Bruselas recuerda a España que reducir la brecha salarial sí es competencia de los Gobiernos

La brecha salarial entre hombres y mujeres sí es asunto de los Gobiernos. La Comisión Europea responde así al mensaje inicial que lanzó el presidente español, Mariano Rajoy, sobre sus reticencias a actuar contra las divergencias de remuneración por género. “Corresponde a los Estados atajar las causas y la Comisión les presta ayuda en forma de asistencia financiera”, subraya el brazo ejecutivo de la UE en una respuesta parlamentaria. Tras la polvareda levantada, Rajoy se retractó y prometió dar “todas las batallas” contra esta inequidad.

El jefe del Gobierno despachó con un rotundo “no nos metamos en eso” una pregunta sobre divergencias salariales por sexos que le plantearon a finales de enero, durante una entrevista en Onda Cero. Para tratar de demostrar que ese enfoque era erróneo, la eurodiputada Beatriz Becerra preguntó al Ejecutivo comunitario si los Estados miembros de la UE, entre ellos España, tenían competencias para limar la brecha, que oficialmente representa un 16,2% de media en la UE (14,2% en España, según datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria). En la respuesta ofrecida a Becerra la semana pasada, la comisaria de Justicia, Vera Jourová, insta a los países a asumir su responsabilidad para mejorar las cifras.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario invoca una directiva de 2006 que fija el principio de igualdad de retribución, independientemente del sexo o de otras características del trabajador. La respuesta parlamentaria recuerda que España traspuso esa norma en 2008 pero también que, en caso de incumplimiento, “se puede incoar un procedimiento de infracción”. Respecto a las causas de la brecha, apunta a las “desigualdades en las horas dedicadas a las obligaciones domésticas, lo que se refleja en un mayor porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial o interrumpen su carrera profesional”.

Sueldos y pensiones

Becerra confía en que la respuesta de Bruselas sirva para concienciar a los Gobiernos, en particular al español, de la importancia de implicarse en este terreno. “Es un fenómeno multivariable que impacta en los salarios y más adelante en las pensiones. Aunque solo fuera por cuestión de números, se trata de una cuestión de Estado. La respuesta de Jourová es una interpelación clara al Gobierno”, señala la eurodiputada, una independiente adscrita al grupo liberal del Parlamento Europeo.

Como muestra de que combatir este lastre forma parte de las políticas públicas, Bruselas alega que otorga financiación para reducir las disparidades a través de los fondos estructurales. Aunque no figura en la respuesta parlamentaria, Bruselas cita como ejemplo de estas políticas un programa denominado Derechos, Igualdad y Ciudadanía que destina 439 millones de euros a políticas de igualdad en el periodo presupuestario 2014-2020. Si se tienen en cuenta todos los programas de promoción de la igualdad de género, la cantidad de dinero europeo invertida ronda los 6.000 millones de euros, aproximadamente un 1,6% de todos los fondos estructurales que abona Bruselas.

De manera más concreta —y aunque la Comisión no tiene competencias directas en materia de empleo—, se ha puesto en marcha un plan de acción para el periodo 2017-2019 que respalda políticas de ese tipo. Sus responsables se comprometen a estudiar en unos meses si son necesarias normas legales, por ejemplo, fijar un mínimo de sanciones aplicables a escala europea en casos de discriminación salarial. Aplicar estas medidas “exigirá esfuerzos de todas las partes, incluidos los responsables de la toma de decisiones en el ámbito nacional y de la UE”, concluye la comisaria Jourová.

Pese todas las alertas, tampoco las políticas europeas colocan la lucha contra la desigualdad de género como una prioridad. Un reciente informe del Parlamento Europeo lamenta que no exista una línea presupuestaria clara y específica. Los eurodiputados reclaman que los criterios de igualdad de género se tengan en cuenta para evaluar el cumplimiento de las metas económicas por parte de los Estados miembros.