Límites que no se pueden cruzar

Buena parte del problema que plantea el debate sobre la Renta Básica Universal (RBU) consiste en determinar hasta qué punto estamos ante una propuesta utópica o existe una posibilidad real de financiación que la haga posible. La otra parte atañe al modelo de Estado y de sociedad que tienen en mente los representantes políticos. Es muy probable que si se decide transitar hacia un modelo de Estado que incorpore la RBU no habría dificultades insuperables para financiarla. La expresión “hay que echar números” cobrará entonces su exacto significado, que no es otro que el ajustar costes y desviar recursos en una proporción revolucionaria para conseguir el fin propuesto. Pero para “echar cuentas” es necesario tener claro lo que se quiere hacer.

Hay que explicar de forma rotunda que en las condiciones financieras actuales, limitadas por un programa de ajuste todavía tutelado por Bruselas y con una estructura fiscal raquítica, lastrada por una presión fiscal inferior a la media europea. El mal primario, tan dañino para el conjunto de la economía, está en la desidia de varios gobiernos (todos los habidos en España desde 1996) sobre el presupuesto de Ingresos del Estado. Sin excepción, han preferido confundir a los ciudadanos con rebajas de impuestos para captar sus votos sin explicar los costes derivados de los recortes fiscales. El Estado queda inerme ante las contingencias (como bien pudo apreciarse en su incapacidad para proteger a los damnificados de la crisis) y pierde cualquier margen de actuación para respaldar con dinero cualquier posibilidad de cambio político o social.

Vemos el coste. En la práctica, sólo hay estimaciones. Una de ella cuantifica la renta en 382.000 millones de euros. Como, por otra parte, una RBU sería incompatible con cualquier otro tipo de ayuda, haciendo las testas correspondientes el coste estaría entre 180.000 y 200.000 millones (187.000 millones según el BBVA, por ejemplo). Parece fuera de duda que este modelo no puede financiarse en estos momentos; ni siquiera en los próximos diez años.

Puede pensarse en otros modelos menos universales. Por ejemplo, una renta básica compensatoria para la población que está por debajo del umbral de pobreza costaría en torno a 79.000 millones; con similares supresiones de otras prestaciones, estaríamos ante un modelo financiable a medio plazo. Siempre y cuando se proceda a una revisión en profundidad del sistema tributario y a una mejora en los resultados de la lucha contra el fraude.

Como queda de manifiesto, existen unos límites financieros que no se pueden cruzar. Pero es que además hay que contar con resistencias y viscosidades de carácter político o ideológico. La renta básica, consideran los críticos más apegados a la ortodoxia neoliberal, reduce el interés de los ciudadanos por buscar empleo. Los experimentos sociales conocidos (uno de ellos en Finlandia) confirman que los perceptores se acomodan a su condición de subvencionados. La respuesta a esta objeción también es ideológica: no hay por qué presuponer la ambición en todos y cada uno de los ciudadanos. La cuestión está en decidir si esa pasividad está compensada por el logro de un principio de equidad social.

La objeción de más fuste es el efecto llamada. Pero existen procedimientos para limitar los efectos de una distorsión de esta naturaleza. No hay más obstáculos reales para la implantación de una renta básica que la definición exacta del modelo y la búsqueda de la suficiencia fiscal. El resto es prescindible o debatible.