Mitos y realidades de las compañías públicas

En los últimos seis años se han suprimido 2.364 entes en todos los niveles de la Administración, una cifra que incluye desde oficinas comerciales a consorcios o instituciones como los Defensores del Pueblo. Pero la mayoría han sido organismos menores y no se ha abordado más que una pequeña parte de la cuestión —la correspondiente a la Administración central— olvidando que en las autonomías y los Ayuntamientos proliferaron todo tipo de entidades que es preciso racionalizar. Añadido a esto, los últimos escándalos de corrupción afectan de lleno a algnas empresas públicas —el Canal de Isabel II en Madrid, Mercasa o Defex son algunos ejemplos—, extendiendo las dudas sobre hasta qué punto son eficaces los controles administrativos.

Sin embargo, el sector público empresarial que depende de la Administración central, considerablemente reducido en tamaño por las sucesivas privatizaciones de los años ochenta y noventa, todavía cuenta con importantes activos bien gestionados que aportan un gran valor añadido al país y sobre el que pesan muchos mitos.

El primero —que las empresas públicas son todas ruinosas— no es del todo cierto a la luz del proyecto de Presupuestos para 2017: las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales facturarán este año unos 26.600 millones de euros y, descontados gastos de explotación y personal, obtendrán un resultado neto positivo de 2.563 millones. Es verdad que ese beneficio se conseguirá gracias a los jugosos ingresos de Loterías y a Enaire, la empresa que detenta el 51% en Aena no privatizado. También hay que tener en cuenta que recibirán aportaciones de 3.758 millones con cargo a los Presupuestos Generales. Un tercio de esos recursos sufragarán las inversiones de Adif (1.076 millones), Renfe (605) y la Alta Velocidad de Adif (247), mientras que otros 358 millones irán a parar al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial y 344 millones recalarán en la radio y televisión públicas.

Este año el endeudamiento previsto en los Presupuestos Generales del Estado para las sociedades y entidades no financieras, desde el FROB a la empresa de innovación Einsa, alcanza los 65.503 millones de euros (incluyendo endeudamiento a corto y largo plazo). Ese total incluye la deuda de la Sepi, la alta velocidad, los puertos o la sociedad de loterías, la firma pública más rentable del país. Esta última apenas tiene pasivo a largo plazo (2,8 millones). En contrapartida, las sociedades públicas mantendrán altos niveles de inversión. El año pasado fueron 8.132 millones de euros, y en 2017 esta partida se reducirá un 23%, hasta los poco más de 6.200 millones. La Sepi, por su parte, hará crecer sus inversiones un 55%, hasta los 242 millones.

“Como empresa tenemos una máxima, que es conseguir la mayor rentabilidad. Pero no hemos de olvidar nuestro apellido: somos una sociedad pública, y la rentabilidad hay que medirla también en términos sociales. Debemos de procurar el crecimiento, pero tiene que llevar aparejado la creación de empleo”, señalaba este jueves en la comisión parlamentaria de Presupuestos la presidenta de la Sepi, Pilar Platero. La sociedad, de la que dependen directa o indirectamente 125 empresas, recibirá 203 millones este año y tendrá unas pérdidas de 161 millones, según admitió durante su intervención.

Función social

Como recuerda Joaquim Vergés, catedrático de Economía Financiera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “es absurdo juzgar cualquier empresa pública sólo por sus objetivos económicos”. Roberto Fernández Llera, jefe del gabinete técnico de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, recuerda en la misma línea que lo que hay que exigir no es rentabilidad, sino que sean “entidades financieramente sostenibles y que el sector público no pierda el control sobre la prestación de los servicios”. Porque, añade, “no hay que olvidar que estamos hablando de fondos públicos”. Unos fondos que generan, solo en la Sepi, 245.000 empleos, entre directos e indirectos. “Siempre comparamos el sector público y privado por un criterio de beneficio económico, y no es justo, porque sus objetivos pueden ser distintos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, un sistema sanitario puramente privado nunca funcionaría porque hay infinidad de tareas que no generan un retorno. ¿Quién atendería, por ejemplo, a un enfermo de ébola?”, se pregunta Carmela Sánchez, profesora del departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago.

Otro de los mitos está en su supuesta ineficiencia. “No se encuentra una mayor eficiencia en las empresas privadas reguladas que en las públicas”, concluye Vergés después de realizar una compilación de un gran número de trabajos al respecto. “Tampoco puede afirmarse que las privatizaciones hayan mejorado la eficiencia”. Porque, como señala el catedrático del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago, “la casuística es enorme”, en cuanto a la posición de mercado que cada empresa ocupa y su forma de privatización. Algunas se vendieron partiendo de una posición de dominio en el mercado, pero con precios regulados que lastraban su resultado de explotación, y otras, más que sociedades, eran más bien residuos administrativos. Además, el resultado de las investigaciones suele estar contaminado porque muchas sociedades públicas fueron absorbidas por multinacionales más grandes en tamaño. En cualquier caso, tampoco hay estudios que concluyan lo contrario: que las empresas públicas son más eficientes que las privadas.

“Lo que hace falta es fijar objetivos políticos con mayúsculas. Por ejemplo, en una televisión pública hay unos objetivos distintos a los económicos. ¿Quién los decide, con qué grado de transparencia? Esa es la cuestión. No se puede mezclar el interés público con los objetivos partidistas”, reflexiona Vergés. Donde no ha llegado la eficiencia es a la página web de Renfe, que esta semana se colapsaba con la puesta a la venta de 250.000 billetes a 25 euros para conmemorar el aniversario del AVE. “¡Qué mejor manera de celebrar nuestro mayor despilfarro!”, tuiteaba el economista César Molinas.

