Bruselas retrasa su decisión sobre los estibadores hasta que el Congreso apruebe el decreto

La liberalización de la estiba se está convirtiendo en un complicado sudoku. Más de dos años después de la sentencia del tribunal europeo que obliga a modificar de arriba abajo el sistema de contratación de los estibadores, el Gobierno notificó el pasado viernes a Bruselas la aprobación del decreto ley. El texto llegó ayer a la Comisión Europea. El brazo ejecutivo de la Unión, que pretende utilizar el caso español como modelo para los sistemas portuarios de otros países, se limita a esperar y ver: “Llevará algún tiempo analizar la propuesta del Ejecutivo español”, aseguró ayer un portavoz a preguntas de la prensa. Traducción bíblica: Bruselas ve con buenos ojos un real decreto que cumple a rajatabla con los criterios comunitarios, pero no moverá un solo dedo en favor de España hasta que el Congreso convalide el texto final, según fuentes europeas

España ha activado toda su artillería diplomática para tratar de reconducir ese asunto: básicamente, para reducir unas eventuales sanciones que podrían ascender a 27.522 euros al día a contar desde la sentencia de diciembre de 2014 (cuyo montante suma ya más de 20 millones de euros) y otra de 134.000 euros diarios a partir de la decisión del Tribunal europeo sobre las multas, que llegará dentro de unos meses. El tiempo apremia: el Congreso debería dar luz verde al decreto ley antes de que el Tribunal de Justica de la Unión Europea se pronuncie. Y Bruselas aspira a que se apruebe sin las enmiendas legislativas que los estibadores quieren usar para peinar el decreto.

Solo así la Comisión podría decantarse por desestimar las multas y aceptar solo una “sanción simbólica”, en virtud de las alegaciones presentadas por España, que aduce “circunstancias excepcionales”: un Gobierno en funciones durante meses.

Otros puertos europeos

Nada va a ser fácil, a juzgar por las declaraciones de la oposición y por la presión del sector en forma de una convocatoria de huelga que amenaza con provocar problemas de desabastecimiento. Los trabajadores portuarios de los puertos de Bélgica —país que tiene también abierto un procedimiento en Bruselas—, los holandeses o los alemanes siguen de cerca el devenir del conflicto con la estiba en España. Y ese es el problema básico para el Gobierno de Mariano Rajoy en Bruselas, que cree que la Comisión puede usar el caso español como ariete a través del tribunal europeo y después de que la UE haya fracasado hasta en dos ocasiones —2002 y 2009— con la puesta en marcha de reglamentos para liberalizar ese sector.

La sentencia de 2014 es demoledora. Condenaba a España por incumplir los tratados al imponer a las empresas de otros países que deseen usar los puertos españoles “tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y de participar en el capital, como la de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad”.

A la espera de que el tribunal se pronuncie sobre las multas, España ha presionado —sin suerte— para que Bruselas dé marcha atrás, o al menos imponga sanciones simbólicas. La respuesta de la Comisión es que el real decreto va en la buena dirección, pero no hay nada que hacer hasta que el texto sea definitivo. “No nos pronunciamos sobre proyectos legislativos”, apuntaban ayer los portavoces del presidente Jean-Claude Juncker. La pelota, en fin, está en el tejado de las Cortes.