El Gobierno aprueba la polémica reforma que rompe el monopolio de la estiba

El Gobierno, esta vez sí, ha llevado la polémica reforma que liberalizará la estiba al Consejo de Ministros. Y la ha aprobado. El Ejecutivo ha optado por tramitarlo como real decreto ley, lo que hace que en el plazo máximo de 30 días el Congreso tendrá que convalidar o derogar el texto. Solo si se convalida (hace falta mayoría simple en el Congreso), algún grupo podría pedir que se tramitara como ley, y ya en ese proceso incluir enmiendas. Las enmiendas son el sistema por el que los sindicatos de estibadores tienen la esperanza de modular la nueva ley, una vez que asumieron este miércoles que no se incluirían los posibles acuerdos con la patronal en la reforma. Por ello, la huelga de nueve días convocada a partir del 6 de marzo sigue adelante.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, el ministro de Fomento ha insistido en que el decreto ley contiene "la máxima flexibilidad" que permite la norma europea, que se debe cumplir para evitar la multa diaria por el actual sistema de monopolio en la contratación de los estibadores. esa multa, ha insistido, se puede elevar a 134.000 euros al día si no cambian la normativa. El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero no con el apoyo de los trabajadores de la estiba ni con el resto de grupos políticos.

El decreto ley es el mismo que Fomento adelantó a inicios de febrero. En las dos semanas de negociaciones entre Gobierno, sindicatos y patronal no se han introducido modificaciones. Un texto que, como ha insistido en la última semana el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recibido la aprobación de la Comisión Europea. Además, en caso de que se convalide en el Parlamento, Bruselas pedirá el desistimiento de la sanción que acumula España por no cumplir la normativa europea. "Es algo muy inusual que no se puede desaprovechar", reconocen fuentes de la Administración.

¿Qué cambia en la estiba?

Los estibadores son los encargados de la carga y descarga de los buques. Además, son los responsables de distribuir el peso convenientemente en los barcos de forma que ocupe el mínimo espacio y en el menor tiempo posible. Hasta ahora, las empresas que trabajan en el puerto están obligadas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y, además, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad. Así, en la práctica, Sagep tiene el monopolio de la estiba tanto en el establecimiento como de la contratación. El origen del conflicto es la condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014, que obliga a España a liberalizar el sistema de contratación.

Con el decreto del Gobierno, se liberaliza el establecimiento de las empresas y la contratación de trabajadores. Las compañías que quieran operar no tendrían que participar de una Sagep ni contratar obligatoriamente a sus estibadores. Podrán seleccionar personal entre personas formadas profesionalmente para la labor (con titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia), a través de centros portuarios de empleo que funcionarán como empresas de trabajo temporal.

Para implementar el cambio, habrá un periodo transitorio de tres años. En el primero, las empresas de los puertos están obligadas a que el 75% de los trabajadores que contraten provengan de la Sagep. El segundo año, se reduce al 50%. Y el tercer año, al 25%. La idea es que el cambio laboral de las actuales plantillas sea progresivo.

Sin apoyos

El problema con el que se encuentra ahora el Gobierno es que no tiene asegurados los votos necesarios para la validación del decreto en el Congreso. De hecho, fuentes de Fomento reconocen que las cuentas no están claras, aunque confían en la responsabilidad del resto de partidos. Y todo ello porque el decreto cumple con los requerimientos de Europa para evitar una sanción, pero no cuenta con el consenso de los agentes sociales. Esto se debe, según el departamento, al escaso margen de maniobra que tiene el Ejecutivo en la adaptación de la ley a la normativa europea.

"El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de diálogo", ha insistido hoy Del la Serna. Ha señalado que las posiciones de los estibadores eran inamovibles. Los trabajadores, ha explicado, insistían en la creación de un registro de trabajadores, de donde deberían salir todos los empleados de la estiba. Pero el ministro asegura que era imposible encajarlo en la norma europea.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios del Congreso para que "faciliten" la aprobación del Real Decreto Ley de reforma de la estiba portuaria, así como la consecución de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de estibadores.

"No se entendería que no se facilitara por parte de los grupos que se aprobara la ley para cumplir con una sentencia de la UE", indicó el ministro en relación al plazo de un mes con que el Gobierno cuenta ahora para lograr convalidar en el Congreso la reforma de este sector. Solicitó un "clima de diálogo sereno y tranquilo entre las partes, que más fácil será cuanto menos ruido político haya".

Diálogo entre sindicatos y patronal

Los estibadores no se han tomado bien la aprobación del decreto. A través de un comunicado, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (sindicato mayoritario del sector), ha señalado: "Los trabajadores de la estiba rechazan de manera absoluta y enérgica el real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros, una norma autoritaria y abusiva que no solo va mucho más allá de lo que pide Europa en la sentencia del TJUE sino que, además, no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales".

De la Serna ha valorado como positivo que los estibadores y la patronal sigan con las reuniones para alcanzar acuerdos, a pesar de que se realicen con la sombra de la huelga convocada. Unos pactos que se deben incluir, como ha insistido Fomento en los últimos días, en el convenio colectivo del sector. El último encuentro de la negociación, este miércoles, acabó con el encargo de un estudio a la patronal en el que clarifique la necesidad real de personal que existe en cada puerto. El próximo martes lo llevará la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y de ahí se podrá concretar el número de estibadores a los que se les garantizaría el empleo. Desde Fomento son optimistas en este sentido y esperan que haya un alto porcentaje de trabajadores que se mantendrían.

Con la reforma, en los términos en la que está formulada, el sector se liberalizará tanto en el establecimiento como en la contratación de estibadores. Hasta ahora, las empresas que querían operar en los puertos españoles tenían que participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y, además, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad. Así, en la práctica, Sagep contaba con el monopolio de la estiba.

Planes de contingencia

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga, a pesar de que siguen en la mesa de negociación con la patronal. Para la Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM) lo lógico era que si se conseguían acuerdos con las empresas sobre la subrogación se deberían incluir en el decreto ley. Aunque esta opción, al tramitarse de forma que no se permitan enmiendas, ya no existe.

Por ello, la amenaza de la huelga se mantiene para los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo. Esto provoca que haya empresas que busquen otras vías para el transporte de mercancías. Es decir, puede que se lleven a puertos extranjeros y existe el riesgo de que esta vía provisional se convierta en definitiva.

El Gobierno también ha trabajado en las últimas semanas en un plan para garantizar los servicios mínimos durante la huelga de estibadores en los puertos españoles, en caso de que se realice. El plan diseñado, del que no se conocen todavía los detalles, cuenta con medidas de circulación, seguridad, garantías y situaciones de emergencia, según ha asegurado este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.