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El administrador concursal de TP Ferro presiona a España y Francia por el túnel del AVE

El representante de los acreedores, que reclama 500 millones, insiste en hacer un arbitraje que los dos países rechazan solicitar

Túneles del paso transfronterizo del AVE en el Pertús.
Túneles del paso transfronterizo del AVE en el Pertús.

La Administración Concursal de TP Ferro Concesionaria, la sociedad que construyó la línea férrea entre Perpignan (Francia) y Figueras (España) que luego presentó concurso de acreedores, ha lanzado una nueva ofensiva para que los Gobiernos de los dos países nombren un árbitro para dirimir las diferencias que les separan como consecuencia de la resolución del contrato de concesión de construcción y explotación del citado tramo. El administrador concursal presentó formalmente el pasado agosto la solicitud de arbitraje a los dos Gobiernos (representados por el Ministerio de Fomento español y de l'Environment, de l'Energie y de la Mer francés) al "no haber espacio para una solución amistosa" y les reclama más de 500 millones de euros más daños y perjuicios.

Asimismo, TP Ferro inició un arbitraje en Bégica y siguió los trámites requeridos bajo el contrato de concesión y el derecho belga para constituir un tribunal arbitral, compuesto por cinco miembros, para dar seguimiento a sus reclamaciones a los Gobiernos. Según sus estimaciones, podría estar listo en un plazo de entre uno y dos meses.  

A juicio del administrador concursal, que está representado por los despachos Gómez-Acebo y Pombo y Quinn Emanuel Trial Lawyers, los Gobiernos "están siguiendo· una estrategia directamente encaminada a eludir sus responsabilidades y demorar todo lo posible el pago de la compensación por la inversión directa realizada por T.P. Ferro en el proyecto". Los concedentes, sin embrago, han manifestado que la responsabilidad patrimonial de la Administración (es decir, el pago que deben los gobiernos a TP Ferro por financiar y construir el tramo, que incluye el túnel de El Pertús) será cero o incluso una cifra negativa.

Los reclamantes, que quieren dejar claro que representan a los acreedores y no a los accionistas (la firma francesa Eiffage y la española ACS), han subrayado que esa circunstancia "resultaría una expropiación ilegal de la inversión hecha por TP Ferro y un correlativo enriquecimiento injusto por parte de los Gobiernos", los cuales explotan los 45 kilómetros objeto de la disputa. En ese sentido, insisten en que su actuación "es manifiestamente injusta y contraria a la buena fe que debe presidir las relaciones contractuales y arroja serias dudas sobre la fiabilidad exigida en este tipo de proyectos en los que un marco legal estable y unas instituciones transparentes son esenciales para atraer los capitales privados".

En esa ofensiva, los reclamantes insisten en que "resulta más sangrante aún teniendo en cuenta que la sección internacional financiada por Ferro es la piedra angular sobre la que descansa la totalidad del proyecto del Corredor del Mediterráneo, sin la que esta infraestructura resultaría prácticamente inviable". 

Problemas sucesivos

ACS y Eiffage, a través de T.P. Ferro, se adjudicaron en 2004 la construcción de la obra para su explotación durante 50 años. Los trabajos terminaron en 2009 con una inversión total de 1.200 millones, que superaban las previsiones. A partir de ahí se suceden los problemas centrados en que las conexiones con las líneas de Barcelona y Montpelier no se finalizaban y, sobre todo, porque se advirtieron dificultades para hacer frente a la deuda. Al final, la conexión Barcelona-Paría se inauguró en diciembre de 2013, con cinco años de retraso y el tráfico era mucho menor del previsto.

Ante eso, comienza el calvario de la empresa, que negocia con los acreedores para la refinanciación de la deuda el aplazamiento de la deuda. En otoño de 2014, varios fondos internacionales (entre ellos, Avenue Capital Group, BlueMountain capital Management y Neuberger Berman) compran el 52% de la deuda con un 30% de descuento sobre el nominal. 

En diciembre de ese año, las dos constructoras socias presentan una demanda contra España y Francia en Suiza solictando compensación de 93 millones por el menor tráfico de trenes respecto a lo previsto y 350 por sobrecostes. El Tribunal de Arbitraje de Ginebra sentenció que no tenía derecho a la indemnización de 350 millones porque los estados no tienen que hacerse cargo de "una serie de hechos imprevisibles que han causado importantes sobrecostes en la construcción". Así que en marzo de 2015 presenta preconcurso y en julio, ante la negativa de España y Francia de reestructurar la deuda, solicita el concurso, que se celara en septiembre y una año después se inicia la fase de liquidación.