Báñez plantea endurecer las sanciones contra la temporalidad fraudulenta

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves un endurecimiento de las sanciones a empresas por contratar a trabajadores temporales de forma injustificada. El Gobierno propondrá que la inspección de trabajo imponga por el fraude "tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado la empresa", ha asegurado la titular de Empleo en una comparecencia en el Congreso. Esta iniciativa se trasladará a los agentes sociales en la mesa de calidad del empleo que mantienen Ejecutivo, patronal y sindicatos.

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En estos momentos, si no hay un pico temporal de la demanda que justifique la contratación eventual, los inspectores de trabajo aplican las sanciones por fraude según se tipifica en el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En este se recoge "la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley".

Según explican diversas fuentes expertas en la materia, el castigo por esta infracción consiste en una multa que parte de un mínimo de 660 euros y, a continuación, se ve agravada por el número de trabajadores, el tamaño de la empresa y en función del tiempo durante el que se ha cometido el fraude, entre otros factores. Con este sistema, el número de sanciones nunca coincide con el número de empleados contratados de manera ilegal. Siempre resulta menor, comentan fuentes de Empleo. Pero esto ahora se pretende cambiar, de forma que las sanciones sean más directas y vayan por casos concretos, es decir, trabajador por trabajador. Lo que precisamente multiplicaría la cantidad de penalizaciones. 

"Se corrige así el sistema actual centrado en la infracción y que no contempla íntegramente el número de trabajadores", afirma la nota de prensa del Ministerio.

En principio, este cambio debería aumentar el importe de las sanciones. La propia ministra ha resaltado que esta reforma se aborda con el propósito de reforzar el poder disuasorio de las multas. Se trata de “un paquete potente que permita mandar un mensaje claro e inequívoco: las políticas laborales y de empleo deben orientarse claramente hacia la contratación indefinida y estable y hacia una contratación temporal que se ajuste a las causas que determine la ley”, argumenta el ministerio.

No obstante, algo similar ya sucedió con la ausencia de alta a la Seguridad Social. Los castigos por esta infracción tampoco tenían mucho efecto disuasorio. Para muchos empresarios incluso resultaba económicamente rentable hacerlo a pesar de la multa. Así que en un primer momento se introdujo en la norma una modificación similar a la que propone ahora la ministra: "A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados", reza el artículo 22 en relación con las infracciones por no dar de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, eso no fue suficiente. Según explica Fermín Yébenes, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, la amenaza de sanción no funcionó hasta que se elevó la multa mínima por estas infracciones. Y a su juicio, se debería también hacer lo mismo con la contratación temporal fraudulenta.

Durante su intervención, Báñez ha insistido en que la temporalidad sin causa justificada merma la productividad, supone una competencia desleal, reduce los ingresos públicos y, sobre todo, vulnera los derechos del trabajador. 

Por otra parte, Báñez también ha anunciado la creación de un nuevo contrato ligado a la formación dual. La idea es que el aprendizaje de ese contrato se amplíe y pueda ser determinado por el convenio sectorial. De este modo se asegura que el trabajador obtenga un perfil más acorde a lo que de verdad buscan los sectores y las empresas.