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El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

El Ejecutivo planea recortar el gasto público hasta el 38% del PIB, lo que situará a España en un nivel cercano al de Estados Unidos

FOTO: Manifestación de CCOO y UGT este sábado para reclamar una mejoría en las pensiones, en Alcala de Henares, Madrid. / VÍDEO: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en comparecencia sobre los Presupuestos el martes pasado.Foto: atlas | Vídeo: VÍCTOR SAINZ | ATLAS
Antonio Maqueda

Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.

Con relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.

En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. “España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.

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Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta.

Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se está centrando en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad. Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía. Por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal, dicen.

De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9% del PIB. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. Allá por 2014, el Ministerio de Hacienda encargó a un grupo de expertos que elaborase un informe para una reforma tributaria. Este documento recordaba que España siempre generó déficit y deuda cada vez que el gasto superó el 38-40% del PIB. ¿Acaso quiere eso decir que España no puede recaudar más?

Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas consiste en que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios, pero tienen la impresión de que ya pagan muchos impuestos”, afirma.

Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Los ahorros no son suficientes

La previsión de gasto del Gobierno para 2018 se cifra en el 40,5% del PIB, cerca de los 490.000 millones. Según datos de la Intervención General del Estado, casi 130.000 millones se destinan a nóminas de las Administraciones; otros 200.000 millones para pensiones, desempleo y transferencias sociales; unos 30.000 millones van a intereses de la deuda; otros 30.000 para inversiones, y la cifra de subvenciones roza los 8.000 millones. Además, se desembolsan unos 60.000 millones para consumos intermedios, esto es bienes y servicios para la Administración. Gobiernos y expertos alegan que aunque se gaste con más eficiencia, los ahorros no son suficientes para atender las crecientes necesidades del Estado de Bienestar.

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Sobre la firma

Antonio Maqueda
Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.

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