La banca de Italia y Portugal, focos de inestabilidad pese a las ventas y rescates

En septiembre próximo se cumplirán nueve años de la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, los Gobiernos de grandes países han gastado cientos de miles de millones para socorrer a bancos quebrados que han sido nacionalizados, vendidos a terceros o han desaparecido.

Sin embargo, en Italia no se tomaron estas medidas de choque y Portugal no pasó de realizar insuficientes parches. La consecuencia es que se ha cumplido el axioma de que “retrasar la solución de los problemas de los bancos siempre los hace más grandes”. El diagnóstico es similar en los dos países, aunque la magnitud de Italia, la tercera economía más grande de la UE, la convierte en un grave problema.

“El reconocimiento de los problemas bancarios en Europa se hizo en 2010 y en España en 2012. Italia y Portugal eran sistemas enfermos antes de la crisis y, probablemente, no tuvieron supervisores excesivamente estrictos. Los bancos de estos países tienen escasa capacidad de vender negocios, lo que dificulta más su salida. Además, carecen de grandes entidades sanas que pudieran absorber a los bancos débiles. La banca de Italia y Portugal es una preocupación para el BCE”, apunta el analista bancario Íñigo Vega, de Nau-Securities.

La mayor parte de los principales bancos de estos dos países sufren por la elevada cantidad de activos improductivos que tienen en sus balances. Esta morosidad oculta no genera ingresos, pero sí produce gastos y consume capital, por lo que paraliza la actividad prestadora de estos bancos, que no quieren asumir más riesgos. Como no prestan, frenan la economía. Además, mantienen altos gastos generales y bajos ingresos por la situación de los tipos de interés, lo que hunde su rentabilidad (y su solvencia). Otra dificultad: Lisboa y Roma no han creado un banco malo donde aparcar los créditos tóxicos, en ambos casos no provenientes del ladrillo, sino de la morosidad empresarial.

Fusiones

Este panorama debería conducir a fusiones, pero no hay candidatos solventes. En Portugal, los bancos más sanos son españoles: las filiales del Santander, de CaixaBank (tras la opa cerrada esta semana sobre BPI) y de Barclays. Esto añade un problema nacionalista a la solución.

La deuda pública de Italia y Portugal es muy elevada, por lo que sus Gobiernos tratan de evitar las inyecciones de capital público. Además, tras la entrada en vigor de la Unión Bancaria, en noviembre de 2016, los Estados no pueden ayudar a sus bancos si antes no lo han hecho sus accionistas o bonistas, algunos de ellos, pequeños clientes.

El mejor ejemplo de esta crisis se conoció el jueves pasado: el mayor banco de Italia, UniCredit, perdió 11.790 millones en 2016, tras reconocer los activos morosos reales. Negocia el recorte de 14.000 puestos de trabajo, mientras ha lanzado una incierta ampliación de capital de 13.000 millones y estudia vender 17.000 millones de créditos morosos.

Demasiados paralelismos con Bankia, que hizo algo parecido a UniCredit, pero hace casi cinco años, cuando Europa forzó a España a sacar a la luz los problemas bancarios. Mario Draghi, presidente del BCE y exgobernador del Banco de Italia, no obligó a su país a ese streeptease financiero. El FMI ha recordado que las entidades transalpinas acaparan un tercio de todos los créditos morosos de la zona euro, 360.000 millones o el equivalente al 22% del PIB italiano. El Fondo cree que puede llegar un “contagio regional y global significativo dado el peso sistémico de Italia”.

Si UniCredit consigue el capital de los inversores, quitará presión a la olla. “Es un paso importante para mejorar la percepción del sector, pero las entidades italianas tendrán que reforzar más su capital” afirma Itziar Sola, experta de AFI.

Fragilidad bancaria

En Portugal, el aviso no llega del FMI, sino de la OCDE: “La fragilidad de los bancos tiene que ser resuelta lo más rápido posible para reducir los riesgos presupuestarios y recuperar el crecimiento del crédito. Es crucial reducir el crédito malo de los balances”.

En las próximas semanas, Caixa Geral de Depósitos (CGD), propiedad del Estado, aflorará más de 3.000 millones de morosidad. Será el penúltimo eslabón de una cadena de intervenciones del Estado en la banca, iniciadas en 2008 con pequeñas entidades, el BPP y BPN. El banco público, con una quinta parte del mercado, acarrea varias inyecciones de dinero público, cinco años de pérdidas y tres directores en un año.

Desde 2008 y hasta finales de 2017, las ayudas públicas al sector superarán los 14.000 millones de euros, el 8% del PIB. El plan de la troika en 2011 destinó 12.000 millones de ayudas a la banca, pero apenas se utilizó la mitad. El otro lío estatal es Banif, vendido al Santander por 150 millones, pero con un agujero de 3.200. Ahora falta vender Novo Banco, en el que han inyectado 4.900 millones y la mejor oferta es del fondo norteamericano Lone Star, que ofrece 750 millones, con garantías del Estado de 2.000 millones.

El privado BCP se ha solucionado pero vendiéndolo al fondo chino Fosun (24%), la angoleña Sonangol de Isabel Dos Santos (15%) y el fondo norteamericano Blackrock (3%). Demasiado retrasos y las bombas se van calentando.