Solo 33.000 personas en España se benefician del bono social telefónico

Apenas unos miles de abonados, todos ellos pensionistas con pagas muy bajas, se acogen al abono social de Telefónica (denominación oficial del bono). La cifra ha ido descendiendo bruscamente. Desde el medio millón que tenían derecho a este descuento a principios de este siglo, se pasó a 284.000 en 2007, a 63.000 en 2013, y a los 33.301 de finales de 2017. Las razones de este descenso no son que la llamada pobreza energética, que permite que casi 2,5 millones disfruten de un descuento en la factura de la luz, afecte más a los ciudadanos con menos ingresos que la pobreza telefónica, sino que los requisitos para poder acceder a las ayudas en telecomunicaciones son mucho más restrictivas que los del recibo eléctrico.

Solo tienen derecho a este descuento en la factura del teléfono jubilados con rentas bajas, mientras que al bono eléctrico pueden acceder parados, familias numerosas y otros colectivos. Además, en el sector de telefonía los precios han bajado considerablemente en los últimos años por efecto de una feroz competencia, mientras que los precios de la luz siguen estando regulados y apenas se ha notado la liberalización.

El abono social no es una obligación de Telefónica sino un componente del servicio universal de telecomunicaciones, que está asignado por el Gobierno a Telefónica, debido a que ninguna compañía se quiere hacer cargo de este servicio. Se trata de una bonificación en la factura del teléfono fijo al que se pueden acoger jubilados y pensionistas con rentas anuales inferiores a 8.946,14 euros.

Este colectivo puede beneficiarse de un descuento del 95% del importe de la cuota de abono mensual, fijada actualmente en 17,40 euros/mes (IVA incluido), del que el beneficiario apenas paga 0,87 céntimos. Además, en el caso de dar de alta una línea de teléfono fijo recibe un descuento del 70% en el importe de la cuota de alta.

El problema es que aunque el usuario cumpla los requisitos económicos, solo puede solicitar el abono social si tiene contratado el servicio telefónico fijo con Telefónica de manera individual. Es decir, si un cliente contrata el teléfono fijo empaquetado con otro servicio (ADSL, fibra, móvil o televisión) o incluso con una tarifa plana de voz fija no tiene derecho a dichos descuentos.

Con la generalización de los paquetes y la necesidad de tener una conexión por Internet, el abono social no sale a cuenta para casi nadie, porque resulta más caro apuntarse al teléfono fijo beneficiándose del bono social y contratar por separado la banda ancha, que hacerlo en un paquete.

Por esa razón, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Turismo, Energía y Agenda Digital que extienda el abono social también a los paquetes de servicios (fijo, móvil, datos e Internet) y no solo a las líneas de telefonía fija contratadas individualmente.

Competencia proponía además que no solo los jubilados, sino otros colectivos con dificultades económicas (por ejemplo, parados de larga duración) pudieran beneficiarse del abono y que además de por correo electrónico, fax o carta, se pudiera solicitar en las tiendas de Movistar o a través del teléfono gratuito 1004.

Esa deserción de beneficiarios del abono social ha provocado que, año tras año, caiga el coste del servicio universal, que presta Telefónica pero que costean todos los operadores (Vodafone, Orange, MásMóvil y la propia Telefónica). Así, en 2015, el coste neto del abono social fue de 6,9 millones de euros, un 11,7 % menos que los 7,8 millones de 2014. Esa partida no ha dejado de decrecer desde 2010, cuando llegó a 18,55 millones. En 2011 fue de 16,34 millones; en 2012, de 10,53 y en 2013, de 9,58, según la CNMC.

Curiosamente, el primer recorte del número de beneficiarios del abono social se produjo entre 2009 y 2010, cuando el Gobierno del PSOE decidió elevar las pensiones mínimas contributivas a 546,5 euros, lo que, por 19 euros al mes, dejaba fuera del baremo para tener derecho al bono a miles de pensionistas.

El abono social es la principal partida del servicio universal, que también incluye el mantenimiento de las cabinas o la prestación de telecomunicaciones en zonas apartadas y no rentables. En 2015, último año para el que se ha hecho el cálculo, ascendió 15,1 millones de euros, un 13,2% menos que en 2016

El servicio universal de telecomunicaciones garantiza, entre otros elementos, que todos los usuarios puedan tener acceso a la red telefónica pública fija desde cualquier ubicación geográfica y a un precio asequible. La CNMC calcula anualmente el coste de prestar el servicio universal.

El bono eléctrico, también en peligro

El bono eléctrico puede seguir los mismos pasos que el telefónico y quedar reducido a un colectivo mínimo. Hasta ahora lo disfrutaban 2,3 millones de personas. Pero la entrada en vigor de una nueva normativa en octubre de 2017 —que modificaba radicalmente las condiciones para tener derecho a esos descuentos en la factura— y los problemas burocráticos pueden hacer descender radicalmente la cifra de beneficiarios.

Por el momento, solo 400.000 lo han solicitado a sus compañías eléctricas. Y el Ministerio de Energía ha aceptado solo 175.000 peticiones, según cifras de las empresas y de la CNMC. Ante esta situación, el Ministerio de Energía ha prorrogado seis meses el plazo, que acababa el 10 de abril, para que los consumidores acogidos al anterior bono social puedan solicitar su inclusión en el nuevo modelo.

Los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, que supone una rebaja de entre el 25% y el 40% de la factura, según el nivel de renta y las circunstancias personales.