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Madrid y Cataluña, las más beneficiadas por la financiación que proponen los sabios

Fedea analiza las propuestas de reforma del sistema de financiación sobre los recursos de las autonomías

Jesús Sérvulo González

La Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, junto a las autonomías peor tratadas en el actual sistema de financiación —Comunidad Valenciana y Murcia— serían las más beneficiadas si se aplicara la propuesta central del grupo de expertos que han diseñado la reforma del modelo de financiación, según cálculos de Fedea. Esta fundación ha calculado el impacto que tendría cada una de las opciones que plantean los sabios y que deben negociar los políticos.

Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro reciben el informe reforma del sistema de financiación
Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro reciben el informe reforma del sistema de financiaciónCarlos Rosillo (EL PAÍS)

Madrid, Cataluña y Canarias serían los territorios más beneficiados por la propuesta del comité de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la financiación autonómica. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), dirigida por Ángel de la Fuente, uno de los expertos más activos e influyentes, ha calculado el efecto que la reforma tendría sobre los ingresos de las comunidades. El resultado es que Madrid y Cataluña, que actualmente están por debajo de la media en el índice de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas, mejorarían mucho su financiación hasta situarse por encima de la media. Las autonomías que están peor tratadas por el sistema de financiación, Comunidad Valenciana y Murcia, también obtendrían un aumento significativo de los recursos y ganarían posiciones hasta acercarse al nivel medio. Esta conclusión se produciría en el escenario central —con supuestos continuistas. El grupo de sabios deja opciones para la decisión política—. En definitiva, las comunidades más prósperas (Madrid, Cataluña y Baleares) junto con las peor tratadas saldrían beneficiadas porque el actual sistema deja más autonomía fiscal a las autonomías y por otra parte reduce las diferencias de financiación entre la mejor tratada y la peor.

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Para hacer estos cálculos, Fedea parte de las necesidades de gasto que tienen las comunidades para prestar los mismos servicios públicos y considerando su estructura de población. Se tiene en cuenta el envejecimiento, la población en edad escolar y la dispersión geográfica, lo que en el argot académico se denomina "población ajustada". Los expertos proponen mejorar este índice valorando la población que estudia ciclos superiores o la población mayor de 65 años ponderada por tramos de edad y considerando la población en riesgo de pobreza o exclusión. Además, añade una nueva variable para tener en cuenta los costes fijos de prestar los servicios, lo que favorece a los territorios más pequeños.

De la Fuente ha construido una herramienta que permite modificar el peso de cada una de estas variables. Así como otros aspectos, como el grado de nivelación —hasta dónde se igualan los recursos entre autonomías para los mismos servicios— o si hay que suprimir el statu quo —un principio por el que ningún territorio pierde capacidad respecto al sistema anterior y que arrastra deficiencias históricas— o si se aplica el principio de ordinalidad, que ninguna comunidad pierda posiciones respecto al resto en términos de riqueza tras el reparto.

El cálculo expuesto en el trabajo de Fedea (puede modificarse cambiando las variables del sistema) es continuista y tiene en cuenta la supresión del statu quo durante un periodo transitorio de cinco años. Además, respeta el principio de ordinalidad. Y, en este escenario central, se presupone un grado de nivelación en el entorno del 68%, el nivel inferior que aconsejan los expertos. Si la nivelación aumentara, las más prósperas como Madrid, Baleares o Cataluña no saldrían tan beneficiadas, porque habría que repartir más dinero entre el resto.

¿Cómo se reparte el dinero?

El grupo de expertos para la financiación autonómica ha intentado simplificar el complejo, alambicado y opaco sistema actual. Para ello proponen la creación de dos grandes fondos de reparto.

El primero, el Fondo Básico de Financiación (FBF) se dotaría de la mayor parte de los ingresos tributarios de las comunidades y serviría para financiar por habitante ajustado los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. La nivelación —grado de igualdad de recursos para prestar servicios similares— en este fondo vendría determinada por la negociación política pero los expertos recomiendan que no sean inferior al 83,7%

El segundo fondo, el Fondo de Nivelación Vertical (FNV) se nutriría con los recursos aportados por el Estado central al sistema y se repartiría con el objetivo de reducir las diferencias de financiación que persistan tras la aplicación del FBF pero sin alterar la ordenación de las comunidades en términos de financiación por habitante ajustado. El sistema contaría, además, con un tercer fondo para sufragar las competencias singulares que tenga cada autonomía.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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