La banda ancha en España es la segunda más cara de Europa

España está a la cabeza en altos precios de acceso a la banda ancha, tan solo por detrás de Croacia. Los españoles son, tras los croatas, los que más porcentaje de sus ingresos tienen que destinar a las ofertas de velocidad alta en Internet de toda la UE. Lo afirman los resultados de DESI, un índice de la Comisión Europea hecho público este viernes y que año tras año pone en la balanza a los Estados miembros para pesar sus progresos en el mundo digital y comparar hasta qué punto cala la tecnología en sus ciudadanos, sus empresas o la administración.

El indicador del coste mide cómo de barato es el acceso a una conexión de Internet de banda ancha, pero no tiene en cuenta ese servicio en paquetes integrados (los que incluyen también televisión o móvil), que son muy habituales en España. Para medir la variable, la Comisión se fija en el precio mínimo que un usuario de un país tiene que pagar para obtener una conexión básica de banda ancha fija (que ofrezca al menos una velocidad de 12 Mbps) y lo compara con el poder adquisitivo de cada país. Los datos se han obtenido a partir de los precios de las operadoras en 2016 y de los ingresos de los europeos recogidos en Eurostat en 2015.

Este año España empeora con respecto a 2016, cuando la banda ancha española era la tercera peor de toda Europa, después de Chipre y Crocia.

Por lo demás, España es un país de términos medios en lo digital. Ocupa la posición 14 del índice general DESI, una mejora de un puesto con respecto al año pasado. Obtiene buenos resultados en la calidad de su administración electrónica (sexto lugar) y en la integración digital de sus empresas y el capital humano (puesto 11), pero consigue peores posiciones en conectividad (puesto 16) y el uso de Internet (puesto 17). Con respecto a 2016, hay un avance significativo en el capital humano y la integración (sube cuatro posiciones en la clasificación), pero se retrocede en conectividad (dos pasos atrás) y en el uso de Internet y administración electrónica, ámbitos donde se pierde un escalón.

El estudio europeo se detiene a valorar indicadores específicos de la calidad digital de los países. En ese nivel de detalle, España puede sacar pecho en open data o datos abiertos (es el primero de la UE), en el uso de etiquetas pasivas RFID en el comercio (como las que llevan algunas alarmas en las tiendas de ropa, que ocupa el tercer puesto), en el número de personas entre 20 y 29 años con un grado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (sexto lugar), en la extensión de la factura electrónica (también el sexto puesto) y en un indicador que se estrena este año, el uso del vídeo y la televisión a la carta, en el que es el séptimo mejor país europeo.

En el extremo contrario, España obtiene la peor clasificación en el uso de videollamadas (puesto 28), el mencionado precio de la banda ancha (puesto 27), el porcentaje de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, y de cobertura de banda ancha fija (puesto 20) y en el número de pymes que venden online al extranjero (puesto 20, la misma posición que ocupa la cobertura 4G).

Crece la brecha entre europeos

En términos generales, Europa mejora en un 3% sus resultados digitales de hace un año, pero ve cómo se amplía un punto porcentual (del 36% a 37%) la brecha entre los países más avanzados (Dinamarca, Finlandia, Suecia y los Países Bajos) y los más rezagados (Polonia, Croacia, Italia, Grecia, Bulgaria y Rumanía). 

La Comisión está empeñada en aumentar la capacidad e implantación de la Red. Su apuesta por la próxima generación de móvil, la 5G, se sustancia en una propuesta, que aún aguarda a debatirse en en el Consejo y el Parlamento, que pretende facilitar el acceso al espectro radioléctrico para reservar bandas el 5G, además de la única ya reservada, la de los 700 megaherzios. El nuevo estándar exige amplios rangos del espectro radioeléctrico que ahora mismo ocupan otro tipo de emisiones.

El Ejecutivo europeo quiere además que para 2020 al menos una ciudad en cada país miembro disponga de una red amplia de 5G y que, ya en la frontera de 2025, estén cubiertas las principales carreteras y líneas férreas del continente. También pretende sacar adelante un proyecto, con una dotación total de 120 millones de euros, que ofrece bonos de 20.000 euros para cofinanciar wifis públicas gratuitas en municipios de toda Europa. Y, además, ambiciona que para 2025 todas las escuelas, grandes centros de transporte, las empresas tecnológicas y proveedores públicos de Internet disfruten de velocidades de subida y bajada de al menos un gigabit por segundo.

Estos proyectos y otros 13 forman parte de la agenda digital de la Comisión, que el Ejecutivo espera estén aprobadas en su totalidad antes de finales 2018, es decir, unos meses antes del final del mandato de Juncker.