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Las cinco claves para entender la lucha de los estibadores y Fomento

Fomento y sindicatos no llegan a acuerdo en la primera reunión y la convocatoria de huelga se mantiene

Reunión entre Fomento, sindicatos de la estiba y patronal.
Reunión entre Fomento, sindicatos de la estiba y patronal. EFE

El conflicto de los trabajadores de la estiba tiene en vilo a los principales puertos de España. Desde el anuncio de Fomento de la realización del decreto ley que liberalizará el sector, las empresas que operan en España acusan una bajada de productividad, según la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco). Estas son las claves de un problema por el que ya hay convocada una huelga el 20, 22 y 24 de febrero.

Qué son los estibadores

Los estibadores son los encargados de la carga y descarga de los buques. Además, son los responsables de distribuir el peso convenientemente en los barcos de forma que ocupe el mínimo espacio y en el menor tiempo posible.

Origen del conflicto

El origen del conflicto es la condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014. La sentencia se debe a la imposición que tienen las empresas de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y, además, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad. Así, en la práctica, Sagep tiene el monopolio de la estiba tanto en el establecimiento como de la contratación.

Propuesta de Fomento

El Gobierno propone con el nuevo decreto ley liberalizar el establecimiento de las empresas y la contratación de trabajadores. Es decir, las compañías que quieran operar no tendrían que participar de una Sagep ni contratar obligatoriamente a sus estibadores. La alternativa que plantea Fomento sería que las personas formadas profesionalmente o con más de 100 jornadas de trabajo puedan ser contratados directamente por la empresa, a través de centros portuarios de empleo o de empresas de trabajo temporal.

El decreto ley también contempla un periodo transitorio de adaptación de tres años en el que desaparecerá la obligación de pertenecer a la Sagep para trabajar en la estiba. Así, el primer año las empresas tendrán que contratar al 75% de la plantilla de la Sagep o trabajadores que perteneciesen a la misma. En el segundo año el porcentaje será del 50%, mientras que en el tercero será un 25%.

Propuesta sindical

Los sindicatos se oponen a la opción del Gobierno. Su propuesta es la creación de un registro a través de centros portuarios de empleo y evitar la posible contratación mayoritaria de estibadores desde empresas de trabajo temporal. Es decir, de este registro las empresas tendrían que contratar a los estibadores. El problema está en la negativa de la Comisión Europea y en que se mantendría el acceso restringido actual a la profesión, ya que por lo que se conoce hasta ahora solo pertenecerían a este registro los estibadores que ya existen.

Sanción a España

España cuenta actualmente con una multa por no tener la legislación adaptada. Desde 2014 ha acumulado una sanción de 21,5 millones de euros. De ahí la premura por sacar adelante la nueva legislación. Con el cambio normativo y su adaptación a la legislación comunitaria el Ejecutivo tratará de evitar desembolsar la multa acumulada, que crece si se dilata el proceso. De hecho, Fomento prevé una nueva resolución contra España en marzo, que conllevaría un pago diario de 134.107,20 euros mientras que la ley no sea compatible con la sentencia del TJUE.

Tramitación decreto ley

Como avanzó este jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el decreto ley se llevará al Consejo de Ministros del 17 de febrero. Es decir, esa es la fecha límite que el ministro le puso a la negociación con los sindicatos y la patronal. Una vez pasado este trámite, el decreto se llevará al Parlamento donde, en un plazo de 30 días, el Congreso se tendrá que pronunciar sobre su convalidación o derogación. Esto significa que una vez se inicie el trámite parlamentario el Gobierno necesitará de apoyos de otros partidos políticos para sacar adelante el texto.

Por el momento, el PSOE, con el que se conseguiría la mayoría para aprobar el decreto, no se ha pronunciado al respecto. César Ramos, portavoz socialista de la Comisión de Fomento, aseguró este jueves a EL PAÍS que es el Gobierno el que tiene que negociar con los colectivos. "No es nuestro momento. Nosotros todavía no tenemos el decreto ni lo queremos hasta que no haya un texto definitivo", ha dicho.

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