El Gobierno admite que la cancelación de vuelos de Ryanair es legal pero le exige más información
El Ministerio de Fomento pedirá a la aerolínea que cumpla con las compensaciones a los pasajeros o le abrirá un expediente
El Ministerio de Fomento ha admitido que la cancelación de vuelos por parte de Ryanair es legal, aunque va a solicitar a la aerolínea irlandesa información detallada sobre sus planes en la programación de vuelos con origen o destino España para que los usuarios sepan a qué atenerse cuanto antes y puedan reclamar compensaciones o reprogramaciones, según informaron en fuentes de este departamento.
Ryanair anunció hoy la cancelación de hasta 400 vuelos con destino o salida desde España los días 25 y 26 de julio ante la huelga convocada por los tripulantes de cabina (TCP), que dejarán en tierra al menos a 50.000 pasajeros.
En este sentido, Fomento, el departamento responsable del transporte aéreo, indica que solo puede velar porque la compañía cumpla con los derechos de los pasajeros establecidos en la normativa europea en materia de compensación, asistencia, reprogramación de vuelos y procedimientos de reclamación.
El departamento que dirige José Luis Ábalos en caso de incumplimiento de estos derechos de los pasajeros, iniciaría los correspondientes expedientes sancionadores contra la compañía, informaron en las mismas fuentes.
Además, en previsión de que puedan producirse nuevas suspensiones de vuelos, el Ministerio de Fomento va a solicitar a la compañía información detallada sobre sus vuelos. Ryanair no ha dado la lista de los vuelos cancelados limitándose a informar por maeil a los clientes afectados.
Derechos de los usuarios
Asimismo, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se publicará en su página web una nota divulgativa informando de sus derechos a todos los pasajeros de Ryanair que se vean afectados por las cancelaciones de la compañía en España.
El Ministerio de Fomento también establecerá los servicios mínimos que debe cumplir la compañía durante estos días, aunque ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado para ver si los 1.800 tripulantes llamados a la huelga están obligados al cumplirlos, al tener contratos laborales irlandeses.
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