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Bruselas investiga los privilegios fiscales de Ikea en Holanda

La Comisión sospecha que las ventajas tributarias concedidas son ilegales

Bruselas investiga el sistema por el que la multinacional sueca Ikea reduce significativamente el pago de impuestos en Europa. El Ejecutivo comunitario está estudiando dos trajes fiscales a medida que Holanda ofreció a la multinacional y que erosionaban sustancialmente —uno de ellos aún se aplica— los beneficios sujetos a tributación. Por el momento, las autoridades de Competencia rehúsan ofrecer cifras de cuánto dinero ha podido ahorrarse la firma de muebles y otros productos del hogar. Un estudio de Los Verdes en el Parlamento Europeo, que propició esta investigación, lo estimaba en 1.000 millones de euros, aunque las pesquisas de la Comisión no cubren todos los supuestos que analizaba el trabajo de los eurodiputados.

Una tienda de Ikea en Suecia.

Los casos de grandes compañías que aprovechan su posición para obtener prebendas fiscales abusivas de los Estados se acumulan en el despacho de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. "Todas las empresas, grandes o pequeñas, mutinacionales o no, deberían pagar su parte correspondiente de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que determinadas empresas paguen menos impuestos permitiéndoles desviar artificialmente sus ganancias a otros territorios", advirtió en un comunicado. En todos los casos probados, Bruselas reclama a los Estados miembros que recauden las cantidades que dejaron de ingresar —ilegalmente— para favorecer la permanencia de la empresa en su territorio.

La investigación de la Comisión Europea se centra en Inter Ikea, con sede en Holanda. Se trata de la filial que gestiona los derechos de propiedad intelectual de la compañía, que opera en régimen de franquicias. No posee, por tanto, las tiendas físicas. Lo que hacen todas esas tiendas diseminadas por el mundo es abonar un 3% de su facturación a Ikea, que la cobra a través de una filial denominada Inter Ikea Systems. Con esa cantidad, las tiendas se garantizan los derechos de uso de la marca.

La Comisión pone la lupa sobre dos esquemas. El primero, bendecido por la autoridad fiscal de Holanda en 2006, avalaba un pago anual que hacía Inter Ikea Systems a una filial holding radicada en Luxemburgo. Ese pago anual —muy elevado, una "parte significativa" de los ingresos de la empresa, según la investigación— pretendía remunerar determinados derechos de propiedad intelectual que tenía la empresa luxemburguesa. El resultado es que la mayor parte de los beneficios sujetos a tributación en Holanda eran transferidos a la sociedad de Luxemburgo, que estaba exenta del pago de impuestos. Bruselas cuestiona que el pago de esa licencia correspondiera a precios de mercado y sospecha que se fijaba un nivel tan elevado para eludir artificialmente la fiscalidad en Holanda.

De Luxemburgo a Liechtenstein

Cuando el Ejecutivo comunitario declaró ilegal este esquema, en 2011, la compañía decidió reestructurar su modelo. Inter Ikea Systems compró la parte de  derechos de propiedad intelectual en manos de la filial luxemburguesa. Para financiar esa operación, pidió un préstamo a una filial que operaba en Liechtenstein. Esa fórmula, la de solicitar un crédito a una filial con condiciones que se alejan del mercado, suele ser otra fórmula que emplean las multinacionales para eludir la tributación. Para proporcionar certidumbre, Holanda revistió de legalidad lo que hacía Ikea y le dio otro traje fiscal a medida. Ese tax ruling (por su denominación inglesa) avalaba los pagos en concepto de intereses que la empresa holandesa hacía a la filial de Liechtenstein. Como resultado, "una parte significativa" de los beneficios de la empresa que gestionaba las franquicias se desviaba a ese Estado ajeno a la UE (y, por tanto, a sus reglas sobre ayudas de Estado).

A la Comisión le preocupa que las dos resoluciones impositivas (de 2006 y 2011) que aplicó Holanda a Ikea hayan dado a la compañía una posición injusta y ventajosa en comparación con otras empresas sujetas a las mismas normas fiscales nacionales en Países Bajos. Esto infringiría las normas de la UE sobre ayudas estatales, que tienen que garantizar la competencia en igualdad de condiciones en todo el territorio comunitario. Competencia no tiene capacidad para juzgar si esto supone un abuso tributario; simplemente puede invalidar los esquemas cuando se demuestra que solo se ofrecen a una o varias compañías, no al resto.

Holanda ha asegurado que "cooperará completamente con la investigación para determinar si se concedieron ayudas estatales" ilegales, indicó a la agencia France Presse un alto responsable holandés en Bruselas. En cuanto a Ikea, sus responsables consideran que su tributación se ajusta a la normativa comunitaria y prometen cooperar con la Comisión, según un comunicado de la compañía sueca.

Bruselas comenzó a investigar el caso en abril de 2016, a raíz de los datos incluidos en un informe del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, publicado en febrero. El estudio describía una "estrategia de planificación fiscal agresiva" del gigante del mueble y la decoración. Y apuntaba a un ahorro fiscal abusivo de unos 1.000 millones de euros durante seis años en toda la UE. La Comisión asegura que solo dará cifras si, tras la investigación abierta, concluye que efectivamente hubo abuso. En todo caso, es de esperar que las posibles cantidades reclamadas a Holanda resulten inferiores porque el documento de Los Verdes apuntaba a esquemas aplicados también en otros países europeos, no solo en Holanda.

Las autoridades europeas de Competencia han convertido los privilegios fiscales de las multinacionales en una línea de investigación primordial. El caso más representativo afecta a Irlanda, obligada en agosto de 2016 a recuperar una cifra récord de 13.000 millones de euros del gigante Apple por impuestos que le perdonó irregularmente. Marcos similares se identificaron en Luxemburgo (con Fiat y Amazon), en Holanda (con Starbucks) y en Bélgica, con un régimen que favorecía al menos a 35 multinacionales. Paradójicamente, los Estados se resisten a reclamar unas cantidades que mejorarían la salud de las arcas públicas por miedo a que las firmas huyan a otros territorios más permisivos.

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