_
_
_
_
_

Cataluña es la comunidad donde las rentas bajas pagan más IRPF

Valencia es la región donde más tributan los ingresos altos

Antonio Maqueda
Delegación especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, en Valladolid.
Delegación especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, en Valladolid. EFE

Cataluña es la comunidad autónoma donde las rentas hasta 30.000 euros pagan más por el IRPF. El motivo reside en que esta comunidad tiene fijado el tipo mínimo en el 12%, muy por encima del 9,5% que poseen las 17 de media. Además, todas las autonomías que han puesto el tipo mínimo por encima del promedio lo han dejado en el 10% salvo Cataluña. Estas son Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y eso deja a las rentas bajas catalanas como las que mayor presión fiscal sufren por este impuesto, según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018, publicado este lunes por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las comunidades tienen capacidad legislativa sobre la mitad del impuesto de la Renta, y pueden modificar tarifas, algunos mínimos exentos, deducciones y bonificaciones.

El caso catalán se antoja claramente llamativo porque se desmarca de todas las demás. Mientras que la mayoría ha ido adaptando los tipos a la rebaja del impuesto que hizo el Estado central, la Generalitat los ha dejado igual que antes. Para una renta de 16.000 euros de un contribuyente soltero sin deducciones ni hijos ni discapacidad, en Cataluña abona 1.611 euros frente a los 1.439 que pagaría con la normativa exclusivamente estatal y los 1.492 que tributa en la siguiente que más presión ejerce en ese nivel de ingresos, Baleares. Le siguen por orden de mayor presión fiscal Murcia, Aragón y Andalucía. Por el contrario, la comunidad donde consistentemente se tributa menos en cualquier tramo de renta es Madrid. En este ejemplo, por 16.000 euros se pagan 1.434 euros.

Cuánto se paga de IRPF por comunidad según las rentas declaradas
Cuánto se paga de IRPF por comunidad según las rentas declaradas

Para 20.000 euros, en Cataluña se desembolsan 2.510 euros, bastante por encima de la segunda que más exige, Aragón, con 2.394 euros. A continuación, figuran por este orden Murcia, Baleares, Andalucía, Asturias y Extremadura. En Madrid, la tributación se sitúa en los 2.303 euros, unos 200 euros menos que en Cataluña. Con una base de 30.000 euros, la factura por IRPF de un catalán asciende a los 5.102 euros frente a los 4.939 de la norma estatal y los 4.839 que se abonan en Madrid. "Habría que verlo, pero normalmente el núcleo principal de la recaudación está en las rentas medias y bajas, y sorprende que este sea el que en Cataluña se grava más", ha declarado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.

En cambio, para un contribuyente de 45.000 euros, Extremadura aparece como la región en la que más se tributa, seguida de Murcia, Aragón, Baleares, Cataluña y Galicia. En las franjas más altas de ingresos, a partir de unos 110.000 euros, es en Valencia donde siempre se paga más. Con variaciones según la cota de retribución, siempre figuran entre las que más gravan las rentas altas Cantabria, Andalucía, Extremadura y La Rioja.

Más información
Las comunidades exprimen los tributos propios pero recaudan poco
Extremeños y catalanes, los que más presión fiscal autonómica soportan

En general, los autores del estudio señalan que durante los últimos años se ha dado entre las comunidades, por un lado, una elevada competencia a la baja en el impuesto de sucesiones; y por otro, una intensa competencia al alza en los tributos sobre la compra de vivienda, esto es, los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. No se detecta una tendencia definida al alza o a la baja ni en el IRPF ni en patrimonio. Lo que sí se denuncia es la "exagerada utilización de la capacidad normativa", al establecer las autonomías de régimen común hasta 732 tipos, reducciones, deducciones o bonificaciones, sobre todo en el IRPF.

Respecto al impuesto sobre sucesiones, por una herencia de unos 800.000 euros se desembolsaría más en Aragón, Asturias, Castilla y León y Valencia. No se tributaría ni en Andalucía ni en Canarias. Y abonaría poco en Madrid, Extremadura y Murcia. Por donaciones, el impuesto resulta más alto en Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Aragón, Asturias y Valencia. En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Cantabria, Cataluña, Galicia, y Valencia presentan los gravámenes más elevados cuando no está destinado a vivienda con un desembolso de 15.000 euros para un inmueble de 150.000 euros; 45.000 para 450.0000 euros y 50.000 para 500.000 euros. En esta materia, Madrid sobresale una vez más con una presión fiscal bastante menor.

En el supuesto de un patrimonio de 800.000 euros, se pagaría más en Aragón, Extremadura, Cataluña y Valencia por este orden. Para patrimonios de 4 millones y superiores, se abonaría más en Extremadura, Baleares, Valencia y Andalucía. En Madrid, en cambio, no se tributa por esta figura.

El grueso de la recaudación de las autonomías procede de los impuestos compartidos, es decir, IRPF, IVA y Especiales. Sin embargo, las comunidades han desarrollado hasta 82 tributos propios por los que apenas consiguen el 2,2% de sus ingresos tributarios. Se trata de "una jungla inexpugnable", ha calificado Pich. Cataluña es la que más figuras ha creado con 18, de las que tres se han establecido para 2018 y uno para 2019. Estos versan sobre el agua, los residuos, la incineración, los establecimientos comerciales, los turísticos, los depósitos bancarios, las emisiones contaminantes, las viviendas vacías, los activos no productivos de personas jurídicas o las bebidas azucaradas, entre otros. Hasta cuatro de estos 18 gravámenes catalanes están en suspenso por los tribunales.

La mayor parte de la recaudación de las comunidades por estas figuras propias se ha centrado en el agua, resalta el informe del Consejo de Economistas. "Cabe preguntarse si merece la pena la recaudación obtenida por algunos impuestos propios teniendo en cuenta los costes en los que se incurre para crear las normas, recaudarlos, inspeccionarlos y gestionarlos. Además de los conflictos entre Administraciones y la inseguridad jurídica que se puede generar", explica María José Portillo, directora de la cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Antonio Maqueda
Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_