Hacienda araña 150 millones en una década por cuentas olvidadas en los bancos

El patrimonio abandonado, sin dueño o que no lo reclame nadie termina en manos del Estado. Es una vieja costumbre castellana recogida en el acervo legislativo español desde el siglo XV. Este principio actualizado y recogido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas permite que el Estado se quede con el dinero de las cuentas corrientes abandonadas en los bancos. Se trata de aquellas cuentas que no hayan tenido ningún movimiento durante, al menos, los últimos 20 años.

Las entidades bancarias tienen obligación de informar al Tesoro Público de la situación de estos depósitos cada año. La Dirección General de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, arañó 24,42 millones de euros de estos depósitos durante el año pasado. El Estado ha ingresado 152,8 millones de euros de estos depósitos desamparados o inertes en la última década. "Se trata de muchas cuentas con pequeñas cantidades sin importancia, pero que al final suman un dinero", explica Felipe Martínez Rico, subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En los últimos años se ha producido un repunte del dinero abandonado en el banco. Martínez Rico explica que esta circunstancia se debe a las fusiones de las entidades financieras de los últimos años. Al reordenar los balances y con la regularización contable para la integración de los bancos afloran cuentas que no han tenido movimientos durante muchos años. La mayor parte de estos depósitos bancarios proceden de personas que cambiaron de entidad y olvidaron cancelar las cuentas con un pequeño saldo que tenían en otro banco.

El Estado también se queda el dinero de las herencias sin reclamar. El año pasado ingresó 12,2 millones por este concepto. Se trata de los bienes de ciudadanos que han fallecido sin hacer testamento y sin herederos legales. Estos casos son más complejos porque el procedimiento legal es más farragoso.

Dónde va ese dinero

El Estado recompensa a aquellos que le avisen de las herencias sin asignar con una cantidad equivalente al 10% de lo que ingrese finalmente tras descontar los gastos notariales y registrales. En la última década ha pagado más de cuatro millones de euros a cazadores de herencias. Solo el año pasado "se ha reconocido el derecho a premio en 21 casos con un importe total de los mismos de 512.678,60 euros", según figura en la memoria anual de la Dirección general de Patrimonio de 2016.

¿Qué hace el Estado con ese dinero? Martínez Rico explica que el procedimiento de asignación cambió hace un par de años. Hasta 2015 la Administración tenía la obligación de entregar una tercera parte de la herencia a instituciones de beneficencia, organizaciones de acción social o entidades profesionales en la ciudad donde vivía el difunto. Otra tercera parte iban a ONG de la provincia. Y el resto, otro tercio, lo ingresaba el Tesoro Público para financiarse. Pero a partir de 2015, se suman los dos tercios de los bienes obtenidos por estas herencias a la bolsa del 0,7% para fines sociales de las declaraciones del IRPF. Y se distribuyen entre las distintas provincias. "Así se garantiza la distribución territorial de estas cantidades", precisa el subsecretario de Hacienda.

En el caso de las cuentas corrientes abandonadas, el Gobierno también modificó la ley para destinar todo este dinero a "la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad·"