La privatización del mercado de transporte en ferrocarril, que por decisión de la UE debe completarse antes de que finalice 2020, ha fracasado estrepitosamente en el caso de las mercancías, algo que recientemente ha reconocido el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. En el caso de los pasajeros, el Gobierno baraja una fusión entre Renfe y Adif, el operador de las vías. “Pero no nos dicen nada, nadie ha venido con un proyecto claro al respecto”, explica Ángel Ruiz, secretario federal del sector ferroviario de UGT. “Es prematuro hablar, pero el cuarto paquete ferroviario de Bruselas recoge que las obligaciones de servicio público [cercanías y media distancia] pueden llegar a salir a concurso. Hablamos de servicios que solo en España equivalen a 500 millones de euros. Hay una ofensiva muy grande contra el sector público”, lamenta.

Empresa y política

Con un Gobierno en minoría y una economía creciendo, algo que aplaca las necesidades recaudatorias, va a ser difícil que el PP abra de par en par el melón de las privatizaciones. Aunque hay intentos. José Manuel Vargas, presidente de Aena, pedía esta semana sacar la compañía del debate político “para convertirla en una gran empresa”, presionando para que la mayoría pública en el capital no sea un obstáculo para su desarrollo internacional. Fomento ha reconocido que la privatización de otro paquete de acciones “está sobre la mesa”, pero el ministro ha insistido en varias ocasiones en que “no hay nada decidido”. La decisión, en cualquier caso, responderá a los intereses del Gobierno de turno si las cosas se hacen como hasta ahora.

Desde mediados de los años ochenta se han recaudado 70.717 millones en privatizaciones, el 7% del PIB, según los informes que anualmente emite el consejo consultivo de privatizaciones. “Fueron muy pragmáticas, malvendiendo muchas veces empresas públicas” para cumplir con los criterios de convergencia que en su día impuso el Tratado de Maastricht, recuerda la economista Carmela Sánchez. España enajenó parte o todas sus empresas (Repsol, Telefónica, Enagás, Iberia, Endesa, Argentaria, Transmediterránea…) guiándose no por una ley ad hoc, sino por decisiones tomadas a vuelapluma gracias a que la mayoría de las empresas públicas españolas tenían —y tienen— la forma jurídica de una sociedad anónima, y sus propietarios, normalmente holdings públicos, no necesitan formalmente autorización legal para vender sus acciones. Hay excepciones, como Renfe, Correos o los aeropuertos, pero no es la tónica general.

¿Cuánto camino queda por recorrer en la venta del patrimonio societario público? Hay opiniones encontradas. “Aena debe ser un ente privado, muchos aeropuertos también”, cree Rafael Pampillón, profesor del IE Business School. “¿Hay algo más estratégico que la defensa? Si se ha conseguido privatizar el sector público militar, ¿por qué no una empresa de aguas o una estación de tren? Hay muchas que se gestionarían mejor, y gracias a ello el Estado ganaría más vía recaudación fiscal. No acabo de entender por qué, por ejemplo, hay un hipódromo público. Hay que conservar el patrimonio del Estado, pero eso no significa que el empleado que atiende en un parador tenga que ser un funcionario”.

Alain Cuenca, profesor de Economía en la Universidad de Zaragoza, recuerda sin embargo la necesidad de tener una buena red de empresas públicas. “Muchas sociedades funcionan bien. Por ejemplo, los entes puramente instrumentales, como los que gestionan la salud (compra de medicamentos). Otras cumplen una función dinamizadora de la economía local o regional, prestan servicios. Hay otras iniciativas públicas que pueden perdurar décadas”. Cuenca se posiciona en contra de poner en bandeja al sector privado activos que, en muchos casos, gozan de una posición de monopolio (caso de ­Aena), por lo que tienen garantizado un mercado. “Descentralizar es mejor que privatizar”. Tampoco hay consenso sobre qué tamaño debe de tener el sector público. “España tiene uno de los niveles de gasto público más bajos de la UE. Y si medimos nuestro sector público empresarial, también es de los más reducidos”, explica Fernández Llera.

En cualquier caso, conocer casos como los del Canal de Isabel II en Madrid no juega a favor de alimentar un brazo societario más fuerte. “Francia, por ejemplo, tiene un sector empresarial sólido. Participa en Renault y tiene la mayoría de Électricité de France, y ha tenido problemas serios con algunas empresas. Pero muchas otras funcionan bien”, añade Alain Cuenca.

Cambio de cultura

Como soluciones, los expertos proponen un cambio de cultura. Como pudo comprobarse tras las crisis de las cajas de ahorros, en España es manifiesta la escasa capacitación profesional de algunos representantes públicos que integran consejos de administración. Lo recordaba hace un par de años un consejero de Novacaixagalicia, entidad rescatada con más de 9.000 millones por el Frob: “Tengo un compañero de consejo al que sólo le preocupan los geranios. No tiene ni idea de qué se explica en las reuniones y tampoco le importa”, decía. En la CAM una profesora de danza que formaba parte del consejo de administración y la comisión de control llegó a declarar ante el juez: “¿Por qué dudar de unos profesionales que están haciendo su trabajo? Es como si voy al médico y no me creo lo que dice”. Un mal que, según juzga Pampillón, tiene sus raíces en “la politización y en el hecho de que en muchas comunidades autónomas hayan asumido competencias de manera muy rápida”, lo que se combina con “empleados públicos colocados por el partido de turno que poco a poco se han ido solidificando en cuerpos dentro de la Administración, que deben muchos favores”. La segunda de las medidas que proponen los especialistas consultados pasa no por ampliar los controles, sino más bien hacerlos más eficientes y menos burocráticos, dejando en manos de especialistas­ —“que sean buenos gestores, no amigos del político de turno”— la responsabilidad de llevar a buen puerto los proyectos.