Los interventores tendrán más poder en los Ayuntamientos

Los 8.122 Ayuntamientos que hay en España y los cientos de entidades locales menores tienen desde la semana pasada una nueva norma que regula la forma en que deben controlar sus cuentas y verificar la legalidad de su gestión.

Esta nueva norma refuerza el papel de los interventores para el control de las operaciones financieras y contables de los municipios. Además, establece la obligación de auditar al menos una vez al año las entidades públicas dependientes del sector público local, entre los que están las empresas públicas, fundaciones, consorcios...

El interventor será el encargado de controlar y gestionar estas auditorías de cuentas anuales de las empresas públicas para las que podrá contratar a firmas privadas. Se abre así una vía para la colaboración público-privada con el objetivo de esclarecer y poner en orden las cuentas de las miles de empresas públicas en manos de los Ayuntamientos. Así lo explica Pere Ruiz, presidente de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados y Auditores de Cuentas (ICJCE). "Hasta ahora las entidades públicas dependientes no tenían la obligación de auditarse", agrega. Aunque matiza que esta obligación no entrará en vigor hasta mediados de 2018 y por tanto los primeros informes de auditoría no se podrán realizar hasta el verano de 2020 sobre las cuentas del ejercicio anterior.

Ruiz insiste en que estas auditorías deben estar dirigidas y coordinadas por el interventor local. Y deben seguir las normas de contabilidad del sector público para reflejar la imagen fiel de las empresas públicas. No obstante, los auditores privados solo podrán ser contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogables, "no pudiéndose superar los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad". Así figura en el real decreto que regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma homogeneiza y estandariza los procedimientos de control de las cuentas públicas y la gestión de los Ayuntamientos. La función de control, fiscalización y supervisión se refuerza y recae sobre los interventores, explican desde la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP). "No altera las funciones del interventor, las refuerza", insisten. Desde la organización que representa a los alcaldes españolas apuntan que en realidad la norma no cambia mucho, lo que hace, detallan, es "sistematizar y homogeneizar las funciones de control y supervisión".

En realidad, el decreto brinda al interventor municipal de una norma que refuerza su papel y le ofrece la ayuda de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el principal organismo fiscalizador de las cuentas públicas del país.

Ruiz, del ICJCE, subraya que el nuevo decreto estandariza las normas de control interno de los Ayuntamientos para que coincidan con las que tienen las comunidades autónomas y la propia IGAE. Precisamente, el decreto señala que las entidades locales podrán contar con la colaboración de la IGAE para aplicar los controles financieros. Y habilita al interventor a informar a la IGAE de las discrepancias que pudieran surgir en el ejercicio de sus funciones.