremento ha sido del 7%, mientras la calidad de suministro es nueve veces mejor que en 1987.

Regulador único del agua

De regulación también habló, con énfasis, Ángel Simón. El presidente de Aguas de Barcelona, tras recordar que en España existen 8.124 municipios y afirmar que "necesitamos avanzar y fortalecer la actual regulación del sector para solventar los desequilibrios hídricos y evitar que posiciones ideológicas frenen el desarrollo e implantación de soluciones efectivas, pidió un regulador único que permita una gobernanza que clarifique el papel que asuma cada cual y sus responsabilidades. Es decir, "el regulador único marcaría las normas claras y, en caso de incumplimiento, unas sanciones determinadas".

A su juicio, la gobernanza requiere que el agua sea un tema de Estado y se alcancen los acuerdos necesarios para asegurar el suministro, una de las exigencias de las Naciones Unidas. Y que "ningún ciudadano que no pueda pagar se quede sin acceso, de manera especial a los que están en situación de vulnerabilidad".

Para Simón, el mejor vehículo para lograr los desafíos sectoriales es la colaboración público-privada que a su entender se ha consolidado "como un modelo de éxito en los sectores que requieren grandes infraestructuras para contribuir al progreso económico del país".

Asimismo, exige respuestas esenciales para la sostenibilidad del planeta y para ello es necesario una Europa coordinada para hacer una revisión de la Directiva del Agua para implementar una economía circular, que debe ser prioritaria. El cambio de paradigma supone la transformación de plantas de tratamiento en biofactorías para recuperar agua, recursos y energía. Es decir, mejorar la reutilización del agua. Ahora solo el 20% que retorna al medio han sido tratadas, y el 80% tienen carga contaminante.

Julián Núñez, por su parte, incluyó la gestión del agua como uno de los cinco factores que determinan el cambio para mejorar las infraestructura junto el crecimiento demográfico, el potencial disruptivo de la movilidad, la evolución económica y la educación pública.