El Gobierno logra sacar adelante el decreto ley de la estiba en el Congreso
El pacto con el PDeCAT y su abstención permite aprobar la reforma del sector de los estibadores con los votos de PP, Ciudadanos y PNV
El Gobierno ha conseguido, en el segundo intento, la convalidación en el pleno del Congreso del decreto que regula la actividad de los estibadores. El voto de PP, Ciudadanos y PNV y el pacto con PDeCAT para que sus ocho diputados se abstuvieran ha permitido la convalidación, después de que el 16 de marzo fuera rechazado el decreto, lo que no ocurría desde 1978.
En la otra ocasión, Ciudadanos se abstuvo al comprobar que no había mayoría suficiente y los soberanistas catalanes votaron en contra. Ese cambio en el PDeCAT se debe a la negociación con el Gobierno que, básicamente, ha mejorado las condiciones de la estiba en los puertos de Barcelona y Tarragona.
La reforma ha conseguido 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones.
La regulación es consecuencia de una sentencia europea de 2014 que obliga a liberalizar el sector de la estiba. Esa sentencia genera una condena y una multa a España por incumplimiento. A pesar de ello, los cambios más polémicos como la forma en que se garantizan los trabajos de los más de 6.000 estibadores actuales se desarrollarán en un reglamento que el Gobierno tiene que aprobar todavía.
El Gobierno no ha conseguido un acuerdo con los trabajadores de la estiba, cuyos representantes sindicales rechazan el contenido del decreto. "No fue posible el acuerdo rubricado por las partes", ha admitido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, desde la tribuna en defensa de la norma.
"No podemos ser europeos para unas cosas sí y para otras no, somos un país serio y no tendríamos autoridad para pedir a una comunidad o a un ciudadano que cumpla una sentencia si nosotros no lo hacemos. No podemos obstaculizar la acción de la Justicia", ha asegurado. En su opinión, la convalidación "afecta al prestigio de España en la Unión Europea".
Ferran Bel, del PDeCAT, ha basado su abstención y su cambio de posición, en la necesidad de lanzar "un mensaje a Europa de garantía de respeto a la seguridad jurídica". Ha explicado que su partido ha logrado cinco modificaciones sobre el decreto inicial en lo referido a limitar la precarización, mejorar la negociación colectiva, fomentar la formación, potenciar los puertos de Tarragona y Barcelona y permitir el desarrollo en normas de inferior rango.
Es decir, el no de marzo ha servido para introducir mejoras en un decreto que el Gobierno presentaba entonces como inamovible, según varios portavoces de grupos que han mantenido su rechazo.
Protestas de los estibadores
Representantes de los trabajadores fueron desalojados de la tribuna de público por increpar al portavoz del PP, Miguel Barrachina, que defendía la norma desde la tribuna. "Cuanto más levantan el puño más se alejan del suelo. Todo lo que alimente la revolución socialista les viene bien", ha dicho Barrachina en referencia a los diputados de Podemos que aplaudían a los trabajadores desalojados.
El debate acabó con bronca y Ana Pastor, presidenta del Congreso, advirtió a los diputados por haber oido que se promnunciaban desde los escaños "cuatro o cinco" expresiones que "van en contra del decoro de la Cámara y de sus señorías", que serán retiradas del Diario de Sesiones.
El PP asegura que pedirá en la Junta de Portavoces que se estudie el incidente y la posibilidad de dirigirse al grupo parlamentario que haya invitado a los estibadores para amonestarle.
Los grupos que han apoyado el decreto han vetado la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley en el que puedan introducirse enmiendas. La norma, que ya está en vigor, concluye así su tramitación.
Nuevos cambios y tareas por resolver
Qué queda regulado. La liberalización en el establecimiento de empresas en los puertos y la libertad de contratación de estibadores. Es decir, ya no será necesario que las compañías participen de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep) ni tendrán que contratar solo a los trabajadores que pertenezcan a estas. Además, ya no será necesario tener un título de FP y se requerirá un certificado de profesionalidad.
Qué queda pendiente. Las tareas pendientes son de materia laboral. La principal es la subrogación de los estibadores actuales que, según el reglamento propuesto, dependerá de la negociación colectiva. También queda por definir las prejubilaciones y la rebaja salarial para mejorar la competitividad de los puertos españoles.
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