Una mejora insuficiente

Es cierto que las comunidades autónomas recibirán en 2018 más dinero que nunca del sistema de financiación pero hay que hacer, al menos, tres precisiones.

La primera tiene que ver con la inflación. Cierto que no ha sido muy elevada en la última década, con años en negativo. Pero el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre de 2017 es un 13,4% superior al de hace una década (noviembre de 2007). El poder adquisitivo de una misma masa global de recursos es significativamente inferior.

La segunda es que los recursos corrientes de las Administraciones autonómicas incluyen otros conceptos, además de los que proceden del sistema de financiación en sentido estricto. En particular, hay que referirse a la recaudación tributaria que se sitúa al margen del sistema: los impuestos propios y la recaudación de los cedidos que se sitúa por encima de un determinado importe (lo que técnicamente se conoce como recaudación normativa). El desplome del mercado inmobiliario ha hundido la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados respecto a los máximos pre-crisis. La competencia fiscal en el Impuesto sobre Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, consecuencia de una descentralización de ambos mal diseñada, ha hecho lo propio en el ámbito de la tributación patrimonial en un buen número de comunidades.

Finalmente, las comunidades autónomas receptoras de los fondos de la política regional han visto cercenados sus ingresos de capital por la abrupta caída del Fondo de Compensación Interterritorial y por la progresiva reducción de los fondos europeos.

Combinando los tres factores, la suficiencia de las comunidades autónomas de régimen común y su capacidad de acción política seguirá en 2018 por debajo de los niveles pre-crisis, con una cartera de servicios que no ha menguado y un envejecimiento que presiona al alza en la principal función de gasto de las comunidades (la sanidad) y complica el despliegue de la llamada Ley de la Dependencia.

En todo caso, la solución no puede venir de un mero trasvase de recursos de la Administración central a las autonómicas. Primero, porque la primera tiene por delante un objetivo exigente en cuanto a la reducción de su déficit estructural: no le sobran recursos. Segundo, porque la Seguridad Social tiene un déficit que, de una manera u otra, va a tener que acabar soportando en parte la administración central: sea transfiriendo recursos, sea asumiendo el coste de una parte de las prestaciones.

La solución de verdad es una profunda reforma del sistema fiscal español que, además de mejorar su eficiencia y equidad, proporcione mayores recursos para eliminar el déficit estructural y apuntalar algunas funciones de gasto, en especial las que corren a cargo de las comunidades autónomas. No podemos seguir paralizados otro año más por lo que está ocurriendo en Cataluña.

Santiago Lago Peñas es miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación. Universidad de Vigo (GEN)