El fiscal se niega a imputar a Ordóñez y Restoy en el ‘caso Bankia’

Alega que los argumentos en contra a la salida a Bolsa de un jefe de la inspección no supone que la información estuviera falseada

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (d).  EFE/Archivo
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (d). EFE/Archivo

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se opone a imputar en caso Bankia a Miguel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, entonces vicepresidente de la CNMV y consejero del Banco de España, el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y Pedro Comín, superior de la inspección de Bankia.

La acusación particular, la Confederación Intersindical de Crédito, (CIC), lo había pedido porque entendía que los correos del entonces jefe de inspección de Bankia, José Casaus, en los que sostenía que BFA-Bankia era inviable y "desaconsejaba encarecidamente la salida a Bolsa", convertía a los dirigentes supervisores en responsables del quebranto patrimonial.

Sin embargo, en opinión del fiscal, el juicio trata de averiguar si se falseó la información en los folletos de salida a Bolsa de Bankia, y en los correos de Casaus no se cuestiona la validez de la contabilidad y de las provisiones que tenía la entidad antes de salir a cotizar. "Un cosa era el futuro del grupo, que considera incierto, y otra la contabilidad, que no discute", añade el fiscal. Ahora se espera la resolución del juez Fernando Andreu, que puede o no, seguir el criterio del fiscal.

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No es un delito discrepar

Luzón afirma que "no parece lícito convertir en sospechosos de la comisión de un delito a quienes entonces discreparon, y ahora discrepan, de dicha opinión. Se trata de un criterio sobre las perspectivas de futuro de Bankia y su estrategia de salida a Bolsa". Luzón aventura que la propuesta de Casaus, sacar todo el grupo a cotizar, "hubiera sido una alternativa peor".

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El fiscal dice que "como garante de velar por la protección procesal de las víctimas, se opondrá a todas aquellas diligencias que resulten innecesarias o inútiles, de modo que provoquen una dilación innecesaria del procedimiento. Este es el caso". 

La acusación particular, la Confederación Intersindical de Crédito, (CIC), considera que es un auto "carente de la necesaria valentía, que esperamos que sí tenga el juez al dictar su resolución. No deja de resultar sorprendente que el fiscal se oponga a estas diligencias en solitario, ya que ni siquiera el FROB se opuso. Parece que la Fiscalía ha asumido el rol de abogado defensor de la cúpula del Banco de España".

El fiscal recuerda en el auto que "los correos no aportan evidencia de que los funcionarios del Banco de España o de la CNMV participaran dolosamente por omisión en el delito que se investiga en estos autos y que equivaldría a admitir que dichos funcionarios contribuyeron consciente y voluntariamente al resultado lesivo: el perjuicio de los inversores de Bankia". Incluso afirma el fiscal que optaron por una opción "la recapitalización con respaldo de bancos de inversión (...)  que evitaba cargar el coste sobre el contribuyente". 

Sobre la última petición de CIC, que se aporten los correos de los inspectores del Banco de España desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012, Luzón dice que no es improcedente, pero pide que se "afine la diligencia" con un "factor corrector" para evitar la aportación de miles de correos.

Sobre la firma

Íñigo de Barrón

Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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