El Gobierno exige a la CNMV que anule la opa de Atlantia sobre Abertis

La oferta pública de adquisición por Abertis adquiere tintes de conflicto diplomático. La italiana anunció su oferta en mayo pasado pero se vio frenada por una opa competidora de la española ACS (a través de su filial alemana Hochtief). El Gobierno se declaró neutral desde un principio aunque avisó de que cualquier intento por hacerse con la concesionaria debía contar con su visto bueno previo. Un aviso al que hizo oídos sordos Atlantia cuando presentó formalmente la documentación ante la CNMV.

Por eso, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto. Los ministerios de Fomento y de Energía han requerido al regulador bursátil para que “subsane el defecto provocado” por la decisión de Atlantia de no solicitar autorización al Gobierno para lanzar su oferta sobre la concesionaria española. Bajo esa fórmula un tanto eufemística, el Ejecutivo de Rajoy deja claro que no va a tolerar que ninguna empresa se haga con el control de Abertis sin contar con su aprobación que, probablemente, estará sujeta a una serie de condiciones.

De hecho, el regulador bursátil aclaraba horas después del comunicado de los ministerios que lo que le habían solicitado ambos departamentos era “la anulación o revocación” del acuerdo del Consejo de la CNMV de 9 de octubre por el que se autorizó la opa de Atlantia sobre Abertis. En realidad, se trata de un requerimiento previsto en la jurisdicción, como paso previo a la eventual interposición de un recurso contencioso administrativo en relación con un acto de otra Administración pública. La CNMV dispone de un mes para contestar. Y si contesta negativamente, el Gobierno llevará el caso a los triibunales.

Empresa estratégica

Los ministerios de Fomento y de Energía argumentan que Abertis es una empresa estratégica para el interés nacional, ya que es el mayor gestor de autopistas de peaje de titularidad pública en España, y es accionista de referencia de Hispasat, la compañía de satélites que opera en un sector transcendental como las telecomunicaciones, con implicaciones en defensa.

Se da la circunstancia de que la CNMV ya aprobó el pasado 9 de octubre, el folleto de opa de Atlantia por 16.341 millones de euros, aunque se dejó en suspenso tras presentar ACS una contraopa, valorada en 18.600 millones.

En ese folleto, el grupo italiano objetó que no veía necesaria la autorización del Ejecutivo español porque su oferta no se dirige a las sociedades concesionarias de cada una de las autopistas que explota Abertis en España, ni al operador de satélites Hispasat, sino al grupo matriz de todas estas firmas. Atlantia añadió que asumiría las consecuencias de no haber obtenido esa autorización, en caso de que un tercero (en este caso, el Gobierno español), sí la considerara exigible. Fomento y Energía han revelado que Hochtief sí que ha solicitado ese visto bueno pertinente. La opa del grupo que preside Florentino Pérez está pendiente de autorización por la CNMV.

Los dos ministerios, que basan su petición en la legislación vigente, en estudios internos y en el informe solicitado a la Abogacía del Estado, han recalcado que la exigencia de autorización no prejuzga la decisión final que adoptarán.

Curiosamente, Fomento admite que ese informe de la Abogacía señala que, “aunque no es completamente seguro, resulta razonable” el criterio de que es necesaria la autorización del Gobierno para comprar Abertis por gestionar autopistas de peaje de titularidad pública. No obstante, en el caso de Industria el informe estima que debe exigirse la “preceptiva” autorización prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de julio de 1997, por el que se otorga a Hispasat la concesión del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria atribuida actualmente al Estado español.

Respuesta de Atlantia

Atlantia no tardó en reaccionar. La italiana señaló que respeta las posiciones adoptadas por los ministerios afectados pero que “siempre se ha adaptado respetuosamente a cualquier solicitud de la CNMV y ha actuado en coherencia con los precedentes y con cualquier legislación aplicable”. Unas palabras de que las que se deduce que el grupo no llevará a cabo por ahora ninguna gestión ante el Ejecutivo y seguirá adelante con su opa salvo que el regulador bursátil le diga lo contrario. Y es que la empresa se va a agarrar precisamente a ese informe de la Abogacía que no considera "seguro" que sea preceptiva la autorización gubernamental, informaron en fuentes de la negociación.

Oficialmente, la empresa prefiere guardar las formas y, tras recordar que ya había comunicado a los respectivos Ministerios su disponibilidad para suministrar cualquier información o documentación relevante "para dar seguridad al Gobierno con referencia a la correcta gestión futura de las concesiones operadas por Abertis", mantiene esa disponibilidad para discutir cualquier solicitud del Ejecutivo en este aspecto.