Las instituciones piden a España que baje la deuda ahora que hay margen

En su labor de Pepito Grillo, el Banco de España apuntó el miércoles que una subida de 100 puntos básicos en los tipos costaría, al menos, unos 9.000 millones de euros a España, y calificaba de “modestos” los esfuerzos realizados hasta ahora para bajar el déficit público. Este viernes, la Autoridad Fiscal advirtió sobre el riesgo de que la deuda pública se quede estancada en el futuro en el 90% del PIB, unas cotas demasiado elevadas. Y el Mede, en su informe anual, señaló el jueves que España debía tener “un plan fiscal creíble” y continuar con las reformas “dado su elevado nivel de deuda pública”. Tras cinco años de recuperación, “no hay excusas” para que los países más endeudados del euro no hagan más, declaró este viernes el Fondo Monetario Internacional.

Mientras el Gobierno sopesa qué hacer con las pensiones o con la financiación autonómica, el anterior Ejecutivo le dejó unos Presupuestos que pueden cerrar el déficit en el 2,9%, lejos de la meta del 2,2%. Y los avisos se suceden. España ha dejado de tomar medidas para reducir de forma permanente el déficit y la deuda pública. Y eso hace que las cuentas mejoren en gran medida solo porque la vigorosa recuperación reporta cuantiosos ingresos. Sin embargo, esa recaudación podría desaparecer en el caso de reeditarse una recesión. O ir perdiendo fuerza conforme se ralentiza el crecimiento.

Así que todos los organismos apuntan en la misma dirección: en su último análisis sobre España, el FMI ya insistía en la necesidad de que el país recobrase un cierto margen fiscal. Y ayer recogió en su informe sobre la eurozona una frase que se puede aplicar en especial a España, el país con mayor déficit de todos: “En el quinto año de expansión económica, no hay excusas para no reconstruir los colchones fiscales. Muchos países con alta deuda pública están haciendo poco o ningún esfuerzo para consolidar las cuentas, confiando la reducción del déficit a la mejora cíclica de los ingresos”. Y concluía que Bruselas debería ser “más estricta” con las reglas fiscales.

Aunque la deuda privada ha descendido, la pública y la que se tiene con el extranjero son muy altas, y las tendencias demográficas empujarán al alza el gasto social. Al final, los mercados juntan en sus análisis la privada y la pública, y usan la calificación del Estado como un escalón mínimo a partir del cual fijan los costes de financiación para todos. Si la Administración sufre por financiarse; el resto aún más. De ahí que, al igual que con la cigarra y la hormiga, haya que prepararse ahora para peores momentos. Ese es el monotema sobre el que alertan los organismos económicos.

El Mede, el mecanismo europeo de rescate que prestó a España el dinero para sanear los bancos, destaca en su informe anual publicado el jueves el elevado crecimiento de España, "muy por encima de la media de la zona euro". Sin embargo, también pone un importante pero: “Dados los elevados niveles de deuda pública, una política fiscal creíble y un fuerte impulso reformista son claves para reducir la vulnerabilidad del país a shocks adversos”, sostiene. Y añade que, aunque el endeudamiento con el extranjero ha disminuido hasta el 80,8% del PIB, sigue siendo “alto”.

“A pesar de la reciente evolución macroeconómica positiva y unas condiciones muy favorables en los mercados financieros, la disminución en la ratio de deuda sigue siendo limitada”, afirmó ayer en un informe la Autoridad Fiscal.

Y en la misma línea se expresa el Banco de España. El BCE ya ha asegurado que las subidas de tipos se harán de forma gradual a partir de septiembre de 2019. Sin embargo, ante la proximidad de escenarios en los que los intereses pueden repuntar, el Banco de España divulgó el miércoles un estudio sobre qué sucedería si los tipos suben más de lo esperado entre 2018 y 2020. Para ello, toma, “a título meramente ilustrativo”, un incremento de 100 puntos básicos en los tipos de financiación. Y el coste total que estima ascendería, al menos, a unos 9.000 millones. En estos cálculos se incluye el beneficio que se obtendría por la remuneración de los depósitos, sobre todo de las familias. Pero no se contabilizan los efectos añadidos que podría tener sobre el PIB. Es decir, el impacto podría ser aun mayor.

Solo en los intereses de la deuda pública sería de 3.600 millones, “sustancialmente mayor que los que se estimaban hace unos años, con anterioridad al notable aumento registrado por el endeudamiento de las Administraciones, que ha acrecentado la sensibilidad a los tipos”, dice. Y destaca que se trata de una factura “relevante”. Como ya hizo en sus últimas proyecciones, señala que “la intensidad prevista del proceso de consolidación presupuestaria a lo largo del periodo 2018-2020 es, dado el favorable contexto cíclico esperado, modesta”. En definitiva, a todas las instituciones les preocupa que el sector público no esté aprovechando la coyuntura para crear algo de espacio fiscal con el que afrontar próximas crisis.