Racionalizar lo de todos

El sector público empresarial, especialmente en el ámbito local, ha crecido sin mucho orden ni control. El crecimiento inorgánico está produciendo en estos momentos dificultades en dos órdenes precisos. En el caso de las cuentas públicas, empieza a pesar un endeudamiento que ya alcanza los 65.000 millones de euros. Pero también hay un efecto negativo derivado de las empresas públicas que se han utilizado como canales de contratos irregulares y enriquecimiento ilícito. Habría llegado el momento de racionalizar un entramado tan complejo e inmanejable. Racionalización que implica, de entrada, determinar qué actividades y sectores del sector público deben mantenerse en manos del Estado (sea el central, el autonómico y el local) y que actividades son susceptibles de formar parte de otros modelos de gestión. Ello implicará en unos casos privatizar, en otros mantener en el ámbito público pero mejorando los sistemas de gestión, e incluso en otros establecer fórmulas mixtas, flexibles. En ambos casos debe haber criterios claros (interés público, coste-beneficio) para decidir qué se hace. El criterio fundamental es mantener los servicios públicos esenciales en manos públicas (el agua, por ejemplo) en empresas públicas pero solo en el caso de que se den ciertas condiciones. Y esas condiciones sólo pueden referirse a la calidad y el precio de los servicios.

Existe un punto concreto en que la proliferación del sector público parece hoy un inconveniente para la economía española y para las cuentas públicas. Se trata de la multiplicación de empresas públicas locales, cuya justificación en la mayoría de los casos es débil o inexistente. No es un secreto que se han utilizado para evitar o disfrazar las exigencias de la Ley General Presupuestaria o como lugares de colocación privilegiada para familiares y amigos. No es racional mantener una red tan tupida de empresas públicas que poco o nada tienen que ver con los servicios públicos básicos. Por lo tanto, uno de los primeros pasos de la racionalización pública debería ser el de determinar cuáles de estas empresas son necesarias y cuales, probablemente una mayoría significativa, son prescindibles. Y actuar en consecuencia. Tampoco es un secreto que en España hay un exceso de Ayuntamientos en relación con la población y con una gestión más racional de los servicios públicos esenciales.

Al mismo tiempo, la Administración tiene que fijar con claridad cuáles son los objetivos políticos que informan la gestión de las actividades públicas. La precisión es obligada porque no en todos los mercados o sector el interés público se orienta de la misma forma. Es evidente, por ejemplo, que a una empresa pública que cubre necesidades básicas de la población no está obligada a obtener una elevada tasa de rentabilidad. El caso más notorio es el de una televisión pública. Los objetivos prioritarios serían los de información equilibrada u objetiva, transparencia (cuando se requiera) en la gestión y disponibilidad para responsabilizarse ante el Parlamento. En el caso de una empresa pública de alta tensión (Red Eléctrica, sería el caso), la exigencia principal debería ser la de garantizar el suministro de alta tensión en buenas condiciones a las empresas distribuidoras, para que no haya un solo hogar sin luz.

No es necesario subrayar que una racionalización radical del sector público, una vez aceptados los criterios de calidad y transparencia, sólo puede lograrse mediante un acuerdo político, aunque sea implícito, de las administraciones que juegan en este campo, a saber, la autonómica, la local y la estatal. Pero este acuerdo exige, después de una poda sistemática y calculada, que se acepten los principios básicos que hacen funcionar a una empresa pública: servicio esencial para la comunidad, gestión racional de productos que deben llegar a los ciudadanos y transparencia.