Un objetivo imposible

Como era previsible, la persistencia de las tensiones independentistas en Cataluña se ha convertido en un riesgo probable para el crecimiento económico español y en un poderoso factor de desestabilización de la economía catalana. El FMI y las agencias de calificación de riesgos advierten con insistencia en que la crisis independentista restará puntos al crecimiento y es evidente que perjudica gravemente la percepción de estabilidad del país. La prima de riesgo sube, aunque moderadamente y los mercados responden alternativamente a impulsos de pesimismo y exaltación (el último, ante la supuesta no declaración de independencia de Puigdemont; necesitaríamos a un Lewis Carroll en plena forma para que interpretara el “asumo el mandato...”). Pero los inversores han tomado nota de la incertidumbre y pueden tenerla en cuenta para decisiones futuras.

En Cataluña, el daño de la crisis política puede ser devastador y es una grave irresponsabilidad imputable a quienes han estimulado el independentismo que no hayan advertido a los ciudadanos de las consecuencias del acto político que patrocinan. El primer efecto, esperado por todos aunque no por la intelligentsia independentista, es el cambio de sede de las empresas. En nombre de la precisión, no se trata de una fuga de empresas; no hay deslocalización. El patrimonio se mantiene en Cataluña. El efecto fiscal, en ausencia de un análisis y cuantificación detallada, no será muy relevante, porque en última instancia sólo afecta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, modalidad operaciones societarias y casi exclusivamente en el caso de ampliaciones de capital que se realicen con dinero nuevo. El problema para el independentismo es que el cambio de sede es un voto en contra, nítido y firme, del universo de los negocios contra la ilusión de una Cataluña independiente.

Una Cataluña independiente carece de viabilidad económica. Arrastra una calidad crediticia de bono basura, no se adivina cómo podría pagar su deuda, el sistema de pensiones caería en estado de colapso en un mes y los factores de crecimiento económico quedarían rápidamente oprimidos por el cambio del marco comercial y financiero. En síntesis: la economía catalana tiene déficit fiscal —uno de los motivos para el autoconvencimiento en la rauxa y del “España nos roba”— porque frente al resto de España dispone de superávit comercial y de balanza de capitales. Vende más al resto de España de lo que compra y capta más dinero fuera de Cataluña que dentro. Independícese Cataluña y en breve tendrá que hacer frente a coste superiores para sus productos en los mercados europeos , lo cual implicará la reducción del superávit comercial y la financiación perderá las ventajas derivadas de la pertenencia al BCE. Todo esto es un lugar común, un recordatorio de manual que se resume por mor de la brevedad y de que la probabilidad de una Cataluña independiente es hoy muy baja.

El problema es que el independentismo recalcitrante no reconoce estos costes devastadores. Que, por cierto, también incidirían sobre la economía española. Rabian de incompetencia e irresponsabilidad cuando responden a la evidencia con un “¡No nos amenacen!” Y, lo que es más peligroso, ofrecen soluciones atolondradas o disparates inquietantes; de esa naturaleza son las propuestas desgañitadas de que se cree una banca pública para responder al cambio de sede de los bancos o se recurra al control de los flujos de capitales. Una economía catalana independiente no es viable, ni a corto ni a medio plazo; pero es que los políticos autollamados a gobernarla, por lo visto, tampoco lo son.