Fomento traslada a Hacienda el pulso salarial en los aeropuertos de Aena

 Al Ministerio de Fomento se le empieza a abrir otro frente laboral en los aeropuertos de toda la red de Aena cuando parece que enfila la salida del conflicto de los vigilantes de El Prat. Los sindicatos más representativos en el grupo público —CC OO, UGT y USO— mantendrán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, una reunión el próximo martes 29 de agosto. Si no acude un representante de Hacienda o se esboza algún compromiso de ese departamento del Gobierno con sus demandas, advierten de que formalizarán la convocatoria de huelga que anunciaron la semana pasada.

Las centrales presentan cuatro demandas: recuperar las medidas de conciliación, que se publique en el BOE el acuerdo al que llegaron para desconvocar la ya penúltima huelga que anunciaron, un aumento de plantilla (700 plazas entre Aena y ENAIRE). Y lo más difícil: recobrar el poder adquisitivo perdido durante la crisis (en torno al 8%). La empresa se muestra receptiva a sus exigencias. Pero traslada el problema a Hacienda.

“La negociación tiene que estar vinculada a la negociación en el ámbito global de los empleados públicos [...], porque no puede haber diferenciación entre los distintos empleados públicos”, advirtió en Santander el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Y eso, en principio, es competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto es, Cristóbal Montoro.

Sí a más plantilla

Fuentes de Fomento apuntan que ellos son partidarios del aumento de plantilla y que ya se lo han propuesto al Ministerio de Hacienda. Sobre los sueldos, los mismos portavoces señalaron que la solución “será una decisión del Gobierno”.

Con un tono mucho más comprensivo y poniéndose de parte de los trabajadores, también Aena y ENARIE señalaron a Montoro. Tras la reunión que sus máximos responsables mantuvieron con los sindicatos, ambas publicaron un comunicado conjunto que informaba de que ya habían trasladado a Hacienda “la conveniencia de incrementar las plantillas [...] así como la conveniencia de aplicar incrementos salariales acordes con los resultados que se están obteniendo gracias al crecimiento del tráfico aéreo y a la excelente gestión”. “Han sido comprensivos con nuestras demandas de más plantilla y recuperación del poder adquisitivo”, narró Marta López, sindicalista de USO, presente en el encuentro.

El argumento de los beneficios es el que utilizan los tres sindicatos para decir que ninguna de sus peticiones costaría dinero al erario público. Además, ponen el foco sobre la rebaja de tarifas aeroportuarias —“contra el criterio de la propia empresa”, enfatizan— que supone 350 millones menos de recaudación.

Sector público

Las dos sociedades implicadas en este conflicto, que suman más de 8.600 empleados sin contar a los controladores aéreos, forman parte de lo que se llama sector público, cuyos sueldos están afectados por la ley presupuestaria. De ahí que Fomento se remita a Hacienda, que tiene la intención de que los sueldos que dependen de su decisión recuperen algo el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Pero esa subida quedaría bastante lejos de lo que demandan los trabajadores de Aena.

El propio jefe de Aena tiene también su salario limitado por tratarse de una empresa pública. José Manuel Vargas es así el consejero delegado del Ibex con menor retribución: 166.000 euros anuales en 2016, a pesar de ser una de las compañías con mejor evolución en Bolsa. CC OO, UGT y USO acuden al argumento de la buena rentabilidad de la empresa: “Son dos compañías [Aena y Enaire] que se autofinancian con sus propios ingresos, es decir, no dependen de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que una decisión en la línea comentada no supondría menoscabo para las cuentas públicas”.

Raúl Gómez, de UGT, y Francisco Gallardo, de CC OO, defienden que su situación es excepcional en el sector público. Lo es, en su opinión, por esos beneficios que esgrimen, también lo por ser una sociedad cotizada y por haberse producido una ganancia de productividad del 19%. Les lleva a reclamar un tratamiento distinto al del resto de empleados del sector público.