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Marcos Peña, árbitro de El Prat, avisa de que “ninguna parte acabará contenta”

Los trabajadores de Eulen de El Prat inician la mediación con la amenaza de nuevos paros

El comité de empresa de Eulen, en la reunión con Marcos Peña.Foto: atlas
Josep Catà Figuls

Los trabajadores de Eulen, empresa que gestiona los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, se plantean convocar a partir de septiembre nuevas huelgas. La amenaza llega cuando acaba de arrancar el trabajo de Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para zanjar el conflicto laboral que generó graves colas en El Prat a principios de mes. Este miércoles tuvo una primera reunión con las dos partes y avisó de que la decisión que tome no contentará a nadie al 100%.

“Ha ido bien, el mediador ha venido a escuchar y nosotros le hemos planteado nuestras reivindicaciones”, explicó un miembro del comité de huelga tras la primera reunión con Marcos Peña este miércoles. Los trabajadores insistieron en llevar al árbitro las peticiones que ya hicieron a la empresa durante la huelga por la precarización de sus salarios: exigen un complemento de hasta 250 euros en 15 mensualidades.

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“Sabemos que nadie va a acabar contento pero lo importante es minimizar el conflicto”, aseguró por su parte Peña al salir del encuentro, según Europa Press. “Aquí no tiene razón nadie, lo importante es conciliar intereses y ver qué solución puede tener el conflicto”, añadió Peña. El árbitro designado afirmó asimismo que la reunión con el comité de huelga le sirvió para “escuchar, comprender y aprender” sobre un conflicto que, según él, va más allá de lo económico y que también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo.

En este aspecto, el árbitro destacó la “importancia del tema de la mujer” para los trabajadores, que se han quejado reiteradamente de que sus condiciones son especialmente duras, y ha considerado que sus pretensiones son razonables. “Lo importante es garantizar la dignidad de los trabajadores, la comodidad de los pasajeros y la seguridad”, sentenció Peña antes de reunirse con los responsables de la empresa, que durante la huelga se mostró favorable de aplicar un complemento, pero inferior al que pide la plantilla.

El conflicto laboral en El Prat empezó el pasado 24 de julio, con huelgas encubiertas que dieron lugar a largas colas para pasar los controles, que llegaron a ser de más de dos horas de duración en algunos días. El 14 de agosto iniciaron una huelga indefinida. Y con la evidencia de que las partes no se ponían de acuerdo para acabar con el conflicto, el Gobierno movilizó a la Guardia Civil para garantizar los servicios mínimos y evitar las colas. El comité de huelga paralizó su protesta el pasado jueves, a raíz de los atentados yihadistas que sacudieron Barcelona y Cambrils.

El árbitro designado por el Ejecutivo de Rajoy, Marcos Peña, tiene experiencia en pulsos laborales complicados y fue quien trabajó como mediador en el conflicto de los estibadores este año. La diferencia es que entonces era solo una mediación y esta vez es un arbitraje obligatorio. Es decir, su labor no es la de ayudar a acercar posturas, sino que su decisión será de obligado cumplimiento para todos. De hecho, no se permite realizar huelga contra el laudo.

Pese a ello, el planteamiento de los trabajadores es realizar nuevas protestas tras esta decisión. ¿Cómo? Los empleados no protestarían a partir de septiembre contra el laudo ni la negociación laboral en sí. La nueva huelga sería contra las sanciones y represalias que la empresa supuestamente ha tomado contra cuatro trabajadores durante los días de huelga alegando que no cumplieron los servicios mínimos.

Los empleados de Eulen critican que la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto (que fue enviada por el Gobierno para velar que se cumplían los servicios mínimos fijados en el 90%) dio lugar a estas presiones y sanciones. El comité de huelga tiene previsto que este domingo se realice una asamblea para dictaminar si convocan esta nueva protesta.

El laudo estará listo el 30 de agosto

Marcos Peña tiene previsto reuniones con las dos partes antes de tomar una decisión. Peña tiene un plazo de 10 días (hasta el 30 de agosto) para dictar una resolución. “Nos ha prometido que, antes de redactar la sentencia, podremos ir a Madrid para corregir lo que haga falta”, indicaron este miércoles fuentes del comité. Los trabajadores argumentan que en las actas de la oferta de mediación que hizo la Generalitat hubo detalles que no se especificaron y aseguran que estarán atentos para que no vuelva a ocurrir en la redacción del laudo actual.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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