Perú se aferra al pico y la pala
El país, en plena crisis política, intenta impulsar la economía con la construcción de viviendas e infraestructuras
Perú tira del pico y la pala para resanar su economía. El país sudamericano busca en la edificación de viviendas e infraestructuras un motor que anime su PIB, que durante la década pasada logró altas tasas de crecimiento (cercanas al 6% anual) y que se ha desvanecido ante la menor demanda de metales por parte de China y la caída en el precio de las materias primas. Tras dos años consecutivos de números negativos, consecuencia de los retrasos en la ejecución de obras, una contracción del gasto público y una disminución del consumo interno, el sector de la construcción ha empezado a ver la luz al final del túnel. Al cierre de 2017, la construcción remontará un 3,5%, de acuerdo con las expectativas del Gobierno, y en 2018 se espera un alza del 8,9%. Sin embargo, aún no se puede celebrar nada.
El pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a expresidentes y exministros de los tres últimos Gobiernos peruanos ha puesto sobre las cuerdas las halagüeñas perspectivas. “El caso de corrupción estremeció a toda América Latina, pero en Perú fue un tsunami”, explica Hugo Perea, economista en jefe del BBVA en el país sudamericano. Los avances e inicios de algunas obras se pospusieron, al igual que nuevas adjudicaciones para proyectos de infraestructura. “Los escándalos han ahuyentado a los contratistas”, dice una fuente cercana al sector.
Ya a principios de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (que ha estado a punto de ser destituido por sus vinculaciones con Odebrecht) advertía el impacto: “No podemos negar que [el caso de la compañía brasileña] es un freno a la economía”. Este año el escándalo —en un contexto de debilidad de la inversión y desaceleración del consumo— ha dejado su impronta. El PIB crecerá solo un 2,5% al cierre de 2017, según Cepal, tras haber aumentado un 4% en 2016.
A pesar de ello, el Gobierno no pierde la esperanza de que el cemento y hormigón vuelvan a la palestra. Para ello ha reactivado la inversión pública, que en 2015 cayó un 9,5% y en 2016 se mantuvo sin cambios. Además está a la espera de que los inversores privados regresen con recursos frescos, después de que resguardaran sus billeteras ante la incertidumbre relacionada con los escándalos de corrupción de proyectos firmados en años pasados, según explica un análisis del Banco Mundial.
Será en 2018 cuando el ladrillo peruano se recupere con fuerza. La mira está puesta en cuatro grandes proyectos: los avances de la línea 2 del metro de Lima, el inicio de obras de ocho sedes deportivas para los Juegos Panamericanos, la ampliación y reforma de la refinería de Talara, y la reconstrucción de viviendas y carreteras afectadas por las fuertes lluvias que se registraron a principios de 2017. En total, se prevén inversiones por más de 4.000 millones de dólares y su desarrollo aportará más de un punto porcentual al PIB, según un análisis del BBVA.
Pero esta derrama resulta insignificante para satisfacer las necesidades del país. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), Perú requiere una inversión de unos 16.000 millones de dólares en infraestructuras durante los próximos ocho años para cerrar la brecha con las naciones de la OCDE, de la que no forma parte. “Perú se ha concentrado en el transporte por carretera, el uso de otros medios de transporte es escaso. A ello hay que añadir que la calidad de los puertos, vías férreas y autopistas es inferior a la de la mayoría de los países de referencia”, según la OCDE.
El país andino, con 31,7 millones de habitantes, ocupa la posición número 86 en calidad de infraestructura, de un total de 140 a nivel mundial, de acuerdo con el Fondo Económico Mundial. Por encima están países como Guatemala (84), El Salvador (77) y Ecuador (72). El desarrollo de nuevas obras se ha convertido en una exigencia constante entre una clase media que va en ascenso (ya representa el 38% de la población, cuando en 2004 apenas llegaba a la mitad), indica Perea.
La historia se repite
No es la primera vez que Perú intenta echar mano de la construcción. A mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando el país se vio forzado por los organismos internacionales a liberar su economía, el Gobierno de Alberto Fujimori, el autócrata que dirigió la nación entre 1990 y 2000 después de un golpe en 1992, se enfocó en el desarrollo de obras de infraestructura con programas de rehabilitación y mantenimiento de autovías, la puesta en marcha de carreteras rurales y la construcción de escuelas.
Su desempeño, sin embargo, menguó. Fue hasta la primera década del nuevo siglo cuando logró despegar nuevamente. A pesar de la crisis mundial y la bajada en la demanda de materias primas, llegó a crecer entre un 15% y un 18%, y empezó su debacle a partir del 2010, hasta contraerse un 5,38% en 2015 y un 3,14% el año pasado. El papel que juega la construcción es de suma importancia, explica Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de Latinoamérica del Centro de Desarrollo de la OCDE. Su contribución al PIB pasó de un 5% a principios del siglo a un 7% en 2014. En los últimos años se ha estancado en una cuota cercana al 6%, que representa la mitad de lo que aporta la extracción de petróleo, gas y minerales y el sector manufacturero. Lograr una mayor aportación del ladrillo no es un reto sencillo, dice Perea. Los casos de corrupción, que también han trastocado a la principal constructora del país (Graña y Montero), se han convertido en un fantasma recurrente.
