Alemania debe devolver a las eléctricas miles de millones por una tasa nuclear
El Gobierno encaja una derrota con la sentencia del Constitucional que anula un impuesto en vigor de 2011 a 2016

E.ON, RWE y EnBW, tres de las compañías energéticas más importantes de Alemania, obtuvieron este miércoles una importante victoria jurídica en Karlsruhe, sede del Tribunal Constitucional. La instancia jurídica más importante del país declaró ilegal la tasa que entre 2011 y 2016 gravó los elementos combustibles usados por las centrales nucleares, un impuesto que estuvo en vigor entre 2011 y 2016.
La tasa nuclear fue declarada el miércoles “formalmente inconstitucional y nula” por el Tribunal Constitucional, que añadió que el Gobierno federal no tenía competencias para exigirla. Este impuesto obligaba a las compañías a pagar 145 euros por cada gramo de combustible nuclear empleado en la sustitución de las barras de combustible de las centrales.
E.ON tuvo que desembolsar unos 2.800 millones de euros, mientras que RWE y EnBW pagaron 1.700 millones y 1.440 millones respectivamente. Gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional, las tres energéticas podrán recibir ahora la totalidad del dinero desembolsado más los intereses acumulados, que en el caso de E.ON suman 450 millones.
Poco después de conocerse la sentencia, las acciones de E.ON subían un 5,6 % en la Bolsa de Fráncfort mientras que las de RWE avanzaban un 6,3%. La canciller Angela Merkel salió al paso de la sentencia y aseguró que el Ministerio de Finanzas debe ahora evaluar las repercusiones económicas de la sentencia para aplicarla. “Parto de la base de que no podrá en peligro nuestro objetivo [de cerrar un presupuesto equilibrado]”, aseguró en una rueda de prensa.
El veredicto supone una segunda victoria para las eléctricas sobre la política nuclear alemana después que el mismo Tribunal sentenciara que las compañías tenían derecho a una compensación por las pérdidas derivadas de la decisión del Gobierno de Angela Merkel de cerrar todas las plantas nucleares tras el desastre de Fukushima de 2011.
E.ON, RWE y Vatenfall acusaron al Gobierno federal en marzo de 2016 de violar la Constitución por lo que consideraban una expropiación ilegal de sus propiedades y exigieron el pago de una multimillonaria indemnización: 8.000 millones en el caso de E.ON; 6.000 para RWE y 4.700 para Vatenfall.
En diciembre de 2016, el Constitucional dio a conocer una sentencia casi salomónica. Según los jueces, la ley que hizo posible el apagón nuclear en Alemania, aprobada en mayo de 2011, fue acorde con la Constitución, que establece que las expropiaciones pueden realizarse con una ley que determine el modo y el monto de una indemnización.
El fallo emitido por el Tribunal de Karlsruhe no supuso la concesión automática de una compensación económica a las empresas, pero obligó a los legisladores a aprobar una nueva regulación antes del 30 de junio de 2018. En su querella, las compañías también exigían al Gobierno la devolución de los impuestos pagados por el uso de combustible nuclear. La sentencia del miércoles dio la razón a las eléctricas.
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