El desacuerdo entre Empleo y 10 comunidades bloquea 167 millones para desempleados

Representantes del Ministerio de Empleo y de las comunidades autónomas mantuvieron este miércoles una reunión muy tensa en la sede del departamento que dirige Fátima Báñez en Madrid. Una vez aprobados los presupuestos de 2017, el Ministerio tenía previsto distribuir unos 167 millones adicionales para políticas de empleo gestionadas por las autonomías. Sin embargo, diez comunidades rechazaron el incremento de fondos a pesar de salir directamente perjudicadas. Como resultado de esta votación, ese dinero nuevo ha quedado bloqueado y, por tanto, sin que se pueda usar. Se trata de una situación insólita que nunca había ocurrido antes.

El revés con los fondos ha cogido completamente desprevenido al Ministerio de Empleo, acostumbrado a que los incrementos de recursos siempre se aprobasen sin problemas. Fuentes del Ministerio alegan que se trata de un bloqueo con intenciones políticas y que estudiarán todos los mecanismos necesarios para que ese dinero se distribuya. Ninguna de las comunidades que ha votado en contra está en manos del PP: Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, estas comunidades sostienen que han emitido este voto como protesta. En su opinión, el Ministerio pretendía aprobar la estrategia de empleo para los próximos cuatro años sin haberlo consensuado. “Es el mismo de siempre, no lleva aparejado una evaluación de lo que se ha hecho bien o mal y de cómo ha funcionado. Tampoco se tiene en cuenta objetivos como la calidad del empleo o la temporalidad. Querían callarnos con el dinero, pero no lo hemos permitido. Esto no es un ordeno y mando”, explican portavoces de estas comunidades autónomas.

Las autonomías se quejan de que no se establece un marco presupuestario plurianual, lo que les permitiría tener la seguridad de poder contar con un mínimo presupuesto anual y, así, proyectar gastos a varios años. Por ejemplo, les permitiría contratar de forma estable a orientadores en lugar de tirar de ellos de manera temporal. También protestan por la privatización de los servicios que, a su juicio, acarrea el cheque formación o la recolocación de parados en régimen público privado. “No se tiene en cuenta a los colectivos prioritarios como jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración”, remacha Iago Negueruela, consejero de Empleo de la comunidad balear.

Empleo responde que ellos solo pueden gestionar los programas de cada año. “Si las comunidades tienen un problema de estructura, este se tiene que resolver en el ámbito de las financiación autonómica”, comenta una fuente del Ministerio. Respecto a la falta de evaluación, Empleo argumenta que ya reparte los fondos en función de los resultados conseguidos. “Si nos exigen que cambiemos esta evaluación o que no se permita la colaboración público privada y el cheque formación, todo esto no podemos modificarlo. Tenemos que dejar que las comunidades que quieran utilizar estos medios puedan hacerlo. No pueden imponer sus criterios a las demás”, comentan. Y añaden: “Dicen que no se tiene en cuenta a los parados de larga duración, pero de los fondos bloqueados 129 millones estaban destinados a este colectivo”.

Ahora estas comunidades declaradas en rebeldía reclaman a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que convoque una nueva reunión de la comisión de seguimiento de la conferencia de presidentes autonómicos, el órgano donde se marcan las grandes líneas políticas que afectan a las comunidades. Piden una nueva conferencia sectorial entre Empleo y las comunidades para sentarse y desbloquear cuanto antes los fondos. "Queremos dialogar sobre el marco. No se ha dado ninguna respuesta concreta a nuestras peticiones. Hay un mandato claro de la última conferencia de presidentes de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que debemos hacer", recalca Negueruela. Por su parte, Empleo argumenta que se han dado cuatro reuniones con las comunidades y que han incorporado hasta una treintena de propuestas de ellas.

A falta de esos 167 millones, los fondos dedicados a políticas de empleo suman este año los 1.893 millones de euros, lejos de los 3.200 millones que se llegaron a desembolsar en 2011.  Las comunidades tachan estos niveles de insuficientes y piden más recursos aprovechando la recuperación económica.