La CEOE cree que la reforma del impuesto de Sociedades no es constitucional

La patronal CEOE ha intensificado su cruzada contra la última reforma del impuesto de Sociedades y subraya que podría suponer motivo de inconstitucionalidad. A su juicio, "la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros".

Según un informe que hizo público este miércoles, elaborado tras consultar a varios expertos, la retroactividad que plantea el real decreto ley aprobado a principios de diciembre "no es admisible, sino que es una técnica legislativa muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar a España".

En ese sentido, sostiene que las medidas consistentes en la limitación de la compensación de pérdidas y de las deducciones por doble imposición, así como la imputación mínima de una quinta parte anual de las pérdidas por deterioro de las participaciones, pueden vulnerar el artículo 86 de la Constitución. A su entender, afectan a una figura central del sistema, como es el impuesto de Sociedades; inciden en la generalidad de los contribuyentes, pues, además de los sujetos pasivos directamente afectados, la mayor tributación se trasladará a miles de accionistas a través de una menor posibilidad de dividendo, así como a los trabajadores. Además, lo hacen al margen de la capacidad contributiva, que es inexistente o ficticia en esas nuevas situaciones gravadas.

El informe subraya que el uso del real decreto o del decreto ley debe ser la excepción a la hora de elaborar normativa de carácter tributario. En este sentido, señala que "estas medidas deben, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas".

"Existían alternativas"

Asimismo, subraya que "es discutible la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilización del decreto ley, pues aunque pueda considerarse urgente reducir el déficit, no son urgentes en absoluto las medidas adoptadas. Y existían muchas otras alternativas como la subida de tipos o la reducción de algunos gastos, sin reformular el hecho imponible por decreto ley.

Desde ese punto de vista de la lucha contra el déficit, "resulta absurdo obtener recaudación imponiendo a las empresas una especie de deuda forzosa a través de los créditos fiscales que se generan o aplazan". "Carece de sentido", continúa, "sustituir deuda pública por deuda forzosa distribuida caprichosamente entre las sociedades afectadas por las medidas".

Para la CEOE, "no es admisible vivir en una continua reforma de los tributos". "El decreto ley modifica normas aprobadas a finales de 2013, y, entre tanto, se ha producido un proceso de reforma fiscal que supuso una ley nueva del impuesto aplicable para 2015 y que, aunque se suponía que debía dar estabilidad a medio plazo, ya se está enmendando. Algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo ya modificado", señala.