Los transportistas reclaman miles de millones a la industria del camión

Durante 14 años cinco fabricantes de camiones pactaron los precios. La Comisión Europea lo descubrió por un chivatazo, reunió pruebas y condenó a los cinco gigantes del sector a pagar 2.930 millones de euros, a repartir entre la alemana Daimler (1.008 millones), la holandesa DAF (752,7 millones), la joint venture sueco-francesa Volvo-Renault (670,5 millones) y la italiana Iveco (494,6 millones). MAN se libró de la sanción económica por dar el soplo a la Unión Europea y destapar la trama. Una historia de película de gangsters que tiene una sexta compañía, la también sueca Scania, que no reconoció los cargos. La investigación sigue abierta, lo que podría provocar la existencia de más afectados en caso de que también esté implicado.

La formación de este cartel europeo de fabricantes de camiones supuso un incremento medio del 10% en el precio de los vehículos, según las pruebas periciales realizadas en las demandas en trámite en Italia y Alemania. La factura de los fabricantes en España, creen los despachos de abogados, puede ascender a los 2.500 millones de euros para reparar el daño causado, sin contar los intereses de demora. Los presupuestos de las compañías ya cuentan con provisiones para estas contingencias.

Entre 1997 y 2011

La devolución no es automática: hay que hacer una reclamación judicial. Y la compensación dependerá del precio abonado por los camioneros. Pero en principio, los que compraran entre 1997 y 2011 un camión de entre seis y 16 toneladas a las compañías participantes del cartel pueden reclamar la devolución de parte de lo pagado.

El camino no es fácil. El problema para los transportistas españoles con este proceso ha sido la dificultad para recopilar la documentación que demuestre la compra y el fraude, así como la premura que deben darle a cada reclamación. Esto se debe a que en España, tras la condena (que se produjo en julio de 2016), solo tienen un año para solicitar a las empresas la devolución de lo pagado de más, mientras que en Europa son cinco.

¿Por qué esa diferencia de plazo? España no hizo la trasposición de la directiva europea de daños de prácticas competitivas que afecta al caso hasta hace una semana. Y se especifica que no tiene carácter retroactivo. Es decir: que el plazo de prescripción para estos casos ya juzgados se mantendrá en un año.

Así que el tiempo apremia. La posibilidad más probable es que el plazo para reclamar quedara fijado en el 19 de julio de 2016, cuando se tuvo conocimiento de la condena. Existe la posibilidad de que la justicia considere finalmente que el plazo de un año empiece a contar desde el 6 de abril de 2017, cuando la Comisión publicó la resolución. Pero ante la duda, los despachos de abogados y asociaciones recomiendan a los afectados que al menos arranquen ya el plazo con una notificación a la empresa de que van a iniciar la reclamación antes de mitad de julio.

Y los fabricantes a los que se enfrentan son los grandes del sector (entre los cinco concentran nueve de cada diez camiones fabricados en Europa). "La pelea estará en cuantificar lo cobrado de más. Ellos admiten la existencia de cartel, pero intentarán reducir el impacto en el precio del efecto del acuerdo entre empresas", explica Francisco Caamaño, exministro de Justicia y abogado del bufete CCS, despacho que defenderá a los asociados afectados de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Además de los compradores, también son posibles afectados los que se hicieran con uno de los vehículos con un contrato de leasing. Los que se quedan fuera son los que adquirieran uno de estos camiones de segunda mano.

"La decisión de [condena] de la Comisión Europea constituye una prueba por sí sola de que la conducta tuvo lugar y fue ilegal", dicen desde el despacho Martínez Almeida. Incluso los fabricantes lo reconocieron. Esto abre la posibilidad a que se alcancen acuerdos extrajudiciales tras las demandas. "La mediación cada vez se fomenta más y la legislación europea apuesta por esta vía. Con este proceso, los fabricantes se podrían ahorrar un tercio de lo que pagarían en juicios y se acortarían los plazos", asegura Juan Sánchez, portavoz del bufete Life Abogados.

Esa es una de las razones que esgrimen los abogados para realizar las reclamaciones de forma individual, y no en un proceso colectivo: "Así se respeta la libertad de cada afectado de tomar la decisión que prefiera en caso de existir un posible acuerdo", afirma Caamaño. A pesar de ello, en los juzgados españoles se podrán acumular demandas agrupadas en una misma cuestión, aunque esto no anulará la individualidad de cada caso.