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El Gobierno blinda por ley al taxi del avance de empresas como Uber y Cabify

El Consejo de Ministros aprueba un decreto urgente para fijar el tope de una licencia VTC por cada 30 de taxi

Jaime, conductor de UBER, durante un servicio por las calles de Barcelona. Atlas-Quality

El Gobierno no quiere que el conflicto que enfrenta a taxistas con empresas como Uber y Cabify se dirima en los tribunales. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto ley que consagra el límite para que como máximo pueda haber una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC ) por cada 30 de taxi. Este tope ya figura en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) pero el Ministerio de Fomento se ha visto en la necesidad de elevarlo a rango de ley para proteger a los taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

El Tribunal Supremo celebró esta semana la vista el recurso contra este precepto del reglamento que fue presentado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) al entender que el 1-30 restringe el libre mercado del transporte. Si una sentencia tumbara el apartado 3 del artículo 181 del reglamento, que contiene el tope de licencias introducido en 2015, no tendría ya efectos prácticos al haber sido derogado ese punto del reglamento para pasarlo a la ley a través del decreto aprobado ayer.

Plataformas como Uber, Cabify o la patronal de VTC (Unauto) que se sumaron a la denuncia de la CNMC creen que se trata de un triquiñuela legal del Gobierno para blindar los intereses del sector del taxi, aunque solo Uber se opone radicalmente a la legislación mientras que el resto de asociados de Unauto se ha manifestado a favor de una salida negociada aceptando la normativa vigente.

El Ministerio de Fomento cumple así su compromiso con el sector del taxi de protegerle frente a la avalancha de licencias de VTC que se han concedido en los últimos años gracias a un vacío legal, y que han supuesto una seria amenaza a su negocio.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eludió pronunciarse sobre la tramitación de la causa en el Supremo, pero enfatizó que este decreto era necesario para otorgar una mayor seguridad jurídica porque la petición de licencias ha provocado un desequilibrio entre VTC y taxis.

El decreto modifica también la LOTT para conceder a las comunidades autónomas la potestad de denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de VTC en el caso de que se sobrepase ese límite de 1/30, como ocurre en la actualidad, puesto que está en 1 taxi por cada 9 VTC.

Además, limita considerablemente la actuación de los VTC al precisar que “los vehículos que desarrollen esa actividad deberán ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”.

Con esta disposición se consagra la limitación a las VTC de realizar el 80% de sus trayectos dentro de su comunidad autónoma y solo un 20% como máximo fuera de ella, el conocido como 80-20.

Incremento exponencial

El departamento que dirige Íñigo de la Serna justifica la urgencia del decreto ley por el “incremento exponencial” del número de autorizaciones de VTC. Actualmente operan 64.217 taxistas y 7.058 vehículos VTC, pero pronto se unirán otros 10.000, por la vía judicial, debido a un vacío legal en la anterior normativa, de forma que circulará un VTC por cada cuatro taxis.

El enfrentamiento encarnizado entre el taxi y el VTC ha provocado ya varios paros y serios incidentes, con agresiones, quema de vehículos y disturbios de orden público. El decreto también concede a Fomento el poder de convocar la Conferencia Nacional de Transportes “de forma extraordinaria” para “identificar” medidas a nivel estatal y autonómico susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, tanto en el taxi como en los VTC. Entre esas medidas estarían el taxi compartido o las tarifas pactadas por trayecto.

 

Posturas encontradas

Uber reaccionó airadamente contra el decreto del Gobierno al que calificó de “una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades”, según señaló un portavoz.

Para el director para Europa de Cabify, Mariano Silveyra, la pretensión del Gobierno es “ganar el tiempo necesario” para que el taxi se adapte a un “nuevo modelo de movilidad”.

Por su parte, los taxistas a través de la asociación Fedetaxi, manifestaron su “satisfacción” al considerar que el nuevo texto legal constituye “un gran paso adelante” para poner fin a la “situación de inseguridad jurídica y social”.