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La guerra de las encimeras se recrudece en los juzgados

La silicosis, generada por la manipulación del cuarzo prensado, enfrenta a extrabajadores enfermos y pequeños marmolistas arruinados

Un marmolista trabaja cortando cuarzo.
Un marmolista trabaja cortando cuarzo.

“No me he ahorcado porque no tengo cojones para hacerlo, pero no voy a negar que la idea se me ha pasado por la cabeza”. El rostro de Manuel Barbosa se torna sombrío cuando reconoce hasta dónde sería capaz de llegar en el conflicto que le atenaza. Su pequeña marmolería en Chiclana de la Frontera (Cádiz) está en concurso de acreedores. Tiene siete juicios abiertos con trabajadores que “eran como familia” y que ahora están enfermos de silicosis, una grave enfermedad pulmonar producida por la manipulación inadecuada de encimeras de cuarzo con alto componente en sílice. Barbosa sospecha que él mismo pueda estar enfermo: “Prefiero no saberlo”. El conflicto de este marmolista con sus exempleados es uno de los muchos que ahora se dirimen en los juzgados españoles, tras la exposición incontrolada en los años del boom urbanístico.

“Es una ruina personal, económica y familiar. Fue un fallo sistémico en el que todo lo que pudo fallar, falló”, resume Serapio Martín, un abogado de Barakaldo (Vizcaya) que defiende tanto a empleados como empresarios afectados por la enfermedad. Pero no siempre fue así. Cuando, a mediados de los 90, empezaron a trabajarse esas nuevas encimeras de piedra artificial y vivos colores ningún marmolista asumió precauciones añadidas a las que se tomaban para el corte de otros materiales naturales, como el mármol o el granito. “Esas piedras tienen una composición de no más el 30% de sílice. Las encimeras de cuarzo llegaban al 90%”, explica Carlos Moreno, gerente de Fedesmar, federación nacional que aglutina hasta 80 marmolistas afectados. “Al principio, nadie nos avisó de cómo se podían trabajar y los servicios externos que nos hicieron los planes de prevención tampoco dijeron nada”, denuncia Barbosa.

Ismael Aragón estuvo trabajando 14 años en una marmolería. Al cortar sin agua las encimeras de cuarzo, las micropartículas de sílice quedaban hasta dos días en suspensión y acabaron en sus pulmones. En 2009, comenzó a sentirse mal: se asfixiaba y tenía fuertes fiebres. Tras muchas pruebas, consiguieron detectarle silicosis, una enfermedad tradicionalmente asociada a la minería. “Mientras que un minero contraía la enfermedad tras 30 años, ellos se han visto afectados de una forma más extensa en cuatro o cinco años”, sostiene Andrés Rabadán, médico epidemiólogo y jefe de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.

“Hoy somos más de 100 afectados solo en Cádiz y más de 200 en toda Andalucía, pero hay enfermos en toda España. Cada vez estamos peor y no sabemos cómo acabará esto”, afirma Aragón, también presidente de la asociación ANAES. Mientras lidiaban contra un mal sin tratamiento y que ya ha producido dos muertos en Chiclana, los trabajadores iniciaron una dura batalla para el reconocimiento profesional de la enfermedad. “Hasta hace hace un año el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) no ha empezado a interpretar la norma que ha determinado que es incapacitante para el trabajo habitual”, explica Rabadán.

Los inspecciones de trabajo han reclamado a las marmolerías recargos de prestaciones por accidente laboral (entre un 30 y 50% más de la prestación reconocida). A su vez, los trabajadores han abierto procesos ante juzgados de lo social y lo penal contra pequeños empresarios que eran amigos o familia. “Nuestro papel es reclamárselo a ellos como responsables y luego ellos tendrán que mover su ficha”, reconoce Aragón, enfrentado a su tío dueño de la marmolería en la que trabajaba. A su vez, los empresarios se muestran incapaces de hacer frente a cuantías por trabajador que van de los 150.000 a los 200.000 euros y piden la implicación de servicios de prevención y fabricantes. “De las 24 marmolerías que había en Chiclana, quedamos cuatro. Yo tengo siete procesos abiertos, estoy en concurso de acreedores y todos mis bienes están embargados”, declara Barbosa.

