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Sobresalto en el Caribe

La intervención del Gobierno colombiano de Electricaribe dará lugar a una catarata de litigación

Electricaribe
José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos de Colombia, este martes. EFE

Durante los últimos meses las autoridades colombianas han estado aparentemente deshojando la margarita para ver qué hacer con una compañía privada, Electricaribe, que provee de electricidad a buena parte de la costa del Pacífico y del Caribe. La intervención inicial, ahora se sabe, estaba ya orientada a la liquidación. Este decisivo paso de las autoridades colombianas va a dar lugar a una catarata de litigación, incluyendo arbitrajes internacionales de inversión. Los accionistas de la compañía, tanto la española Gas Natural —que a su vez tiene centenares de miles de accionistas ante los que debe responder—, como las docenas de accionistas minoritarios, no pueden dar el asunto por zanjado. El embrollo jurídico y el desgaste para los protagonistas está garantizado.

Pero la noticia de la liquidación de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S.A.) por parte del Gobierno colombiano no es solo una nefasta noticia para los accionistas, también para los mercados y la credibilidad de Colombia como destino de la inversión.

Esta decisión ratifica al severo retroceso que experimenta el país en relación con la seguridad jurídica y la protección a la inversión extranjera, como consta en el reciente Informe sobre la Seguridad Jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica, publicado por World Federation of Investors y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. El trabajo de investigación arroja un sorprendente resultado, Argentina mejora posiciones en el ranking de la seguridad jurídica, mientras que Colombia, tradicionalmente un destino serio y respetado, pierde posiciones y se acerca a los países de peor reputación.

El caso de Electrocaribe reviste especial gravedad por las circunstancias que han rodeado el caso, pero se suma a otros episodios donde se ha atacado la seguridad jurídica afectando a un número creciente de empresas transnacionales (Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica, Anglogold Ashanti, etc.) que se han visto obligadas a acudir ante cortes internacionales de arbitraje en búsqueda de protección a la inversión.

En 2016 Colombia registró un número de nuevos casos de arbitraje internacional ante el CIADI que se acerca al de Venezuela y se distancia de países como Argentina, México o Perú. Y todo indica que dicha tendencia podría consolidarse.

El origen de esta creciente conflictividad no es ajeno a la ausencia de reformas estructurales en el sistema regulatorio colombiano. Reformas advertidas por la OCDE, reconocidas por el propio Gobierno Nacional, y que el presidente Santos, quizá por tener más concentrada su atención en el proceso de paz, ha retrasado más de lo necesario.

La ausencia de reformas para fortalecer el marco general de regulación y supervisión en Colombia está relacionada, como señala la OCDE, con la debilidad de los mecanismos de evaluación ex post de las normas reguladoras; la fragilidad de los procesos de coordinación entre los diferentes reguladores sectoriales y, sobre todo, la exposición del sistema a las inevitables presiones electorales.

No es positivo que la máxima autoridad del órgano sancionador pueda ser cesada por cualquier causa, en cualquier momento y sin un proceso mínimamente transparente por parte del jefe del Ejecutivo.

La consolidación de Colombia como destino preferente de la inversión extranjera pasa por despejar cualquier incertidumbre sobre la interferencia de criterios ajenos a los estrictamente regulatorios en la toma de decisiones de profunda repercusión económica y reputacional para los sectores regulados. La fragilidad de este modelo de supervisión, superado en Argentina, México, Perú y otros muchos países del área, y conservado en Colombia, Venezuela o Bolivia, extiende un inevitable e innecesario manto de duda sobre la neutralidad de sus actuaciones ante las siempre presentes presiones electorales de uno u otro signo. A esto se suma, como elemento relevante para la comprensión de este caso, que el 21 de febrero de 2017 y por primera vez en la historia institucional de Colombia, la Administración central intervino formalmente y al más alto nivel, un Gobierno Departamental. Una intervención que tuvo lugar, precisamente, en esta región del país, como consecuencia de flagrantes hechos de corrupción, elevada politización de sus instituciones e indebida gestión de sus competencias.

El elevado riesgo de toma de decisiones a partir de criterios electorales transmite un mensaje peligroso para los inversores nacionales e internacionales en el país. Por ello la intervención y liquidación de una importante empresa del sector eléctrico colombiano como la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S.A.) por parte del Gobierno colombiano hace saltar todas las alarmas sobre su independencia en un contexto preelectoral, altamente politizado y con grave riesgo de expropiación.

Este contexto también está marcado por debilidades estructurales (no coyunturales) del mercado de la electricidad en esta región colombiana, relacionadas con los ineficaces mecanismos de evaluación ex post de las normas reguladoras. Esto ha permitido la aparición de serias dificultades para la empresa. Entre ellas, la morosidad de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones ante la empresa y la creciente prestación del servicio a sectores de la población sin que entren en funcionamiento los necesarios mecanismos de compensación.

La decisión de iniciar el proceso de liquidación de Electrocaribe no es la última palabra sobre el destino final de la compañía. Pase lo que pase, la medida es un severo retroceso en la credibilidad de Colombia ante los inversores internacionales. Un país con unas élites políticas, económicas, culturales y jurídicas admiradas en todo el mundo no debía haber optado por la senda de políticas propias de una república bananera: intervenir y liquidar una empresa privada de energía es decisión de extrema radicalidad y trascendencia. Colombia quiere entrar en la OCDE, pero con decisiones como esta, hoy se encuentra un peldaño más lejos de su objetivo. Santos nunca debió permitir que un pequeño pero muy influyente grupo de la clase política de Barranquilla le arrancara un jirón de credibilidad a uno de los grandes países de América. Ese no es el camino para proporcionar bienestar, justicia e igualdad a los consumidores colombianos a los que torticeramente se dice querer defender.

Javier Cremades. Abogado. Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

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