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La licitación pública creció un 38% en 2017 pero es un tercio de la de antes de la crisis

Las grandes constructoras saludan la recuperación de la inversión en los presupuestos pero denuncian un déficit de 114.000 millones en infraestructuras

El presidente de Seopán, Julián Núñez.
El presidente de Seopán, Julián Núñez.

La licitación pública creció un 38% en 2017 hasta los 8.309 millones de euros, y la contratación pública se elevó un 32% hasta los 4.755 millones, aunque en ambos casos estas cifras representan la tercera parte del volumen de 2007, antes de la crisis, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El presidente de Seopan, Julián Núñez, se felicitó por el aumento de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado presentados ayer y, en particular el del Ministerio de Fomento, que crece un 13,7%, pero destacó que es insuficiente para paliar el déficit de 114.000 millones de euros de “infraestructuras prioritarias”. "Se trata de un punto de inflexión, pero estamos en niveles de inversión equivalentes a los de 1999", indicó durante la rueda de prensa de Seopan para hacer balance del sector de 2017 y las perspectivas para 2018.

La patronal detalla que las infraestructuras relacionadas con movilidad y transporte son las que mayor falta de inversión presentan, estimada en unos 85.000 millones. Después se sitúan las relacionadas con el agua, con una inversión 12.000 millones inferior a la necesaria, las instalaciones hospitalarias y de centros educativos (10.500 millones), las actuaciones medioambientales (6.500 millones) y las logísticas (700 millones).

Núñez llamó la atención que mientras el gasto en pensiones, salud y educación han crecido un 70%, un 53% y un 29%, respectivamente, la inversión en obra pública sigue casi en mínimos históricos tras cuatro años de caídas (2011/2016).

Por ello, la patronal ha pedido un gran pacto nacional de infraestructuras entre las distintas fuerzas políticas, basado en proyectos de colaboración pública-privada, para paliar ese déficit que, al ritmo inversor actual se tardarían 40 años en resolver en materia de infraestructuras de transporte e hidráulica, y 136 años en materia de medioambiente.

Las empresas asociadas a Seopán, fundamentalmente grandes constructoras y concesionarias, registraron un aumento de la actividad nacional del 0,3% en 2017, hasta los 4.296 millones de euros, motivado por la subida de la edificación residencial de un 41%, que contrasta con la caída de la obra civil (-2%). El empleo directo cayó un 7,2% hasta los 18.199 puestos de trabajo.

Mantenimiento del peaje en la AP1

Un tramo de la AP-1.
Un tramo de la AP-1.

Seopan aboga por mantener el peaje en la AP-1 porque, en su opinión, no tendría sentido que los contribuyentes españoles pagaran de su bolsillo su mantenimiento y mejora dado su elevado uso por parte de extranjeros.

La concesión de la AP-1 (Burgos-Armiñón) vence el próximo 30 de noviembre y, por ahora, el Ejecutivo sólo ha avanzado que no prorrogará el contrato con la actual concesionaria y que la autopista revertirá al Estado sin aclarar cuál será su futuro modelo de gestión.

"Nosotros hemos remitido una propuesta al Ministerio que se basa en mantener el modelo de tarificación", ha dicho hoy el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien aunque no ha detallado la propuesta ha dejado entrever que pasa por el cobro íntegro del peaje salvo a los usuarios residentes habituales, que contarían con una "elevada" bonificación.

"La Comisión Europea no permitiría discriminar por nacionalidad en el pago de peajes", ha apuntado Núñez, quien, no obstante, ha insistido en la importancia de bonificar a los usuarios habituales como "medida de compensación" por el agravio de tener que pagar cuando en otras vías de alta capacidad no se paga.

La AP-1 es un eje estratégico para España que entronca con Portugal y Francia y por ella pasan diariamente una media de 20.000 vehículos, con un elevado porcentaje de vehículos extranjeros: el 30 % en la media del año y el 50 % en verano, según Seopan.

La patronal considera que la carretera requiere inversiones por valor de más de 300 millones para su mantenimiento y mejora, con obras como la finalización del tercer carril o el refuerzo de la seguridad en túneles.