La losa de la corrupción

Pocos empresarios asumen la responsabilidad directa de combatir el fraude

El expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, en el banquillo de los acusados.
El expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, en el banquillo de los acusados. J. C. Hidalgo / EFE

La corrupción es para los españoles el segundo problema más importante del país después del paro. Mucho ha tenido que ver con esa percepción los centenares de procesos judiciales abiertos en los últimos años; algunos de ellos, con la implicación de altas personalidades de la vida política y económica del país, como Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid (entonces una de las mayores entidades financieras españolas) que se suicidó el pasado miércoles pendiente de varios juicios y una condena de cárcel por apropiación indebida y administración desleal. Pero la corrupción es algo que afecta a toda la sociedad.

Los directivos no son ajenos a esa percepción. Para el 84% de los encuestados en el Barómetro de Empresas elaborado por Deloitte para EL PAÍS, la explosión de casos en curso es perjudicial para la economía española. Sin embargo, y aunque todo caso cuenta con corruptores y corrompidos, a la hora de establecer responsabilidades muchos ejecutivos se desentienden: solo uno de cada cuatro (un 24%) cree que el sector privado tiene mucha responsabilidad en acabar con esa lacra.

Hay partes de la economía que se sienten más responsables que otras. En el sector inmobiliario y de la construcción, presente en la mayoría de los grandes casos de corrupción abiertos, casi la mitad de los directivos encuestados consideran que la empresa privada en general y su sector en particular tiene mucho que hacer a la hora de combatir la corrupción. Les va mucho en ello: dos de cada tres constructores afirman que la explosión de escándalos afecta directamente a sus propias compañías.

En lo que sí parecen coincidir casi todos es en responsabilizar de la respuesta a la corrupción al Gobierno y, sobre todo, a los partidos políticos. Un apabullante 95% de los encuestados cree que estos últimos tienen mucha responsabilidad a la hora de responder. Y, en efecto, gran parte de los escándalos que han salido a la luz en los últimos años han estado relacionados con la financiación, legal o ilegal, de estas entidades.

El descontento de los empresarios con la respuesta (o la falta de respuesta) de los partidos y el Ejecutivo tiene su reflejo en su opinión sobre la política económica. La capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar a cabo su programa se presenta mucho más despejado tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 1 de junio, incluso con el voto en contra del mayor partido de la oposición, el PSOE. Sin embargo, cuatro de cada diez directivos se declara indiferente cuando se les pregunta qué opinión tiene del Ejecutivo en lo referente a las políticas que afectan a sus empresas.

Entre las prioridades que los ejecutivos le ponen al Ejecutivo están la financiación de la investigación y desarrollo, una faceta de la economía en la que España se está quedando atrás, como denuncia el informe de la Fundación Cotec presentado el mes pasado. Nueve de cada diez empresarios encuestados piden incrementar el papel del Gobierno en esta dirección. Igualmente, crece con fuerza el número de directivos que piden más liberalización del mercado laboral, así como un descenso del IRPF.

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