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OPINIÓN

Por qué digo que no a las quitas

Las deudas hay que pagarlas. Perdonarlas genera incentivos perversos a repetir irresponsablemente en el futuro y agravios comparativos contra quienes optaron por no endeudarse o a hacerlo menos, ajustando gastos e ingresos ordinarios. Pero hay más motivos por los que se deben evitar quitas sobre el nominal de las deudas de las comunidades autónomas con el Tesoro. En particular, porque plantearía un problema con las autoridades comunitarias y con los analistas internacionales; y porque no son estrictamente necesarias. Detengámonos en este último argumento.

Hoy la deuda no es una losa insoportable para ninguna comunidad. Gracias a unos tipos de interés extraordinariamente reducidos, la carga de la deuda no explica ya las dificultades de unos u otros para cumplir con los objetivos de déficit. Por ejemplo, si condonásemos la cuarta parte de la deuda instrumentada a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez, estaríamos hablando de casi 50.000 millones de euros. Pero el efecto sobre los presupuestos ordinarios de las comunidades sería muy limitado y arreglaría poco en el frente de la suficiencia.

Por tanto, la metabolización de la deuda de las autonomías no pasa por las quitas. Hay que pensar en reestructuraciones que amplíen plazos de pago y que mantengan el coste de la deuda en un nivel manejable, incluso en un escenario de normalización de tipos. Cierto que subvencionar entre todos los tipos de interés de los más endeudados es un ejercicio de solidaridad y un rescate implícito. Pero a ojos del ciudadano medio no es lo mismo echar una mano con el pago de intereses que asumir el principal de la deuda.

Dicho lo anterior, es verdad que existen situaciones muy claras de infrafinanciación que hay que corregir. Preferiblemente en el marco de una reforma integral del sistema de financiación, que incluya a todos, también a Cataluña. Pero si eso no es posible, habrá que pensar en soluciones transitorias para 2018 en el caso de las peor tratadas por el sistema. Ser español significa, entre otras cosas, la obligación moral de dar prioridad a los compatriotas que viven en los territorios con una peor financiación para cubrir el coste de sus servicios públicos.

Santiago Lago es director de GEN (Universidad de Vigo).