¿Por qué los argentinos son tan fanáticos de comprar en cuotas?

Laura tiene cinco tarjetas de crédito de tres bancos diferentes. Esta argentina de 35 años explica que si paga con una de ellas en el supermercado tiene un descuento del 15%. Si abona con otra la peluquería, el banco le reintegra el 30% en puntos canjeables por alguno de los productos de su catálogo. En algunos restaurantes, la cuenta final se reduce un tercio si la paga con plástico entre semana. Y las compras de ropa, calzado, electrodomésticos y billetes de avión las divide en tres, seis y hasta doce plazos sin intereses. Ese detalle no es menor en un país que cerró el año con una inflación del 41%: la última cuota que paga el consumidor tiene un precio real muy inferior al de la primera.

El kirchnerismo impulsó este sistema de financiación para estimular el consumo con el plan "Ahora 12", mediante el que el Estado subvencionaba el coste de fraccionar la factura en 12 cuotas. El Gobierno de Mauricio Macri lo mantuvo durante su primer año de gestión e incluso lo amplió recientemente a 18 cuotas, pero ahora acaba de lanzar una medida que va en dirección contraria. A partir del 1 de febrero, los comercios deberán diferenciar el precio de los productos en función del método de pago. Con esta resolución, el Ejecutivo pretende acabar con la ficción de las cuotas sin interés y prevé que los precios en efectivo bajen un 20%. Los consumidores lo dudan.

La clase media argentina ha incorporado la posibilidad de pagarlo todo a plazos, incluso las compras del supermercado, como uno más de los malabarismos cotidianos para llegar a fin de mes en el país con los precios más altos de América Latina. La financiación en cuotas ha servido durante años para potenciar el consumo interno, pero las diferencias con los países limítrofes han crecido tanto que cada vez más argentinos cruzan a Chile para volver con las maletas llenas.

El sistema de compras actual acelera la inflación, ya que el fabricante y el comerciante suben el valor del producto para cubrirse del recorte que les aplica el banco para las transacciones a plazos. Si el cliente paga en 12 cuotas, el descuento bancario puede llegar hasta el 45% del total. Con el plan Ahora 12, el Gobierno recurre a la emisión monetaria para subvencionar el festival consumista. "No hay cuotas sin interés, hay cuotas con interés oculto", dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al presentar ante los medios la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa "obliga a los comercios a exhibir claramente lo que es el precio contado del producto, el valor de cada cuota que tiene que pagar y el costo de financiamiento total implícito en el financiamiento con cuotas", detalló Cabrera. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en 2016 los comercios pagaron a los bancos un total de 13.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares) en concepto de comisiones.

El ministro puso varios ejemplos para explicar los cambios que se avecinan. Unos tejanos que ahora cuestan 1.200 pesos (75 dólares) tendrán un valor de 1.054 pesos (65 dólares) si se pagan en efectivo, de 1.200 pesos si se paga con tarjeta en 12 plazos con el plan estatal Ahora 12 y de 1.270 pesos (79 dólares) si se abona con plástico pero por fuera del programa oficial. Las cifras del Gobierno se basan en que el precio actual incluye el coste de financiación y se reducirá automáticamente para quienes opten por pagar en metálico. Si las previsiones oficiales se cumpliesen y si este año la inflación cayese al 17% estimado en el presupuesto, dejaría de salir a cuenta pagar con tarjeta y se verían beneficiados todos aquellos que no cuentan con una, que son más de la mitad de la población argentina. Pero por ahora se impone la cautela.

"Tendría que ser así. Te lo digo en potencial porque estamos en Argentina, no en Suecia", opina Héctor Polino, titular de la asociación Consumidores Libres. Polino aplaude que el macrismo intente transparentar el precio real de los productos, pero cree que la rebaja prevista dependerá en gran medida de que el Gobierno supervise los comercios y aplique sanciones a quienes cometan abusos. La resolución contempla multas de hasta cinco millones de pesos (unos 300.000 dólares) para quienes incumplan las nuevas directrices. En la calle, el escepticismo es aún mayor. "Si el Gobierno pretende que el comerciante baje el precio un 20% está en pedo, esto en Argentina. Los comerciantes van a subir mañana los precios y todo costará lo mismo o más", vaticina Laura. El efecto real se verá en las próximas semanas.