El calvario de hacer negocios en México

De unas horas a 30 días. Así de fluctuante es el plazo medio de apertura de una empresa en México. Todo depende de la ineficiencia de los Gobiernos locales. De acuerdo con el último informe Doing Business del Banco Mundial, el país ocupa la posición número 38 del ranking global que mide las facilidades para hacer negocios. Pese al avance respecto al año anterior, la regulación mala y anticuada en algunos Estados convierte la apertura de una empresa un calvario.

Las peores regiones mexicanas para hacer negocios son Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca. El caso de la capital es paradójico, ya que concentra la mayor cantidad de empresas privadas y dependencias del Gobierno. Sin embargo, tiene uno de los procesos más burocráticos y costosos del país donde, por ejemplo, tramitar un permiso de construcción es 11 veces más caro que en otros Estados. Para Manuel Flores, economista senior de la OCDE enfocado a la política regulatoria, la mejora de los trámites va de la mano de la voluntad política. “En los mejores Estados evaluados hay un involucramiento directo de los gobernadores y más transparencia”, subraya en declaraciones a este diario.

En Tlaxcala, otro de los Estados que se critica por su mala administración pública, hacer cumplir un contrato por la vía judicial tarda en promedio 455 días, mientras que en otros lados el juicio se resuelve en 191. En Quintana Roo, el trámite de dar de alta a una empresa en el registro público de comercio puede suponer más de un mes, mientras que en la mayoría de los Estados no tarda más de unas horas. No obstante, Tlaxcala destaca por un proceso eficiente de apertura de empresa y Quintana Roo por un buen sistema judicial. Según Yahir González, coordinador de Doing Business en México, estas contradicciones apuntan a áreas de oportunidad en todas las entidades: “Todos destacan en algo positivo y en algo negativo, pero la conclusión es que queda mucho por mejorar”.

Falta de homologación

Las jurisdicciones regionales con mejores prácticas regulatorias son Aguascalientes, el Estado de México y Colima. El segundo es el que más avances ha registrado, ya que ha pasado de figurar en el puesto 28 de 32 en 2012, al segundo puesto en la última evaluación. En general, el país norteamericano avanzó cuatro posiciones en el ranking mundial y, aunque está muy lejos de los primeros puestos, se consolidó como el lugar más amigable para hacer negocios de toda Latinoamérica, muy por encima de la gran mayoría de países emergentes.

En México, los Estados y los municipios tienen autonomía para crear sus propias regulaciones y cobrar las cuotas que consideren convenientes. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) es el órgano encargado de velar por las buenas prácticas administrativas, pero hasta el momento su trabajo se limita a expedir recomendaciones. Una iniciativa de reforma constitucional pretende busca que una ley general homologue estos procesos, pero hasta el momento no ha sido aprobada. Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una suerte de think tank de los países más avanzados, el Gobierno mexicano recibe recomendaciones para adoptar 12 principios de política y gobernanza regulatoria que debería facilitar los negocios de las empresas. Sin embargo, como señala Manuel Flores, los políticos locales no siempre hacen caso y el Estado no tiene la capacidad para obligarlos a adoptar mejores prácticas. Por ello, la OCDE recomienda un sistema similar al de Australia, donde los recursos federales se reparten en relación con la calidad de la administración.

Además, los analistas llaman a México a hacer mejores mediciones del impacto que tiene la regulación en las empresas. “La Cofemer sólo se ha concentrado en la simplificación administrativa”, cierra Flores.