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Los técnicos del BCE y la Comisión llegan tras recibir el dato de déficit de 2017

El Ejecutivo alega que está en funciones y remite un plan presupuestario sin medidas para corregir el déficit

El jueves desembarcaron en Madrid los técnicos del FMI. Y el lunes llegan los de la Comisión y el BCE. Examinarán la economía y comprobarán la evolución del déficit. La delegación aterriza después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer el plan presupuestario de 2017, una versión prorrogada del presupuesto de este año. Fuentes del Ejecutivo confirman que se ha remitido a Bruselas una cifra de déficit del 3,6% del PIB en 2017, medio punto por encima de la meta exigida.

Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa CARLOS ROSILLO ATLAS

Las reuniones de la delegación que visita Madrid ya no gozarán de la repercusión que tenían aquellas en las que se fijaron las condiciones del rescate financiero. De hecho, fuentes del Gobierno restan gravedad a estos encuentros y subrayan que se trata de un grupo “extremadamente técnico”. O lo que es lo mismo, poco político.

Sin embargo, estas citas todavía revisten cierta importancia, máxime cuando España ha vuelto a situarse en el objetivo de Bruselas por sus continuados incumplimientos de la senda de déficit. La condonación de la multa es aún reciente. Y flota en el aire el futuro de 1.200 millones de fondos europeos.

Además, la visita se produce apenas tres días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al plan presupuestario de 2017. Esto es, las cuentas que el Gobierno envía precisamente a Bruselas. Al estar en funciones, únicamente ha podido remitir una prórroga de las cuentas de 2016. En estas circunstancias, alega que no puede tomar medidas y, en consecuencia, sólo contempla el efecto positivo que tendrá en las cuentas un crecimiento previsto del 2,3% en 2017.

Es decir, no toma ninguna medida para rebajar el desfase presupuestario. Y eso hace que presente una previsión de déficit del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del 3,1% que exige Europa. Así que el esfuerzo para rebajarlo se deja para el próximo Ejecutivo, que tendrá que adoptar medidas de ajuste adicionales, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Además, añadió que si Rajoy es investido presidente, entonces intentará aprobar con el respaldo del Congreso un decreto ley que recoja un alza de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios. En caso contrario, el Gabinete en funciones tendría que estudiar las alternativas existentes para evitar que estas retribuciones queden congeladas.

Si no consigue formar Gobierno, el Ejecutivo también tendrá que modificar la Ley de Estabilidad para fijar unos nuevos objetivos de déficit y deuda más relajados. Sin embargo, argumenta que la ley no le permite establecer el techo de gasto y, por lo tanto, no será capaz de trasladar la mejora de los ingresos a las transferencias que brinda a las comunidades.

El plan presupuestario incluye también las iniciativas ya tomadas para conseguir la meta del 4,6% fijada para este año, a saber: la subida de las retenciones del impuesto de sociedades, el cierre de nuevos compromisos presupuestarios y los acuerdos de no disponibilidad centrados en las inversiones de Fomento.

Al no recoger medidas, se deja al siguiente Gobierno un ajuste por hacer del entorno de los 5.500 millones de euros. Se trata de un recorte sustancial, pero alejado de los que se abordaron en medio de la gran recesión. Fuentes gubernamentales apuntan que parte de ese esfuerzo se podría llevar a cabo retocando, otra vez, el impuesto de Sociedades y la fiscalidad medioambiental.

No obstante, todavía hay que ver cómo reacciona ante estos números la Comisión Europea. El propio presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ya pidió al Ejecutivo español que mirase con lupa las cuentas que estaba presentando. El Gobierno confía en que el déficit baje en unos 10.000 millones sin hacer nada. Tan sólo con el crecimiento y la prórroga presupuestaria. Sin embargo, Bruselas reclama medidas estructurales y, por tanto, permanentes. Ante esto, el Gobierno discute cómo se puede medir qué es estructural. Así que el conflicto se reabre cuando todavía está en juego la pérdida de 1.200 millones de fondos europeos y la reactivación del proceso de multa por haber incumplido.

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