Fedea propone “blindar las pensiones mínimas” y volver a vincularlas al IPC

Romper la ligazón de las pensiones a la evolución de los precios y vincularla a la situación de las cuentas de la Seguridad Social como se hizo en 2013 resuelve muchos de los problemas de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Pero tiene grandes contraindicaciones. Una de ellas es la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas desde el momento en que se jubilan. Para "mitigar los posibles efectos adversos", Fedea propone "blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación". Es un “parche”, explica Ángel de la Fuente, director de Fedea, que ayuda a amortiguar las consecuencias de una reforma que no puede derogarse porque “no hay margen para volver a la indexación. Todas no podemos, pero al menos la mínima sí”.

El principal problema que se van a encontrar las pensiones es la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir desde el momento que se produce la jubilación hasta el fallecimiento del beneficiario. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un estudio que calcula que con la fórmula actual de revalorización anual de las pensiones estas no subirán más del 0,25% hasta 2060. Es decir, lo mínimo contemplado en la norma. Y esto derivaría en pérdidas de poder adquisitivo que pueden llegar al 30% durante la vida de la pensión.

Este cálculo está en línea con el que divulgó el presidente de la Autoridad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, en el Congreso ante los parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo, la que trata de pensiones. Aunque en el caso de Fedea la pérdida del poder de compra es mayor porque la proyección es a un plazo mucho más largo.

Para evitar esto, la fundación propone varias medidas para “mitigar” el impacto. “Se podría poner un tope a la pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas durante su vida. No dejarles que ellos carguen con todo el riesgo de la inflación”, ha explicado De la Fuente, autor del estudio junto a Alfonso R. Sánchez, profesor de Economía en la Universidad Complutense, y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y desde diciembre director general de Ordenación de la Seguridad Social.

La otra medida es volver al vínculo de pensiones e IPC en el caso de las mínimas. Esto evitaría a las prestaciones más bajas la pérdida de poder adquisitivo y su coste sería el equivalente a un 0,4% del PIB cada año. La cara B de esta medida está en que podría erosionar uno de los principios del sistema de pensiones, el de la contributividad, es decir, recibir una prestación lo más relacionada posible a lo aportado durante la vida laboral. "No hay ninguna medida perfecta. La mínima sube, las otras se quedan paradas. Estamos eligiendo entre distintos males. Ese riesgo existe", ha admitido De la Fuente, quien, no obstante, ve margen hasta que comience a deteriorarse esa contributividad.

Hay más medidas que podrían servir para amortiguar el impacto de ese índice de revalorización aprobado en 2013 que sirve para que no haya “problemas graves de sostenibilidad” en el sistema de pensiones. “Hay margen para aumentar la edad de jubilación”, ha abundado De la Fuente, apuntalando la propuesta del Banco de España lanzada la semana pasada. “Es algo bastante lógico teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida o el momento en que se entra ahora en el mercado laboral”, ha profundizado. Aunque no ha defendido esta propuesta como algo para su aplicación inmediata: “Mientras llegamos a los 67 años [en 2027], podemos ir pensando si vamos hasta los 68”.

Otra medida a la que Fedea le ve recorrido es al aumento de los límites en las bases de cotización de los sueldos más altos, ahora topados en los 3.751,2 euros al mes. Pero todo “son cambios parciales que no cuestionan la esencia de las reformas de 2011 y 2013”. Porque este equipo de investigadores no ve margen para la marcha atrás. Según sus supuestos, derogarlas supondría que el gasto en pensiones a largo plazo, 2050, podría llegar a superar los 20 puntos de PIB, es decir, más de 200.000 millones de euros.

Uno de los aspectos que más destacan del informe es que el riesgo de la caída del poder adquisitivo de las pensiones se da desde el momento que estas se dan de alta en el sistema, no antes. Es decir, las prestaciones nuevas no verán caer ese poder de compra, aunque sí descenderán respecto del salario medio.

La reforma de 2013 vincula la pensión inicial a la esperanza de vida en el momento de la jubilación y dado que no hace más que crecer, lo más normal es que la prestación inicial sobre el salario medio caiga. Y esto, defienden en Fedea, es necesario porque la relación "de personas trabajando sobre las que van a estar jubiladas va a bajar. Pero una cosa es que baje las pensiones sobre el salario medio y otra que baje la pensión media".

Y esto es así en los cálculos de los tres investigadores porque prevén un importante aumento de la productividad en el futuro. En el escenario central, esta crecerá a un ritmo del 1,5% al año. Este incremento permitirá una mejora de los salarios y, en consecuencia, una subida de las bases de cotización y lo que se recauda a través de ellas.

Todas estas previsiones lanzadas por los economistas de Fedea tienen un alto grado de "incertidumbre", advierten los propios autores del estudio, un aviso con el que se unen a los que lanzó el presidente de la Airef, José Luis Escrivá en el Congreso. Un ejemplo de esa incertidumbre es que el resultado del gasto futuro en pensiones, según el escenario utilizado, puede suponer un incremento del gasto en cinco puntos sobre el PIB en el caso más adverso hasta una reducción de 2,5 puntos. Esto depende de la marcha de la inmigración, el empleo y la productividad.