Colombia inicia una ofensiva diplomática para evitar la fuga de inversiones españolas

Las autoridades colombianas han iniciado una ofensiva diplomática para tratar de tranquilizar a las empresas españolas que operan el país y evitar una fuga de inversiones, tras la reciente intervención de Electricaribe, la filial de Gas Natural en el país caribeño. Tanto en Colombia como en España, las máximas autoridades han tenido reuniones o han contactado con los máximos directivos de multinacionales españolas para convencerlas de que existe seguridad jurídica y que la intervención de la eléctrica es una excepción y tiene causas justificadas, informaron en fuentes diplomáticas.

El primer mensaje que se quiere trasladar desde el Gobierno de Juan Manuel Santos es que la intervención de Electricaribe no es una “expropiación” , y que el Gobierno colombiano “no está buscando ni está facultado” para quedarse con la empresa, “y siempre protegerá la inversión privada”. Más de 400 empresas españolas están presentes en Colombia, entre ellas Telefónica, Sacyr, Repsol, Mapfre o Aena.

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó este martes la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa y en el 14,6% restante por el Estado, tras haber permanecido intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre. La compañía sufría un déficit de caja que le impedía hacer inversiones, provocado por el impago de 1.260 millones de euros en facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo, según la explicación de Gas Natural.

“El caso de Electricaribe no tiene nada que ver con otras intervenciones como la de YPF en Argentina. Hemos aplicado la ley de insolvencia económica para que diez millones de ciudadanos tengan un suministro de electricidad adecuado, y resolver el problema crónico de mal servicio que sufren con frecuentes cortes y mala calidad”, señalaron las mismas fuentes diplomáticas.

Se ha programado una agenda encuentros con los máximos directivos de las grandes firmas españolas con presencia en el país. El embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, ha telefoneado a Antonio Brufau, presidente de Repsol, que posee un 20% de Gas Natural, y tiene además fuertes inversiones en el país caribeño. El diplomático trato de explicarle la situación y de que no existe ningún riesgo de inseguridad jurídica como había señalado Brufau, en declaraciones a la cadena Cope el día anterior.

La explicación oficial que está dando el Gobierno colombiano de su decisión en estos encuentros es que el problema “ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la red eléctrica”, lo que suponía una pérdida del 20% del suministro. Aunque reconoce que existe un problema de impagos, tanto de organismos públicos como de clientes particulares, los minimiza en comparación con las cifras que ofrece Gas Natural. Así, frente a los 355 millones que reclama a los ayuntamientos y otros organismos oficiales, Colombia cifra en 50 millones la deuda de las instituciones.

Deuda total de 1.300 millones

Colombia estima que la deuda total que arrastra Electrocaribe asciende a 1.300 millones de euros, de los que 550 millones serían deuda financiera. Aunque las autoridades colombianas confían en que se llegue a un acuerdo antes de que se complete el proceso de liquidación, de no ser posible, se vendería la empresa y se entregaría al mejor postor. Las exigencias de inversión y esa elevada deuda hacen muy difícil que se presenten candidatos privados para hacerse cargo de la eléctrica. Con lo que se obtenga de la venta, se liquidará la deuda, primero la de los proveedores y después la financiera. Solo si sobra algo, cobraría Gas Natural.

Gas Natural presentará una demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Colombia ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe, en la que reclamará entre 800 y 1.000 millones de euros, el doble de los 475 millones, en los que ahora tiene valorado en libros la filial colombiana.