El sabotaje contra la sanidad asequible

¿Está muerto por fin el proyecto de reforma sanitaria de Trump? Ni siquiera ahora es fácil estar seguros, en especial por el largo historial de concesiones de los republicanos moderados ante los extremistas en momento cruciales. Pero sí parece que el ataque frontal a la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible ha fracasado.

Y seamos claros: la razón de que este ataque haya fracasado no es que Donald Trump hiciese un mal trabajo de promoción, ni que Mitch McConnell manejase mal la estrategia legislativa. El Obamacare ha sobrevivido porque ha funcionado, porque ha supuesto una drástica reducción del número de estadounidenses sin seguro sanitario, y los votantes no querían ni quieren perder esos avances.

Por desgracia, algunos de los avances se perderán de todos modos: el número de estadounidenses sin seguro probablemente aumentará en los próximos años. De modo que es importante decir claramente, de antemano, por qué esto está a punto de pasar. No será por el fracaso de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible; se deberá al sabotaje del Gobierno de Trump.

Situémonos un poco: hasta los defensores de la ley han reconocido siempre que se parece un poco a una máquina del profesor Franz de Copenhague. La manera más sencilla de garantizar que las personas accedan a la asistencia sanitaria básica es que el Estado pague directamente la factura, como hace el Medicare con los ancianos estadounidenses. Pero en 2010, cuando se promulgó la ley, un Medicare para todos era políticamente inalcanzable.

Lo que obtuvimos a cambio fue un sistema con varias piezas móviles. No es tan complejo como parece: una vez que entendemos el concepto básico de “las tres patas” —que son las reglamentaciones, las instrucciones y las subvenciones— lo entendemos prácticamente todo. Pero tiene más puntos débiles que, pongamos por caso, la asistencia sanitaria a los más mayores (Medicare) o la Seguridad Social.

En particular, los ciudadanos no están cubiertos de manera automática, de modo que importa mucho si los funcionarios que manejan el sistema procuran que este funcione, y se esfuerzan por llegar a los beneficiarios en potencia para asegurarse de que saben lo que está a su disposición, y recordarles a los estadounidenses actualmente sanos que siguen estando obligados por ley a solicitar la cobertura.

Podemos entender esta dependencia de las buenas intenciones observando cómo ha funcionado la reforma sanitaria a escala estatal. Los estados que han adoptado la ley sin reservas, como California y Kentucky, han avanzado mucho en la reducción del número de personas no aseguradas; aquellos que se han hecho los remolones, como Tennessee, se han beneficiado mucho menos. O piensen en el problema de los condados atendidos por una única aseguradora; como señalaba un estudio reciente, este problema se limita casi por completo a estados con gobernadores republicanos.

Pero ahora el propio Gobierno federal está dirigido por personas que no han podido revocar la ley sanitaria de Obama, pero quienes claramente siguen queriendo que fracase, aunque solo sea para justificar las afirmaciones repetidas y falsas, en especial las del mismísimo tuitero en jefe, de que estaba fracasando. O, dicho de manera un poco diferente, cuando Trump amenaza con “dejar que el Obamacare se hunda”, con lo que realmente amenaza es con hundirlo.

El pasado miércoles, The New York Times informaba de tres modos en los que el gobierno de Trump está saboteando (la expresión es mía, no del Times) en la práctica la ley. En primer lugar, el Gobierno está siendo menos exigente con el requisito de que las personas sanas compren la cobertura. En segundo lugar, está permitiendo que los estados impongan normas gravosas como la exigencia de trabajar para los solicitantes de Medicaid [atención sanitaria para personas sin recursos]. En tercer lugar, ha abandonado la publicidad y la promoción directa diseñadas para explicar a los interesados sus opciones de cobertura.

En realidad, ha hecho más que abandonarlo. Como informaba The Daily Beast, el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos ha desviado fondos destinados por ley a “información para los consumidores y divulgación” y los ha empleado para financiar en las redes sociales una campaña de propaganda contra la ley que este Departamento debería, en teoría, estar administrando (una maniobra, por cierto, de dudosa legalidad). Por otra parte, la página web del departamento, que solía ofrecer enlaces útiles a las personas interesadas en un seguro, ahora envía a los usuarios a páginas de quejas contra la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible.

Y puede que estén al caer cosas peores: las aseguradoras, a las que la ley exige limitar los gastos que salen del bolsillo de los clientes de bajos ingresos, ya empiezan a aumentar fuertemente las primas, porque les preocupa la posible interrupción de las cruciales subvenciones federales para “reducción del copago” que les ayudan a cumplir con ese requisito.

Lo verdaderamente asombroso de estos intentos de sabotaje es que no obedecen a ningún propósito evidente. No van a ahorrar dinero: de hecho, el suspender esas subvenciones, en particular, seguramente va a costar más dinero a los contribuyentes que el mantenerlas. Y es improbable que consigan que revivan las perspectivas políticas de la reforma sanitaria de Trump.

De modo que no es una cuestión de principios, y ni siquiera de política en el sentido normal. Se trata básicamente de rencor: puede que Trump y sus aliados hayan sufrido una humillante derrota política, pero al menos pueden hacer que millones de personas más sufran también.

¿Se puede hacer algo para proteger a los estadounidenses de esta pataleta? Pienso que, en algunos casos, los gobiernos de los diferentes estados pueden amparar a sus ciudadanos frente a la actuación ilegal del Departamento de Sanidad. Pero lo más importante, sin duda, es echarle la culpa a quien la tiene. No, señor Trump, lo que falla no es el Obamacare; es usted.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.

© The New York Times Company, 2017.

Traducción de News Clips.