Batalla judicial y familiar

Con la guerra personal abierta, la batalla ha llegado a los juzgados con importantes contradicciones. “En la provincia hay juzgados que están fallando a favor del trabajador y otros que no”, comenta Manuel María Freire, abogado de lo laboral con más de diez casos de silicosis. Mari Ángeles Butrón, letrada encargada de defender a Barbosa en un juicio penal, lo tiene claro: “Es una situación tan complicada y nueva que ni jueces ni fiscales saben cómo enfrentarlo”. “Es un sector donde hay una atomización grande de pequeñas empresas y trabajadores que no disponen de toda la información para hacer valer sus derechos. Y se enfrentan a grandes corporaciones -por los fabricantes- con muy buenas asesorías jurídicas”, dice Martín.

En el juicio penal de Barbosa, además del empresario, están imputadas dos empresas de prevención de riesgos laborales. Ahora en la instrucción, Butrón ha solicitado al juez incluir también como investigado al fabricante de las encimeras. Se basa en la jurisprudencia creada por el fallo 90109/17 de la Audiencia Provincial de Bilbao que confirma una sentencia del juzgado de lo Penal Número 1 de la misma ciudad contra el empresario de Marmolería Cid, las aseguradoras y los fabricantes Levantina y Cosentino.

Aunque la sentencia acabó absolviendo a todos los acusados por prescripción de delitos, sienta las bases para futuras reclamaciones civiles o penales, ya que es la primera que considera probada la implicación de fabricantes y servicios de prevención en el conflicto. “Se les comunicó a los responsables de la marmolería que el Silestone y otros aglomerados se trabajaban igual que la piedra natural (…) por tanto los responsables de la empresa confiaron y no plantearon aumentar la seguridad”, considera el juez como hecho probado. Y añade: “Además de las carencias de información, las fichas de seguridad no fueron entregadas a la marmolería hasta el año 2009 -pese que estaba comprando encimeras desde 1999-, y ello afectó a todas las marmolerías de Bizkaia y del país”. El mismo fallo añade que al tratarse de “un riesgo emergente” no conocido, “no se puede atribuir responsabilidad” al marmolista.

“Esta sentencia refleja exactamente una fotografía de lo que ocurrió en el sector”, defiende Martín, que participó en el proceso como abogado de los dueños. Sin embargo, en Cosentino no lo tienen tan claro. Puntualizan que los conglomerados de cuarzo “son seguros” y que ellos no tienen competencia sobre las medidas de seguridad adoptadas por las marmolerías. Pese a eso, aclaran que su empresa “informó y formó a los profesionales del sector marmolista tanto de su producto, como sobre las medidas de seguridad necesarias para trabajarlo, que no eran otras que las que ya debían estar aplicando para la manipulación del granito y otras piedras”. Sin embargo, eluden valorar la sentencia, ya que dicen que “está pendiente de instancias superiores”. Mientras, fuentes de empresas de servicios de prevención se ponen de perfil y señalan a la falta de información de los fabricantes como el origen del fallo en sus planes.

Con todo, Carlos Moreno espera que la sentencia sirva para “conocer a los verdaderos responsables y la magnitud del problema”. Además, pide que se paralice “la aplicación de forma indiscriminada del recargo de prestaciones”. Incluso va más allá: “Defendemos que lo ideal es que este material solo sea trabajado por empresas preparadas, hay que limitar su distribución”. Por su parte, Ismael Aragón tiende su mano al diálogo con los empresarios: “Tenemos la puerta abierta. Comprendemos su situación, pero ellos tienen que entender la nuestra. Estamos enfermos en la flor de nuestra vida”.