Sánchez Galán vuelve a atacar los planes nucleares del Gobierno

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanzó ayer, en una reunión con analistas para explicar los resultados de 2017, una nueva andanada contra el Gobierno. Esta vez por la intención de cargar sobre las eléctricas el cierre de nucleares. El grupo acabó el año con unos beneficios netos de 2.804 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7%. Iberdrola prevé invertir 32.000 millones entre 2018 y 2022, pero no plantea ninguna adquisición.

Ni el ajustado crecimiento de los resultados de Iberdrola ni la revisión del plan estratégico fueron bien recibidos en los mercados. Los títulos de la eléctrica acabaron la jornada con una pérdida del 4,09%, a 5,89 euros. El aumento de los ingresos en 8,7% no se tradujo en una mejora del beneficio, ya que el Ebitda se vio reducido un 7,8%. Pero fuentes financieras atribuyen la caída en Bolsa más al plan estratégico que a los resultados. “La empresa ha venido a decir que la debilidad de su negocio en Reino Unido (Brexit e impagados) y España (menor generación por sequía y riesgo regulatorio) no ha podido ser compensada por las buenas noticias en EE UU (reforma fiscal) y Brasil (incorporación de la empresa Neoenergía)”, sostiene Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank.

En el horizonte se vislumbra una posible subida de tipos que afectaría en especial a las empresas más endeudadas. En este sentido, Iberdrola ha incrementado su deuda en más de 3.500 millones, de manera que la cifra ya supera los 32.800 millones.

Con estos datos, en su discurso ante analistas en Londres —otro año más no ha celebrado rueda de prensa—, Sánchez Galán insistió más en cuestiones políticas que en las cifras. Atacó el posible proyecto ideado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que sean las eléctricas las que costeen el cierre de sus nucleares. “La ley en España deja muy claro que los residuos nucleares son responsabilidad del Estado”, aseguró.

Luego indicó que las compañías han pagado en los últimos 30 años “muchísimo dinero a una empresa nacional [Enresa], que se creó para llevar a cabo esa actividad. El traspaso de la responsabilidad del desmantelamiento es como si alguien mañana tuviera la gran idea de que para solucionar un déficit en el sistema nacional de pensiones, después de recoger el dinero durante 40 años, la responsabilidad recayera en los ciudadanos”, dijo. Después condescendió (“España es una democracia y un país en el que se respeta la ley”) y añadió que está seguro de que en este caso también se va a respetar.

Diálogo con el regulador

Galán aclaró que si el sistema requiere de nucleares, y así lo propone la comisión de expertos que analizarán las necesidades energéticas del país, habría que “analizar, en un diálogo continuo con el regulador, las plantas que sean necesarias, cómo se van a poder pagar y que los propietarios puedan conseguir el retorno de la inversión”, que cuantificó entre 6.000 y 7.000 millones.

Por otro lado, dijo que, salvo que se encuentren oportunidades como la de Avangrid, en EE UU, o la fusión de Elektro y Neoenergia, en Brasil, el grupo no tiene previstas grandes operaciones corporativas en el plan de inversiones para el periodo 2018-2022, que asciende a 32.000 millones. “Un 75% [de las inversiones] son seguras o altamente comprometidas. No son sueños, son hechos”.

Las inversiones se centrarán, en línea con las de 2017 en las que aumentaron un 34% hasta alcanzar 5.864 millones, en los negocios regulados, las energías renovables y de generación mediante contratos a largo plazo. El grupo mantendrá inversiones por valor de 9.000 millones al final del periodo, lo que permitirá continuar incrementando los resultados más allá de 2022 y el dividendo. Los de 2017 serán de 0,32% euros, con un aumento del 3,2%.

El grupo atribuye el principal peso de los beneficios a los negocios de redes —principalmente en Estados Unidos— y renovables, así como por la integración desde septiembre de Neoenergia en Brasil, y a pesar del pobre comportamiento de la generación en España por el fuerte impacto de la sequía.

Durante 2017, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se benefició de la reforma fiscal de Estados Unidos anunciada el pasado diciembre y que supuso un impacto de 1.284 millones. Esta cantidad se ha destinado casi en su totalidad a provisiones y ajustes de valor de ciertos activos, lo que ha reforzado su perfil de negocio. Precisamente, la filial del grupo en aquel país, Avangrid, elevó sus resultados un 6% hasta los 682 millones de dólares (unos 550 millones de euros) y una vez que se hayan excluido el impacto del negocio de almacenamiento de gas, así como de cargos por reestructuración y deterioros de inversiones y ajustes en el mercado de renovables.

Asimismo, espera alcanzar en 2022 un beneficio neto entre 3.500 y 3.700 millones y mantener la política de dividendos, creciente en línea con los resultados. Ello implicaría alcanzar un dividendo de 0,40 euros por acción al final del plan.